Piquetes sin freno
Los bloqueos constituyen hoy el resultado de la prepotencia en desmedro de las instituciones que la sociedad se ha dado para su convivencia democrática
Los piquetes se han convertido en una costumbre irrespetuosa y abusiva. En lo que va de 2018, hubo más de 4900 cortes de tránsito en todo el país, número que supera en un 18 por ciento los registrados durante el mismo período del año pasado.
Ayer, sin ir más lejos, el centro porteño fue un caos. Integrantes de movimientos sociales y de representantes de la denominada “economía popular” se movilizaron para denunciar las políticas del Gobierno y reclamar respuestas, bloqueando calles y avenidas. Fueron cuatro marchas simultáneas que coparon la avenida 9 de Julio, interrumpiendo el tránsito durante cinco horas. Ese mecanismo de ocupación del espacio público tuvo su réplica en otros puntos del país.
Quienes protestan por cualquier decisión adoptada por el Gobierno piensan que mientras más molestias les causen a los demás, más visibilidad les otorga la incomodidad que provocan. Y que, de allí a lograr sus objetivos, el paso no debería ser muy largo. Todo ello, con el agravante de que muchos de dichos cortes y movilizaciones se realizan mientras representantes de esos mismos movimientos se encuentran negociando algún tipo de solución con las autoridades.
Esto da la pauta de que el piquete se ha vuelto un fin en sí mismo, una manera descarnada de hacer política apropiándose del espacio público, conculcando los derechos del resto de los ciudadanos a circular libremente, trabajar, estudiar y atender su salud, entre otro tantos que terminan siendo vedados por decisión de grupos que se valen de la fuerza, la extorsión y el escrache.
No se trata de desestimar la legitimidad de la causa que defienden quienes recurren a la movilización, pero no pueden someter a toda la población a su arbitrio.
Las autoridades nacionales y porteñas han instrumentado mecanismos para evitar esos constantes bloqueos. Sin embargo, o no se implementan o se lo hace a medias. Muchos magistrados tampoco aplican la ley con todo su vigor.
Se tiene la temible sensación de que el espacio público ha sido liberado a la barbarie de quienes, como ocurrió durante el debate de la reforma previsional en diciembre último y del presupuesto más recientemente, saquearon los bienes que son de todos, rompiéndolos para generar proyectiles con los que atacar a las fuerzas de seguridad. Los piqueteros han tenido y tienen vía libre de acción y su impunidad, de una u otra forma, ha sido garantizada.
Varias nuevas acciones se están emprendiendo por estas horas para tratar de solucionar esta situación. Una de ellas es la discusión que está previsto que se dé hoy en la Legislatura porteña, donde podría sancionarse una ley que disponga el quite temporario de la licencia al conductor del vehículo escolar que se use para llevar piqueteros a movilizaciones. También, que ese vehículo pierda el permiso para trabajar si se detecta que es usado para un fin para el que no ha sido habilitado. En la actualidad, existen multas para esos casos, pero resultan inocuas a la luz de lo que diariamente se comprueba en las calles.
También el gobierno nacional avanza en una reforma del Código Penal para evitar situaciones extorsivas en las protestas. Se trata de la limitación de los piquetes en las calles para que se respeten los derechos de todos y no solo los de los manifestantes.
Según la consultora Diagnóstico Político, el último septiembre fue el mes con más piquetes en lo que va del año. Se registraron 596 en todo el país, lo que representó un aumento del 18% respecto del mes anterior y un 40% más en relación con igual mes del año pasado. En los primeros nueve meses del año hubo 4454 piquetes, un 20% más que en igual período de 2017 con 3698 cortes. Durante ese mismo mes la ciudad y la provincia de Buenos Aires concentraron la mayor cantidad de cortes.
Con relación a los protagonistas de esas manifestaciones se ubicaron primero los trabajadores estatales, con el 24%; seguidos de las organizaciones sindicales, con el 22%; las fuerzas político-partidarias, con el 15% ; trabajadores privados, 13% ; vecinos, 10%, y desocupados y cesanteados, 9% .
Tal como se lo utiliza, el piquete no constituye una forma de democracia directa, sino el resultado de la prepotencia en desmedro de las instituciones que la sociedad democrática y republicana se ha dado para su convivencia. Es preciso que quienes protestan dejen de acudir a las vías de hecho y perjudicar a los demás porque esta posibilidad aleja el diálogo civilizado e impide que se llegue a acuerdos.
Como ya hemos sostenido desde estas columnas, en democracia la política se debe hacer en las instituciones y no en la calle. Nuestra Constitución garantiza los derechos de todos los ciudadanos por igual y taxativamente expresa, en su artículo 22, que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades” creadas por la propia Ley Fundamental.
El espacio público es de todos y no de grupúsculos que hacen de la prepotencia y de la violencia su forma de existir.