Macri firmó el decreto del bono, pero la forma de pago se negociará en cada sector
Los empresarios respaldaron la flexibilidad para abonarlo en cuotas o a cuenta de futuras mejoras; los estatales recibirán una bonificación similar y un aumento del 10%
El presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto que establece el pago en dos tramos de un bono de $5000 para los trabajadores del sector privado, una mejora salarial extraordinaria que había sido reclamada por la CGT y acordada una semana atrás con funcionarios y empresarios.
En paralelo, el Gobierno llegó a un acuerdo con los estatales que incluye una compensación de $5000 y una suba salarial del 10%, que incluirá a todos los empleados públicos nacionales y a los miembros de las fuerzas de seguridad.
A partir de las advertencias de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CAME –agrupa también a las pymes– sobre la imposibilidad de muchas empresas de hacer frente al pago del bono, el decreto flexibilizó las condiciones para efectivizarlo y podrá ser tomado a cuenta de las revisiones y los aumentos acordados en paritarias.
Por ello, la puesta en práctica de la bonificación abre ahora una nueva negociación que terminará por definir los plazos y montos en cada sector. El beneficio no incluyó al sector agropecuario.
Un soplo de aire fresco en un contexto económico en el que no abundan las buenas noticias. Un espaldarazo al sector dialoguista del sindicalismo por encima de las demandas de los grupos más radicalizados. Una ventana de oportunidad para desinflar de manera contundente las protestas sociales previstas para el siempre caliente mes de diciembre.
Así se evaluó en la Casa Rosada el acuerdo tripartito con las principales cámaras empresarias y la CGT, plasmado en un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado ayer por el presidente Mauricio Macri, en el que el Poder Ejecutivo establece el pago en dos tramos de una compensación de $5000 para los trabajadores del sector privado, una mejora salarial que había sido reclamada por la CGT y acordada hace una semana con funcionarios y las empresas. Entrará en vigor hoy, con su publicación en el Boletín Oficial.
La anunciada firma del decreto fue confirmada por los ministros Alejandro Finocchiaro (Educación) y Patricia Bullrich (Seguridad), en la conferencia de prensa posterior a la reunión de gabinete, encabezada por el Presidente, en la Casa Rosada. En una jornada de “noticias positivas”, el Gobierno también anunció, solo un par de horas después, una compensación por ese mismo monto, aunque en un solo pago para los 210.000 empleados estatales nacionales (ver aparte).
El acuerdo alcanzado fue, al decir de uno de los negociadores del Gobierno, encabezados por el ministro de Producción, Dante Sica, el “acuerdo posible”, ya que no conformó del todo a ninguna de las tres partes, pero representó un logro que los tres sectores podrán adjudicarse.
La disparada inflacionaria es, para el Gobierno, la principal razón para motorizar el ajuste salarial, aunque la amenaza de paro de la CGT también actuó como condicionante, reconocen los funcionarios. La protesta fue descartada por los dirigentes de la central sindical.
En el primer artículo del DNU se establece “una asignación no remunerativa” para todos los empleados “en relación de dependencia” de $5000, a pagarse en los meses de diciembre y febrero. De todos modos, y tal como se preveía, las advertencias de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CAME, que agrupa a las pymes, sobre la imposibilidad de muchas empresas de pagar los aumentos, quedaron reflejadas en la “flexibilidad” del texto en lo que hace a “plazos y montos”.
En el artículo 3, por ejemplo, se deja abierta la puerta para que el pago se efectivice en más de dos cuotas, y en el siguiente se faculta a empresas y gremios para que se compute este monto “a cuenta” de las revisiones y los aumentos acordados en la negociación paritaria de este año. Se tuvo en cuenta, a modo de atenuante, la situación de “sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”. El decreto no incluyó a los trabajadores rurales. “Había que darles facilidades a quienes no podían afrontar todo el gasto junto. Estamos en tiempos de escasez y hay que administrar los recursos”, afirmó a la nacion un asesor presidencial, satisfecho por el acuerdo alcanzado.
Tal como se acordó en la reunión tripartita de la semana pasada, el decreto también estableció un mecanismo de revisión previa de despidos injustificados. Los empleadores estarán obligados, de ese modo, a “comunicar la decisión” de despedir personal al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación “no menor de diez días”, y el ministerio reunirá a las partes para explorar alternativas. Este artículo no conformó del todo a los industriales. “Nadie despide porque sí, hay una contracción del 11%”, había dicho el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, anteayer, aunque finalmente también acordaron que ese artículo apareciera en el decreto.