Cuadernos: el procesamiento de empresarios compromete la limpieza del Riachuelo
El juez Torres advirtió que varias de las firmas contratadas para las obras de saneamiento aparecen en el caso de las coimas
Los problemas con la Justicia que enfrentan grandes empresarios, como Carlos Wagner y Ángel Calcaterra, procesados y embargados en el caso de los cuadernos de las coimas, comprometen las obras destinadas a la limpieza del Riachuelo.
Así lo advirtió el juez federal Sergio Torres, uno de los magistrados a quienes la Corte Suprema les encomendó el seguimiento de las tareas de saneamiento. En una resolución notificada ayer, Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos y pidió informes al Gobierno para saber cómo “garantizarán la continuación de las obras”. Detalló además las causas penales y comerciales que complican a cada una de las empresas involucradas.
Torres explicó que los trabajos están divididos en tres lotes, asignados a distintas UTE (uniones transitorias de empresas) y que el primer y tercer lote cuentan con financiamiento del Banco Mundial. Este organismo, relató el juez, incluyó entre los deberes de las compañías el cumplimiento de “las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y ejecución de los contratos”.
Por eso, Torres les pidió al presidente de AySA, José Luis Inglese, y a la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Dorina Bonetti, que dentro de los próximos 15 días le hagan saber las “acciones dispuestas” para “afrontar la situación descripta” y “el modo en que garantizarán la continuación de las obras de los tres lotes del sistema”. Además, puso en conocimiento de lo que está pasando a la Jefatura de Gabinete, a la Procuración del Tesoro de la Nación, a la AGN, a la Sigen y a la Oficina Anticorrupción.
En la UTE que lleva adelante el primer lote interviene Iecsa. Torres consignó ayer que Calcaterra, como “presidente y accionista de la empresa Iecsa”, fue procesado y embargado por Bonadio. También, que Héctor Sánchez Caballero, CEO de Iecsa, fue indagado y se le dictó una falta de mérito. El juez advirtió, no obstante, que en marzo de 2017 Calcaterra le había vendido su participación en la firma a Pampa Energía. El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, fue indagado en la causa de los cuadernos el mes pasado.
En cuanto al lote 3, Torres destacó la presencia de Chediack SA como parte de la UTE a cargo de las obras y consignó que Juan Chediack, su presidente, fue procesado y embargado por Bonadio.
En el lote 2 –sin las reglas impuestas por el financiamiento del Banco Mundial– interviene CPC SA, de Cristóbal López y Fabian De Sousa, sociedad que está en una situación todavía más complicada: está concursada en la quiebra de Oil Combustibles, afirmó el juez. Además, López y De Sousa están inhibidos, junto con todas sus empresas, incluida CPC. Torres relató en su resolución que la compañía intentó –hasta ahora sin éxito– vender su parte en este contrato.
De la misma UTE que tiene a cargo el lote 2 participa Esuco, la firma de Wagner, que, además de estar procesado y embargado por Bonadio en la causa de los cuadernos, está procesado en el caso Odebrecht. El juez Sebastián Casanello lo consideró parte de una estafa al Estado con licitaciones digitadas y beneficios ilegales para las empresas adjudicatarias de dos obras (una planta potabilizadora de aguas y una depuradora). Una de esas empresas era Esuco. Casanello le prohibió además a la sociedad desprenderse de activos registrables o modificar su composición accionaria.
Torres incluyó en su resolución cuadros que muestran los atrasos en el avance de las tres obras y advirtió que, al menos en lo que respecta al lote 2, la fecha de terminación prevista (13 de marzo de 2019) es “a todas luces evidente” que será “de cumplimiento imposible”.