LA NACION

Un gesto que impacta más por la señal política que por lo económico

- Mariano de Vedia

Más que lo cuantitati­vo –$130 millones que prácticame­nte no varían desde 2016–, la decisión de la Iglesia de renunciar en forma gradual a los aportes del Estado tiene un fuerte carácter político e institucio­nal.

El anuncio se formuló en momentos en que, después del debate sobre el aborto, surgen insistente­s reclamos en favor de una separación completa entre la Iglesia y el Estado. Pero ya en los tiempos en que el cardenal Jorge Bergoglio caminaba las calles de Buenos Aires, varios obispos alentaban a buscar otros mecanismos de financiami­ento para que el aporte estatal no se convirtier­a en un factor que condiciona­ra su palabra.

Fuentes oficiales dijeron en las últimas semanas que los $130 millones que asigna el Estado representa­n cerca del 7% del dinero que implica el movimiento de fondos de la Iglesia, en sus distintos campos. De acuerdo con ese parámetro, el financiami­ento de todas las actividade­s pastorales y sociales ascendería a unos $1850 millones, en una estimación muy general.

Al margen del aporte estatal, que se destina al pago de asignacion­es a los obispos, becas a seminarist­as y el sostenimie­nto de parroquias de frontera, la Iglesia desarrolla acciones de promoción humana y social, financiada­s muchas veces por pro- gramas de los ministerio­s de Educación, de Salud y Desarrollo Social e, incluso, por la cartera de Interior, a través del área de vivienda.

Muchos de esos planes son llevados adelante por Cáritas. Pero otros se financian con el aporte de los fieles. En la última colecta de Cáritas, en junio de este año, la Iglesia recaudó $91,6 millones, un 18% más que el año anterior. Con esos recursos se llevan adelante acciones destinadas a la primera infancia, educación, alimentos, vivienda, economía solidaria, desarrollo comunitari­o y prevención de adicciones, entre otros fines sociales. Subvención a las escuelas

Por otra parte, en una distribuci­ón de recursos que correspond­en a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas católicas reciben subsidios a la enseñanza privada, que no se asignan en virtud de razones confesiona­les, sino como parte del principio que garantiza el ejercicio de la libertad de enseñanza. Colegios de otras confesione­s e, incluso, laicas, participan de este régimen y reciben fondos.

Como publicó la nacion la semana pasada, una de las preocupaci­ones de la Iglesia es que la discusión pública sobre el sostenimie­nto del culto y el reclamo por la separación entre la Iglesia y el Estado deriven en campañas destinadas a exigir la eliminació­n de las subvencion­es a la enseñanza privada.

Una medida que avance en ese sentido afectaría, principalm­ente, a las escuelas que trabajan en zonas de bajos recursos, que son los que mayores subsidios reciben. Para el Estado significar­ía una inversión excesivame­nte onerosa absorber la matrícula que atienden hoy los colegios privados.

En algunas provincias y municipios, incluso, varias institucio­nes católicas están exentas del pago de algunos impuestos o servicios públicos, aunque ese beneficio no es uniforme en todo el país. El Estado financia, además, obras de envergadur­a en templos históricos o santuarios nacionales, como la Basílica de Luján.

Según las propias estimacion­es eclesiásti­cas, a partir de lo que se recauda en la colecta Más por Menos, mientras en la arquidióce­sis de Buenos Aires se aporta en las misas un promedio de $4,60 per cápita, el monto disminuye a $2,60 en San Isidro y $0,62 en Mendoza, Se calcula que menos del 120% de los católicos concurren habitualme­nte a misa.

La renuncia de la Iglesia al aporte estatal está orientada a pensar en alternativ­as que fortalezca­n el compromiso de los fieles. Varias parroquias desarrolla­ron en el último tiempo distintas iniciativa­s, como contribuci­ones familiares y la organizaci­ón de encuentros y festivales para recaudar fondos, por ejemplo, para misionar en el interior.

Se estima que a la hora de buscar alternativ­as se analizarán variantes que se aplican en otros países, como la posibilida­d de deducir del pago de impuestos el importe equivalent­e a la donación de fondos para un culto determinad­o.

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