Raíces históricas de una pobreza difícil de erradicar
Salir del círculo vicioso requiere, entre otras medidas, dirigir las políticas asistenciales en función de un desarrollo genuino
El curso de nuestra historia económica y social durante las últimas ocho décadas contiene las claves para comprender los orígenes de nuestra pobreza social, cuyo carácter estructural cobró, no obstante, densidad desde hace no más de treinta años. La crisis de 1930 supuso un parteaguas al clausurar definitivamente la exitosa dinámica productiva comenzada a fines del siglo XIX consistente en producir a escala mundial un menú muy diverso de alimentos.
La imposibilidad de sostener el flujo de importaciones indujo a su sustitución por una producción local inespecífica, pero que en principio abarcó bienes de trabajo intensivos. Parecía –y así lo sostenían los discursos oficiales– que la nueva etapa continuaba naturalmente a la anterior. Pero era una ficción que ocultaba problemas profundos: la Argentina carecía de materias primas como hierro, carbón y petróleo y de un mercado capaz de sustituir a los internacionales. Éramos apenas unos quince millones en una sociedad muy integrada y habituada a los salarios elevados, que habían favorecido la consolidación de unas clases medias sin parangón en el resto de América Latina.
Veinte años más tarde, los saldos de este proceso exhibían su talón de Aquiles: el estrangulamiento crónico de nuestro sector externo; esto es, la insuficiencia endémica de divisas para comprar las materias primas requeridas por la industria. Esta terminó siendo más costosa que las propias importaciones que venía a sustituir. El desarrollo industrial cobraba, entonces, una función acorde con los reflejos igualitarios de nuestra sociedad al ofrecer trabajo masivamente, pero con los límites impuestos por su baja competitividad en economías de escala.
El desarrollo de ramas más complejas durante los 60 y parte de los 70 fue disminuyendo su virtuosismo social. No obstante, este resultó parcialmente compensado por un empleo público cuya capacidad ocupacional se expandía al compás de una burocracia estatal que desde los 40 terminó abarcando la mayoría de los servicios públicos. Pero la insuficiencia fiscal debido a tasas de crecimiento por debajo de los requerimientos para financiar el subsidio a la industria y a aquellos trabajadores estatales que esta ya no podía absorber se plasmó en una inflación crónica de niveles y duración únicos en el mundo. Contingentes de nuevos trabajadores del interior y de países limítrofes hallaron desde entonces más dificultades en su formalización y la prosecución de la carrera del ascenso clásica. Se fueron insinuando, entonces, los primeros indicios de una pobreza endémica. Eran, sin embargo, solo los brotes de una realidad acechante y de final abierto.
Llegados a este punto, cabe señalar algunos problemas socioculturales generados por esta evolución. En torno del desarrollo industrial y del empleo público se configuró un inmenso bloque de intereses que diseñó desde 1955 una eficiente tecnología de disputa del ingreso respecto de gobiernos viciados de legitimidad y en contra de un sector agropecuario que siguió siendo el único –y hasta bien entrados los 60 también raquítico– proveedor de divisas. Cuando este creció, la puja tendió a exacerbarse hasta adquirir una virulencia inusitada desde los 70 vis a vis el surgimiento del insurreccionalismo social y de la consiguiente réplica represiva estatal y paraestatal.
Simultáneamente, la industrialización sustitutiva de importaciones alcanzaba su techo, dando comienzo a un proceso de depuración. Fueron quedando en el camino los sectores menos eficientes y expandiendo como contrapartida a los más competitivos, pero con escasa capacidad ocupadora. La crisis fiscal obligó a un endeudamiento que, dadas nuestras modestísimas tasas de crecimiento, se tornó crónico y sumó un jalón más a nuestro perenne déficit fiscal. Entonces sí la pobreza de nuevo cúneo se disparó, exhibiendo con crudeza sus novedosos alcances.
La clase política democrática que heredó a la última dictadura a principios de los 80 se topó con este intríngulis que durante los diez años anteriores había adquirido proporciones desopilantes. Optó, en principio, por una mezcla de paliativos y de tolerancia controlada de prácticas al margen de la ley como complemento para preservar el orden social hasta que la dinámica de crecimiento comenzada en los 30 volviera a la normalidad. Tales fueron el Programa Alimentario Nacional de los 80, los bonos solidarios y planes Trabajar de los 90 y las ocupaciones ilegales de tierras que ampliaron caóticamente la mancha de los conurbanos. Pero como ello no ocurrió, se fueron sentado las bases de un régimen administrativo bifronte que alcanzó su perfeccionamiento hacia fines de los 2000.
Confluyen allí un vasto aparato burocrático asistencialista con el poco visible de actividades ilegales de alto rendimiento inclusivo. Por un lado, diversos “planes” asistenciales para desocupados que mayormente descienden desde el Ministerio de Desarrollo Social a provincias y municipios, la Asignación Universal por Hijo financiada por la Anses, jubilaciones y pensiones no contributivas, pensiones por invalidez y un empleo público exacerbado menos en el Estado nacional que en los provinciales y municipales. Por el otro, un menú de actividades crecidas al calor de la puesta entre paréntesis del Estado de Derecho bajo la forma de zonas liberadas por agentes políticos y estatales. Abarcan desde las producciones clandestinas que operan con mano de obra inmigratoria semiservil hasta el narcotráfico, pasando por la piratería del asfalto, el crédito usurario, el comercio ilegal, la especulación inmobiliaria de tierras sin título, la trata y el robo de vehículos, entre muchos otros.
La capacidad de contención de ambos sistemas luce, no obstante, limitada y contraproducente. En el primer caso, porque sus costos operativos por provincias, municipios y las organizaciones sociales encargadas de su gestión motivan subejecuciones o la no ejecución de los planes habitacionales y obras públicas para los que fueron diseñados. Alcanza, entonces, para “incluir” precariamente en los consumos indispensables, pero a costa de abortar un desarrollo social capaz de efectuar una virtuosa reintegración de los marginados. Y en el segundo, por las obvias razones disolventes del orden social de la utilización mafiosa de la pobreza.
La Argentina enfrenta, así, un dilema de difícil resolución. La administración de la pobreza “contiene”; aunque a costa de preservar un orden social excluyente y, por lo tanto, potencialmente volátil. Este absorbe aproximadamente una cuarta parte de los recursos presupuestarios exacerbando el déficit fiscal que alimenta a la inflación. Ambos se conjugan para espantar al crecimiento; el único camino genuino para erradicarla. Pero tampoco puede abandonar a su suerte a los casi veinte millones de beneficiarios, salvo que se renuncie a nuestra endeble y defectuosa democracia sustituyéndola por un autoritarismo de difícil sustento.
¿Es posible sortear la trampa? Obviamente que sí; aunque redirigiendo políticas asistenciales en función de un desarrollo genuino que necesariamente debe apuntar al desafío de volver a competir en un mundo complejo. No será a instancias de una solución global, sino de un rompecabezas de pequeñas estrategias parciales y regionalizadas. Y, por sobre todas las cosas, de la desactivación del Estado mafioso que obtiene de la explotación de la pobreza una masa de recursos inconmensurables distribuida entre policías, funcionarios políticos y judiciales, activistas s ocia lesp se u do filantró picos y empresarios que dejan solo las migajas del festín entre el mar de carencia dos conservador a mente contenidos.
Historiador, miembro del Club Político Argentino