Los empresarios dicen que el pago dependerá de cada sector

Se reabrió el debate sobre la obligatoriedad y la suma no remunerativa; algunos no lo pueden afrontrar

El bono de $5000 para los trabajadores del sector privado se vuelve tan obligatorio en el artículo primero del decreto –que establece los montos y las fechas a ser pagado– como optativo en el tercero –en el que se habilita a adecuar plazos y montos para sectores en crisis–, según interpretó un astuto lector empresarial del borrador que ayer circuló sobre la norma que será publicada hoy.

Tales minucias solo dejaron dudas, tanto sobre la constitucionalidad de que el pago sea una obligación dispuesta por el Poder Ejecutivo al sector privado como por su calidad de aumento “no remunerativo” –polémicas para laboralistas– y también algunas sobre situaciones más banales, pero realistas: ¿qué pasará con quienes no puedan o no quieran pagarlo, ya que la norma no prevé ninguna sanción para ellos?

“El Gobierno sacó un bono obligatorio para el sector privado cuando no tiene atribuciones para eso”, afirmó el abogado Julián De Diego a la nacion, que indicó que tanto Eduardo Duhalde como Néstor Kirchner sí tenían de su lado la ley de emergencia económica cuando estipularon aumentos por decreto.

“Lo que está ordenando Mauricio Macri es doblemente inconstitucional. No tiene ninguna ley que le dé la potestad de fijar un aumento, pero además está obligando a los privados a dar un aumento en negro”, agregó, sobre la calidad de las subas no remunerativas pactadas. El mismo Macri las había prohibido en el decreto 633 firmado este año.

La Corte Suprema ya había establecido además esa misma jurisprudencia en el fallo González, Martín c/ Polimat de mayo de 2010, recuerda el abogado Ricardo Foglia, quien concuerda sobre la inconstitucionalidad de este tipo de pagos. “Siempre es fácil entrar a pagar extras no remunerativos, pero es difícil salir luego de esa dinámica”, agregó el laboralista, que prevé que esta situación sumará litigiosidad.

Foglia discrepó con De Diego sobre la obligatoriedad. “Desde la década del 60, la Corte declaró que los decretos salariales eran constitucionalmente válidos, aunque sean obligatorios para todos”, afirmó sobre la base de lo dictado por el tribunal superior el 20 de mayo de 1960 en la causa Praticco, Carmelo y otros c/ Basso y Cía. “Eso era antes de la ley de contrato de trabajo y sin ley de convenio colectivo”, retrucó De Diego.

Sin embargo, más allá del debate entre expertos, los empresarios se dividen en dos: aquellos que negociaron el bono con el Gobierno y que creen que el decreto tiene la plasticidad necesaria, y quienes se enteran de esa decisión por los diarios o las cámaras a las que pertenecen y tienen dudas sobre cómo podrán abonar esa suma en plena recesión.

“Es un decreto realista”, aseguró a este medio Mario Grinman, prosecretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). “Hay que cuidar a ambos sectores: al asalariado, que ha perdido poder adquisitivo, y al sector empresario, que ha perdido rentabilidad. El decreto permite a los empresarios, de acuerdo con el sindicato, adecuar el pago de los $5000 de una o de otra manera. La empresa que no lo pueda pagar en dos veces acordará mayores plazos”, explicó el dirigente, que aclaró que la condición de no remunerativa del bono era la parte de financiamiento que ponía el Estado.

CAME difundió ayer un comunicado en el que expresó que el Gobierno había incluido en el decreto los “pedidos de la entidad atentos a la realidad de las pymes”. Se recordó que los trabajadores agrarios fueron excluidos; que el bono fue contemplado como no remunerativo, “aliviando el costo no salarial”; que montos y plazos podrán ser adecuados por consenso entre entidades gremiales empresarias y sindicatos para actividades en crisis; que será proporcional a la jornada laboral, y que “podrá ser compensado el bono a cuenta de futura paritaria o aumento”.

“Es un problema”, afirmó Raúl Amil, presidente de AFAC. El líder de la cámara que agrupa a los autopartistas señaló como positivo que el bono sea no remunerativo (“minimiza el costo”), pero se mostró preocupado por que el Gobierno haya decidido sacarlo por decreto. “Hay empresas que pueden darlo y otras que no. Hay muchas plantas paradas por 60 días. A algunos les va a impactar mucho. Será diferente si queda sujeto a las posibilidades de la empresa. Es bueno acompañar a la gente en un momento difícil, pero es importante que el empresario pueda definir si lo da o no”, explicó.

“Lo del bono complica a las pymes”, afirmó Martín Cabrales. Se va atener que llegar a una solución para las empresas y para los empleados. Cada industria es distinta. No se puede generalizar. El consumo en el mercado interno viene para abajo y es imposible endeudarse. Veremos qué soluciones se da al pago, qué facilidades. Es un contexto en el que hay que ser cauteloso. Nadie quiere conflictos”, cerró el empresario.

“Conceptualmente, el decreto no nos gusta, pero entendemos la situación en que se decidió”, dijeron cerca del Foro de Convergencia empresarial, donde ahora esperan por el impacto sector por sector.