Cruces entre el gobierno de Vidal y el ruralismo por el Inmobiliario
Para el ministro Sarquís, la suba del 38% para 2019 está por debajo de la inflación
El anuncio de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires de que el impuesto inmobiliario rural tendrá en 2019 una suba del 38% generó reacciones dispares entre funcionarios de la gobernadora María Eugenia Vidal y el campo bonaerense.
Mientras el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, defendió la suba prevista en la ley impositiva bonaerense para 2019, la Sociedad Rural Argentina (SRA) alertó que el campo está “al límite” en su capacidad para pagar impuestos.
En declaraciones radiales, Sarquís señaló que el incremento está por debajo de la inflación esperada y minimizó el impacto del alza del impuesto.
“Hay un aumento del 38% del impuesto inmobiliario rural que es menos de lo proyectado en materia de inflación, y que implica el pago de 63 a 99 pesos por mes (por hectárea)”, apuntó el funcionario de Vidal.
El ministro bonaerense también dijo que “el aumento no será para todos”. Y explicó: “La excepción se mantendrá para las superficies menores a 50 hectáreas y/o con valor fiscal de 4,8 millones de pesos”.
Sarquís destacó que “se reduce el impuesto a los ingresos brutos de 1,5% a 0,75% por ser distorsivo para la actividad económica y la generación de empleo”. El funcioen nario acotó que lo recaudado va a obras en la provincia. “El año pasado fueron $46 mil millones en obras viales y $47 mil millones en obras hídricas”, precisó.
En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, señaló que el aumento genera “enojo” en el sector porque “está al límite de su capacidad contributiva”, y pidió que se ajuste el “gasto público improductivo”.
“Todo aumento impositivo causa preocupación y enojo en un sector que se encuentra al límite de su capacidad contributiva. Estamos analizando si el 38% de aumento del Inmobiliario Rural viene acompañado de una reducción de Ingresos Brutos que compense esa suba. Deberíamos ver el texto del proyecto de ley y analizar la letra chica”, dijo.
“Igual, insistimos en que el ajuste debería venir no por el lado de más impuestos, sino por una reducción efectiva y concreta del gasto público improductivo, generado fundamentalmente por la política”, agregó.
“Es un poco alto, vamos a ver cómo se puede mejorar”, señaló, por su parte, Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
En 2017, el tributo subió 38%, tuvo un aumentó de 50% en 2018 y ahora se espera, de ser aprobado la Legislatura, la suba del 38% para el año próximo. La semana pasada, en el ruralismo había versiones de que el aumento del tributo rondaría el 30%. “Esto es mejor que el 50% (de 2018), pero de todos modos es un poco alto”, insistió el dirigente de la entidad ruralista.
Diálogo con legisladores
De Velazco señaló que Carbap buscará dialogar la próxima semana con legisladores para tratar justamente de que la suba sea menor a la estimada en la ley impositiva.
En tanto, Jorge Solmi, director de la Federación Agraria Argentina (FAA) en la provincia de Buenos Aires, apuntó que su entidad buscará analizar cómo la provincia llegó al 38% de aumento. “Queremos ver cómo es la ley fiscal, qué es lo que se mueve ahora y luego más adelante; cómo hacen el 38%”, dijo.
Solmi también remarcó la preocupación que hay en el sector por la creación del organismo federal de valuaciones fiscales. Ese ente, que analizará las metodologías para las valuaciones fiscales, podría hacer recomendaciones que deriven en nuevos aumentos. Por eso, el jueves pasado, en una reunión con el presidente Mauricio Macri en Trenque Lauquen, dirigentes de la Mesa de Enlace le pidieron tener un lugar en ese organismo.