Déficit cero, más aporte privado que ajuste del Estado
Si, como se espera, el Senado sanciona el presupuesto para 2019, el Gobierno empezará a cumplir con la condición impuesta por el Fondo Monetario Internacional para desembolsar el préstamo de urgencia y apagar el incendio financiero que desató la crisis cambiaria: reducir 2,6 puntos el déficit fiscal primario para lograr el equilibrio fiscal.
La inédita reducción de casi 370.00 millones de pesos que debe hacerse se traducirá en los hechos más en un aporte del sector privado (tanto de productores como de consumidores) que en un gran achique del Estado. Habrá una disminución del gasto con muchos asteriscos y un aumento en los ingresos sin ningún atenuante.
A la pregunta de quién se hace cargo del ajuste de verdad le cabe una respuesta sencilla y rápida: el sector exportador, principalmente la cadena agroindustrial, encabezará por lejos el ranking de los recursos extras que se sumarán al erario, con el pago de los derechos de exportación.
Un significativo aporte harán también todos los consumidores de servicios públicos, cuyas tarifas continuarán la curva ascendente para poder mantener la rebaja de los subsidios, fuente central de la erosión de las cuentas públicas en la última década. Y, finalmente, dejarán su cuotaparte los contribuyentes que tengan más de un inmueble, debido al aumento del impuesto a los bienes personales.
Esos aporten se ven claramente en las planillas del proyecto que tratará hoy la Cámara alta. Los ingresos de 2019 representan un 20,2 por ciento del PBI, 1,2 puntos más que en 2018, cuando alcanzaron el 19%. Las planillas indican también que los gastos primarios bajarán 1,5 puntos del PBI, pero, como se dijo, en muchos casos el recorte se traducirá en erogaciones que deberán afrontar los contribuyentes y los consumidores.
Esa suma de ingresos y la consecuente resta de gastos permiten alcanzar casi exactamente, al menos en los papeles, el equilibrio fiscal. Y, como advierte el investigador de desarrollo económico del Cippec Ricardo Carciofi, hasta se podría llegar a un superávit si el clima y los precios internacionales no conspiraran contra la principal fuente de ingresos: la exportación de granos. Y si el año electoral no altera en la realidad lo que está en los papeles.
En el rubro recortes lo que más sufrirá serán los gastos de capital, lo que se traduce principalmente en la ejecución de las obras públicas nacionales. Se da por hecho en el Gobierno que los proyectos que no tenían previsto inaugurarse en 2019, ya aletargados, entrarán en un compás de espera sin fecha de relanzamiento. La prioridad la tendrán todos los emprendimientos que puedan terminarse antes de las elecciones.
La posibilidad de que las iniciativas de participación público-privada (PPP) compensen esos recortes y puedan relanzarse obras se vislumbra más que compleja y entra en el terreno de lo casi imposible.
Ese es el resultado de las dificultades de financiamiento de las empresas, debido tanto a la realidad económica local como a los efectos de los “cuadernos de la corrupción” en los que aparecen ejecutivos y dueños de casi todas las compañías del sector. Una luz de esperanza deja encendida el eventual ingreso de constructores chinos. En el oficialismo crecen los adeptos al horóscopo oriental.
El costo peronista
Los gobernadores de las provincias peronistas serán las que menos aporten en austeridad, como lo expuso con claridad anteayer Laura Serra en la nacion (https:// www.lanacion.com.ar/2190778-elgobierno-subio-el-gasto-en-24000millones-para-lograr-los-votos-delpj). El regateo para obtener los votos en el Congreso terminó con saldo favorable para esos mandatarios, que lograron aumentar el gasto en alrededor de $ 24.000 millones.
Sin embargo, no necesariamente esto beneficiará a los contribuyentes de sus respectivos distritos, que obtuvieron una flexibilización del pacto fiscal, por lo que la reducción del distorsivo tributo de ingresos brutos podría seguir dilatándose.
El impacto en la provincia de Buenos Aires se dará por partida doble. María Eugenia Vidal no recibirá el prometido ajuste del Fondo del Conurbano, estimado en $19.000 millones, por lo que deberá hacer un recorte de obras significativo y los contribuyentes del impuesto inmobiliario sufrirán un aumento del 38%, aunque muchos se beneficiarán con la disminución sensible de Ingresos Brutos.
La probabilidad de que la Nación le compense a Vidal algunas de las obras suspendidas por el ajuste tiene el carácter de promesa, pero no la condición de compromiso exigible.
Además, sobre la provincia de Buenos Aires, al igual que sobre el distrito porteño, recaerá el mayor impacto por la transferencia de subsidios. En este rubro es donde aparece uno de los asteriscos que muestran la relatividad del esfuerzo hecho por el Estado, ya que del total de subsidios que dejará de afrontar, la mitad se harán cargo las provincias (aunque en el caso del transporte serán parcialmente compensadas) y la otra mitad la afrontarán los consumidores.
El aporte de la producción
En cuanto a los aportes por derechos de exportación, los ingresos por la venta de bienes al exterior el sector agroindustrial y otros productos primarios representarán entre el 60% y el 65% del total. Tendrán un peso significativo en eso la suspensión del plan de rebaja progresiva de las retenciones y el gravamen impuesto hace dos meses de cuatro pesos por dólar exportado. Mientras que los servicios y las manufacturas de origen industrial (MOI) aportan entre el 35% y el 40% restantes. La industria resigna tres pesos por cada dólar exportado,
Si todas las proyecciones se cumplen y no surgen nuevos imprevistos, por derechos de exportación el Estado tiene previsto recaudar 430.000 millones de pesos, casi 280.000 millones más que en 2018. Está claro por qué el presidente Macri decidió imponer esa carga, aunque la considera “un impuesto malísimo”.
Donde el Estado sí tendrá un aumento de erogaciones sin disimulo, y permitido por el FMI, es en el gasto social, que registra un incremento del 0,2%. El sistema de actualización fijado por ley de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares explica ese incremento.
El peso y la rigidez del gasto del Estado en esa materia, que representa más del 60% de las erogaciones, explica en buena medida que el sector privado afronte en tal proporción el costo de llegar al equilibrio fiscal. También explica la preocupación por el impacto de la recesión. Los recursos fiscales dependen de la actividad económica.