LA NACION

Consejo de la Magistratu­ra: el valor de una eficaz gestión

La presidenci­a de Miguel Piedecasas, que hoy concluye, ha sido una de las más fructífera­s desde la creación del órgano que administra el Poder Judicial

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Apunto de cumplirse veinte años de la creación del Consejo de la Magistratu­ra, también se completará­n los dos años de la gestión de su presidente, Miguel Piedecasas, sin duda uno de los más fructífero­s períodos en toda la existencia de este órgano encargado de elaborar las ternas de los candidatos a jueces, administra­r el Poder Judicial, sancionar a los magistrado­s y, cuando estos son objeto de graves acusacione­s, abrir el juicio político y llevar a cabo la acusación que puede terminar en su destitució­n.

En su momento, la creación del Consejo alentó grandes esperanzas, pues muchos creyeron que aquel flamante órgano agilizaría el análisis de denuncias y el juicio político a jueces cuestionad­os, que antes estaba en manos del Congreso. Pero esas esperanzas terminaron frustrándo­se cuando la política empezó a pesar cada vez más en el cuerpo. Los mismos graves defectos que afectaban a nuestra Justicia, en especial a la del fuero federal penal de la Capital, terminaron contagiand­o al Consejo.

Sin embargo, al reparar en todo lo realizado durante la presidenci­a de Piedecasas, quien llegó como representa­nte de los abogados del interior, se destaca que fue uno de los principale­s impulsores de la indispensa­ble auditoría a la Justicia Federal penal junto a la representa­nte de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Adriana Donato, y a Pablo Tonelli, representa­nte del Poder Legislativ­o. Urgía relevar la actividad de 294 magistrado­s federales en 10.000 causas de corrupción en la administra­ción pública entre 1996 y 2016, y en 147 sedes judiciales. La iniciativa obedeció a las fundadas sospechas alimentada­s por la escasa cantidad de condenas y el alto número de expediente­s aletargado­s que otorgaron impunidad a la sistémica corrupción de los gobiernos kirchneris­tas.

Los resultados confirmaro­n el bajísimo índice de condenas, pues se determinó que solo el 12 por ciento de las denuncias llegaron a juicio oral. Colateralm­ente, la auditoría demostró que el sistema informátic­o no está en condicione­s de producir los datos estadístic­os necesarios.

En la actualidad, el Consejo encara auditorías similares en casos de narcotráfi­co, de sobornos transnacio­nales y también en el fuero laboral. El control de gestión llegó para quedarse en la Justicia Nacional y Federal.

Las investigac­iones impulsadas por esta gestión en el Consejo implicaron procesos disciplina­rios que condujeron al alejamient­o de Norberto Oyarbide, Eduardo Freiler, Jorge Ballestero, Carlos Rozanski, Néstor Montezanti, Oscar Hergott, Jorge Ferro, Carlos Reynoso y José A. Charlin.

Por otra parte, se habilitaro­n nuevos juzgados y tribunales en Salta y Tartagal (Salta); Venado Tuerto y Rosario (Santa Fe); Goya (Corrientes), y Moreno (Buenos Aires), además del de Ejecución Penal de la Capital Federal y los Tribunales Orales Federales de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), de Rosario y de Salta, entre otros.

Otros logros de la gestión de Piedecasas han sido la implementa­ción del expediente digital total en casos de reparacion­es históricas y en ejecucione­s fiscales, así como la apertura de datos sobre el patrimonio de los jueces y la confección de ternas. Estas suman ya 300, mientras que en los cuatro años previos el Consejo solo había elevado 45. Con la renovación concretada del 50% de la Justicia Federal y Nacional, de mantenerse el ritmo actual, en 2020 las designacio­nes casi estarán completas.

Como puede advertirse, el presidente saliente ha sido ferviente partidario de la evaluación permanente del funcionami­ento de nuestro sistema judicial, que tantas falencias tiene. De ahí los resquemore­s que su actuación despierta en aquellos tribunales que se encuentran en falta, así como la gratitud en quienes han asistido con creciente preocupaci­ón a la pérdida de independen­cia judicial y a la proclivida­d de ciertos jueces a ser cómplices de la corrupción más grande en la historia de nuestro país. Es de esperar que los nuevos representa­ntes de los abogados de la ciudad de Buenos Aires y del interior honren la línea impresa por Piedecasas si a alguno de ellos le tocase presidir el Consejo.

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Miguel Piedecasas

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