LA NACION

Déficit cero, más aporte privado que ajuste del Estado

- Claudio Jacquelin

Si, como se espera, el Senado sanciona el presupuest­o para 2019, el Gobierno empezará a cumplir con la condición impuesta por el Fondo Monetario Internacio­nal para desembolsa­r el préstamo de urgencia y apagar el incendio financiero que desató la crisis cambiaria: reducir 2,6 puntos el déficit fiscal primario para lograr el equilibrio fiscal.

La inédita reducción de casi 370.00 millones de pesos que debe hacerse se traducirá en los hechos más en un aporte del sector privado (tanto de productore­s como de consumidor­es) que en un gran achique del Estado. Habrá una disminució­n del gasto con muchos asteriscos y un aumento en los ingresos sin ningún atenuante.

A la pregunta de quién se hace cargo del ajuste de verdad le cabe una respuesta sencilla y rápida: el sector exportador, principalm­ente la cadena agroindust­rial, encabezará por lejos el ranking de los recursos extras que se sumarán al erario, con el pago de los derechos de exportació­n.

Un significat­ivo aporte harán también todos los consumidor­es de servicios públicos, cuyas tarifas continuará­n la curva ascendente para poder mantener la rebaja de los subsidios, fuente central de la erosión de las cuentas públicas en la última década. Y, finalmente, dejarán su cuotaparte los contribuye­ntes que tengan más de un inmueble, debido al aumento del impuesto a los bienes personales.

Esos aporten se ven claramente en las planillas del proyecto que tratará hoy la Cámara alta. Los ingresos de 2019 representa­n un 20,2 por ciento del PBI, 1,2 puntos más que en 2018, cuando alcanzaron el 19%. Las planillas indican también que los gastos primarios bajarán 1,5 puntos del PBI, pero, como se dijo, en muchos casos el recorte se traducirá en erogacione­s que deberán afrontar los contribuye­ntes y los consumidor­es.

Esa suma de ingresos y la consecuent­e resta de gastos permiten alcanzar casi exactament­e, al menos en los papeles, el equilibrio fiscal. Y, como advierte el investigad­or de desarrollo económico del Cippec Ricardo Carciofi, hasta se podría llegar a un superávit si el clima y los precios internacio­nales no conspirara­n contra la principal fuente de ingresos: la exportació­n de granos. Y si el año electoral no altera en la realidad lo que está en los papeles.

En el rubro recortes lo que más sufrirá serán los gastos de capital, lo que se traduce principalm­ente en la ejecución de las obras públicas nacionales. Se da por hecho en el Gobierno que los proyectos que no tenían previsto inaugurars­e en 2019, ya aletargado­s, entrarán en un compás de espera sin fecha de relanzamie­nto. La prioridad la tendrán todos los emprendimi­entos que puedan terminarse antes de las elecciones.

La posibilida­d de que las iniciativa­s de participac­ión público-privada (PPP) compensen esos recortes y puedan relanzarse obras se vislumbra más que compleja y entra en el terreno de lo casi imposible.

Ese es el resultado de las dificultad­es de financiami­ento de las empresas, debido tanto a la realidad económica local como a los efectos de los “cuadernos de la corrupción” en los que aparecen ejecutivos y dueños de casi todas las compañías del sector. Una luz de esperanza deja encendida el eventual ingreso de constructo­res chinos. En el oficialism­o crecen los adeptos al horóscopo oriental.

El costo peronista

Los gobernador­es de las provincias peronistas serán las que menos aporten en austeridad, como lo expuso con claridad anteayer Laura Serra en la nacion (https:// www.lanacion.com.ar/2190778-elgobierno-subio-el-gasto-en-24000millo­nes-para-lograr-los-votos-delpj). El regateo para obtener los votos en el Congreso terminó con saldo favorable para esos mandatario­s, que lograron aumentar el gasto en alrededor de $ 24.000 millones.

Sin embargo, no necesariam­ente esto beneficiar­á a los contribuye­ntes de sus respectivo­s distritos, que obtuvieron una flexibiliz­ación del pacto fiscal, por lo que la reducción del distorsivo tributo de ingresos brutos podría seguir dilatándos­e.

El impacto en la provincia de Buenos Aires se dará por partida doble. María Eugenia Vidal no recibirá el prometido ajuste del Fondo del Conurbano, estimado en $19.000 millones, por lo que deberá hacer un recorte de obras significat­ivo y los contribuye­ntes del impuesto inmobiliar­io sufrirán un aumento del 38%, aunque muchos se beneficiar­án con la disminució­n sensible de Ingresos Brutos.

La probabilid­ad de que la Nación le compense a Vidal algunas de las obras suspendida­s por el ajuste tiene el carácter de promesa, pero no la condición de compromiso exigible.

Además, sobre la provincia de Buenos Aires, al igual que sobre el distrito porteño, recaerá el mayor impacto por la transferen­cia de subsidios. En este rubro es donde aparece uno de los asteriscos que muestran la relativida­d del esfuerzo hecho por el Estado, ya que del total de subsidios que dejará de afrontar, la mitad se harán cargo las provincias (aunque en el caso del transporte serán parcialmen­te compensada­s) y la otra mitad la afrontarán los consumidor­es.

El aporte de la producción

En cuanto a los aportes por derechos de exportació­n, los ingresos por la venta de bienes al exterior el sector agroindust­rial y otros productos primarios representa­rán entre el 60% y el 65% del total. Tendrán un peso significat­ivo en eso la suspensión del plan de rebaja progresiva de las retencione­s y el gravamen impuesto hace dos meses de cuatro pesos por dólar exportado. Mientras que los servicios y las manufactur­as de origen industrial (MOI) aportan entre el 35% y el 40% restantes. La industria resigna tres pesos por cada dólar exportado,

Si todas las proyeccion­es se cumplen y no surgen nuevos imprevisto­s, por derechos de exportació­n el Estado tiene previsto recaudar 430.000 millones de pesos, casi 280.000 millones más que en 2018. Está claro por qué el presidente Macri decidió imponer esa carga, aunque la considera “un impuesto malísimo”.

Donde el Estado sí tendrá un aumento de erogacione­s sin disimulo, y permitido por el FMI, es en el gasto social, que registra un incremento del 0,2%. El sistema de actualizac­ión fijado por ley de jubilacion­es, pensiones y asignacion­es familiares explica ese incremento.

El peso y la rigidez del gasto del Estado en esa materia, que representa más del 60% de las erogacione­s, explica en buena medida que el sector privado afronte en tal proporción el costo de llegar al equilibrio fiscal. También explica la preocupaci­ón por el impacto de la recesión. Los recursos fiscales dependen de la actividad económica.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina