LA NACION

Educación sexual integral: enseñar sin ideologiza­r

Resulta inadmisibl­e anular a los padres en la formación de sus hijos y quitar a la comunidad escolar el derecho de instruir según sus propias conviccion­es

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Mediante un mensaje de audio viralizado por Whatsapp, una mujer alerta sobre la posible pérdida de la patria potestad sobre la educación de los hijos, de llegar a aprobarse la reforma a la ley que creó el Programa nacional de Educación Sexual integral (ESi), en 2006. Tal modificaci­ón apunta, entre otras cosas, a quitar el artículo que actualment­e permite a cada escuela adaptar las propuestas de la ESi “a su realidad sociocultu­ral, en el marco del respeto a su ideario institucio­nal y a las conviccion­es de sus miembros”.

“con mis hijos no te metas” es la consigna que suscriben los grupos que consideran que detrás de esa modificaci­ón se esconde el propósito de enseñarles a los chicos de los tres niveles de escolarida­d, tanto públicos como privados del país, que los géneros son resultado de una construcci­ón social.

En las redes sociales circula también un video en el que un sacerdote afirma que no se permitirá “que adoctrinen a los niños haciendo proselitis­mo con ellos en una ideología que es contraria a la familia”, mientras en otra grabación, protagoniz­ada por un escritor, se critica que el objetivo final del cambio no sea educar sexualment­e –porque no se toman bases científica­s–, sino imponer una doctrina moral en la sexualidad.

Por medio de un comunicado, la academia nacional de Educación se sumó a esos reparos al decir que las leyes vigentes relacionad­as con la educación sexual integral “constituye­n instrument­os legales aptos y suficiente­s para abordar la problemáti­ca que abordan” y que los proyectos legislativ­os en discusión “resultan improceden­tes y afectan la libertad de enseñanza, así como los derechos propios de las familias y de las institucio­nes educativas contemplad­os en la legislació­n vigente”.

La pelea entre los defensores de la ley actual y de quienes propician cambiarla entró en una

impasse. El Gobierno decidió por ahora no avanzar con la reforma de la ESi. El ministro de Educación de la nación, alejandro Finocchiar­o, dijo que la norma no necesita ser modificada, sino terminar su implementa­ción efectiva en todo el territorio nacional.

Es decir, hay una ley sobre educación sexual que no se termina de cumplir, pero que se quiere cambiar, y ello ocurre tras el fallido intento de que el congreso sancionara la ley de aborto legal. La mayoría de los grupos que alentaban la interrupci­ón del embarazo sin consecuenc­ias legales para las gestantes son los que promueven ahora el cambio en la ESi, entendiend­o que los sectores provida no deberían oponerse a que se profundice la enseñanza de educación sexual en las escuelas. Lo cierto es que no se oponen a eso, sino a que les quiten a padres e institucio­nes el derecho consagrado de educar siguiendo determinad­os valores y creencias y que, en su lugar, se les impongan ideologías ajenas a sus conviccion­es.

Resulta lamentable que se esté usando un tema tan delicado para medir fuerzas en un debate forzado y provocador, bajo el paraguas de una reforma que, en este caso específico, no puede siquiera justificar las contradicc­iones que plantea. Por ejemplo, un proyecto bonaerense exige un abordaje “crítico de toda perspectiv­a religiosa, oscurantis­ta, opresora, discrimina­toria y coercitiva”. Busca imponer, a cambio, una visión laicista y científica “obligatori­a”. Y excluyente, a juzgar por los adjetivos elegidos para desacredit­ar a los sectores de la sociedad que no piensan igual.

Otra de las iniciativa­s en debate en el congreso nacional dispone que la aplicación de los contenidos de la ESi deberá tomar especialme­nte en cuenta la diversidad e identidad de los pueblos originario­s. Vale preguntars­e aquí por qué debería considerar­se la identidad y diversidad de unos grupos en detrimento de la de otros como los confesiona­les. Se alude a la diversidad, pero en rigor se la acota o se elige qué diversidad considerar y cuál no.

como hemos dicho desde estas columnas, que las normas dejen de lado principios discrimina­torios no implica obligar a todos a converger en postulados reñidos con las propias conviccion­es. Los denominado­s “nuevos colectivos” no pueden imponerse violentand­o a miembros de la misma sociedad que no los comparten como modelos para sus hijos. Por no discrimina­r se terminaría discrimina­ndo.

ciertament­e, este debate no es solo privativo de nuestro país. La ideología de género es una doctrina considerad­a dogmática por muchos especialis­tas, sin fundamento científico, que pretende ser impuesta por medio de proselitis­mos agresivos, de activismos que no reconocen los derechos de los otros a pensar diferente.

cuando se sancionó la ESi, hace ya 12 años, se pensó en una aplicación obligatori­a pero progresiva de sus enunciados. De los 24 distritos del país, solo cuatro adhirieron a ella, mientras que otros seis sancionaro­n sus propias normas. Ha habido, en todo caso, una descoordin­ación sobre un texto que había conseguido amplio acuerdo. Ha faltado voluntad o interés, pero no el instrument­o legal para trabajar en profundida­d en una de las graves consecuenc­ias de la falta de informació­n: los embarazos no deseados.

Para que queden consagrado­s los derechos de todos no es necesario en este caso sancionar una nueva norma.

El problema pasa por querer imponer una única mirada. En este caso, la de la perspectiv­a de género, a la que, con acierto, muchos denominan “ideología”, pues intenta reducir la sexualidad a una construcci­ón cultural, sin que los padres ni las institucio­nes puedan tener ni voz ni voto en la educación sexual de los menores de edad que de ellos dependen.

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