Endurecen las penas a los choferes de Uber
La Legislatura aprobó un proyecto oficialista que prevé retenerles la licencia de conducir y la inhabilitación de 7 a 30 días; también apunta a controlar a los micros escolares que trasladan piqueteros
Podrán retenerles la licencia e inhabilitarlos.
La Legislatura porteña convirtió ayer en ley la iniciativa que endurece las penas a quienes transporten pasajeros mediante la aplicación Uber. La norma, impulsada por el oficialismo, busca frenar el avance de la plataforma de viajes y de servicios de traslado no autorizado, como el uso de micros escolares por piqueteros. Uno de los principales cambios es la posibilidad de retirar la licencia e inhabilitar para conducir a los que sean descubiertos en infracción. Además se mantendrán las multas de hasta $178.500.
El cambio legislativo, impulsado por el oficialismo, se enmarca en la permanente embestida de la Ciudad contra la aplicación móvil que permite contratar viajes con choferes particulares, a la que considera ilegal porque el Código de Tránsito solo autoriza la contratación de viajes mediante señas en la calle o un servicio de radio. El gobierno porteño mantiene la sintonía con los gremios de los taxistas, que rechazan a Uber por considerarla una competencia desleal y protagonizaron hechos de violencia contra autos y choferes.
A partir de esta reforma legal, cuando se retenga el carnet se entregará al conductor un formulario por 72 horas; le será devuelto cuando abone la multa correspondiente. En tanto, la inhabilitación será por un período de entre siete y 30 días. Las sanciones también alcanzan a motociclistas que circulen sin la documentación pertinente o trasladen menores de 16 años.
La ley fue aprobada con 37 votos positivos aportados por Vamos Juntos y el Bloque Peronista. Once diputados se expresaron en contra y otro nueve se abstuvieron.
Mientras se debatían los cambios, una vez más cientos de taxistas nucleados en diversas agrupaciones se movilizaron frente a la Legislatura porteña para expresar su apoyo a la sanción de la norma.
Los conductores se habían congregado a las 10 en distintos puntos de la Capital y, a las 11, marcharon en sus vehículos hasta las inmediaciones de Plaza de Mayo, lo que derivó en el bloqueo de la avenida Diagonal Sur. Entre las pancartas se destacaban aquellas que pedían, además de las multas contra los choferes de Uber, el control del tránsito vehicular para detectar a las miles de personas que trabajan con su auto particular con la aplicación.
La plataforma está disponible en Buenos Aires desde hace dos años y medio, y sigue funcionando pese a diversos fallos judiciales en su contra por el éxito logrado entre los porteños. Según datos provistos por Uber, hay un millón de usuarios activos por mes y, solo en los últimos tres meses, 55.000 personas tuvieron ingresos manejando para la compañía.
Como sucedió en otros países, Uber desembarcó en la Capital por fuera de la regulación vigente. La misma metodología utilizó en todas las ciudades del mundo donde, luego de diversos conflictos, ahora funciona con normalidad (ver aparte).
La administración de Horacio Rodríguez Larreta impulsó denuncias ante la Justicia y también operativos viales de control vehicular para detectar y confiscar autos al servicio de Uber. También los sindicatos de taxistas acudieron a la Justicia para solicitar que la actividad realizada por los choferes asociados a la plataforma fuera declarada ilegal, que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia, con fallo desfavorable para las agrupaciones. Todavía, en cambio, hay expedientes abiertos contra la empresa y sus directivos por evasión tributaria y otros cargos.
Polémica
Mientras la provincia de Mendoza reguló el funcionamiento de la plataforma, la aprobación de ayer en la Legislatura porteña reavivó la polémica. “Legisladores de Pro votaron a favor de perseguir y multar a quienes manejan con Uber. Sin embargo, durante el debate previo quedó en claro que, a más de dos años de la llegada de Uber, la ciudad se debe un diálogo que incluya a todos los que eligen viajar y manejar con aplicaciones. Mediante redes sociales, más de 100.000 personas se expresaron en este mismo sentido”, dijeron desde Uber en un comunicado de prensa.
“Nuestro compromiso es con los conductores, los usuarios y con la movilidad en la ciudad. Vamos a seguir trabajando para ofrecer el mejor servicio a la gente que nos elige, cuidar la fuente de ingreso de quien decide salir a manejar y defender sus derechos. Continuamos en la búsqueda de una regulación moderna. Mendoza y cientos de ciudades en el mundo demuestran que la tecnología está para sumar soluciones de movilidad y oportunidades económicas”, expresaron.
“En la medida en que Uber no se encuadre en el marco legal, nos vemos en la obligación de agravar las sanciones. Estamos abiertos a conversar siempre que haya voluntad de estar dentro de la ley. Otras empresas entendieron que ese es el camino”, consideró el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Francisco Quintana (Vamos Juntos).
Y agregó: “Con la modificación del Código de Tránsito y Transporte buscamos brindar mayores herramientas para el control del transporte público y así garantizar la seguridad a los vecinos. También decidimos agravar las sanciones para los transportes escolares que no realicen la actividad para la que tienen habilitación. Esta medida apunta fundamentalmente a desalentar su uso en marchas y piquetes”.
Entre los que se opusieron estaban los legisladores de la izquierda. “La medida es tramposa y pérfida porque el gobierno, en lugar de sancionar a Uber, una enorme empresa de tercerización y precarización laboral, sanciona a los trabajadores, que realizan la tarea para juntar ingresos necesarios para llegar a fin de mes”, opinó Gabriel Solano, del Partido Obrero.
Desde el Bloque Unidad Ciudadana, también consideraron el proyecto de reforma como “una trampa política”, ya que no resuelve el tema de las empresas que precarizan, evaden impuestos y sus responsabilidades fiscales”.