Alerta por la sobrecarga en juzgados orales claves
Sufren déficits que complican el avance de los juicios
Una indisimulable sobrecarga de trabajo y graves problemas de infraestructura aquejan a los ocho tribunales orales federales que el año próximo deben juzgar casos de corrupción de alto voltaje político, entre ellos, el que en febrero sentará en el banquillo a Cristina Kirchner por el reparto de obra pública en Santa Cruz.
La situación preocupa al Gobierno, que ya intentó reformas –hasta ahora inconclusas– para moderar la crisis. Las ratas amenazan los documentos y falta espacio para acomodar a funcionarios. Mientras tanto se dilatan los juicios y se extienden las prisiones preventivas al filo de los límites legales.
El Renault Megane que el Consejo de la Magistratura le había asignado al tribunal llevaba poco más de una semana parado en el estacionamiento oficial de Comodoro Py. No arrancaba. Cuando la jueza Adriana Palliotti y el ordenanza que la acompañaba levantaron el capot para ver qué pasaba, saltaron las ratas. Habían hecho allí su madriguera y se habían comido gran parte de la instalación eléctrica del motor, diría después el informe oficial del taller mecánico.
Palliotti es jueza del Tribunal Oral Federal 4, el que hoy lleva adelante el juicio oral más grande de corrupción que involucra al kirchnerismo: la causa de lavado de dinero por la que está preso Lázaro Báez, que llegó a juicio con 25 acusados, 191 cuerpos de expediente (unas 38.200 hojas) y 270 incidentes.
Los tribunales orales federales serán los responsables de juzgar, el año próximo, más de una decena de casos por corrupción y de altísimo voltaje político. Entre ellos, el caso que investiga el reparto de obra pública –el primer expediente que llevará a Cristina Kirchner al banquillo, a partir de febrero–; las causas por los negocios hoteleros e inmobiliarios del matrimonio Kirchner (Hotesur y Los Sauces); el caso por el memorándum con Irán, y la investigación por la venta de dólar futuro. Probablemente llegue además un primer tramo del caso de los cuadernos de las coimas.
Todas estas causas se sumarán a juicios de lesa humanidad que todavía no se terminaron y a casos del menemismo aún pendientes, como la causa por la venta de la Rural.
Mientras tanto, las condiciones de trabajo de los ocho tribunales orales en lo criminal federal de la ciudad de Buenos Aires distan mucho de ser las ideales. Los problemas de infraestructura son serios.
Además del peligro de las ratas, que también son una amenaza para los contenedores con documentos instalados frente a los tribunales, tienen un grave déficit de espacio para acomodar a funcionarios y empleados así como a los “efectos” secuestrados en las investigaciones. Las pilas de cajas y expedientes se apilan hasta el techo en pasillos y despachos.
En estos días, el Poder Judicial avanza en los diálogos con la Armada y el Ministerio de Defensa para que le presten unos 200 metros del Edificio Libertad, a otro lado de la avenida Comodoro Py.
Pero más allá de la urgencia física, el problema central de los tribunales orales federales es que tienen tantos juicios por hacer que cada tribunal lleva adelante varios en simultáneo. No encuentran otra solución para el cuello de botella. Así, el juicio oral de Báez, por ejemplo, se hace una sola vez por semana, los miércoles. El resto de los días los jueces del TOF 4 están juzgando casos de narcotráfico, secuestros y delitos de lesa humanidad.
Además, ofician de subrogantes en juicios de otros tribunales. Y estos jueces no son una excepción. Así, en el juicio oral por enriquecimiento ilícito contra José López –la causa del revoleo de los bolsos en el convento–, por ejemplo, solo se hacen audiencias los jueves.
Las prisiones preventivas
Mientras tanto, se demora la definición de la situación de los acusados y se eternizan las prisiones preventivas, detenciones sin condena que la legislación solo autoriza como algo muy excepcional.
En abril próximo, cuando su juicio todavía esté en trámite, Báez va a cumplir tres años preso. Es el máximo, estirado al máximo, de la prisión preventiva que permite la ley. Como para entonces no va a tener sentencia y va a estar en pleno juicio, volverán a prorrogarle su detención. Tan claro es que la prisión preventiva es una anomalía que incluso el ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo –en declaraciones que indignaron a Elisa Carrió– que “nunca es una herramienta buena, sobre todo cuando son prisiones preventivas prolongadas”. Garavano no hablaba solo en abstracto, había dicho también que “nunca es bueno para un país que un expresidente esté detenido o se pida su detención”, en referencia al pedido de desafuero de Claudio Bonadio contra Cristina Kirchner.
Si la expresidenta no tuviera fueros estaría cumpliendo una prisión preventiva, como lo estuvo su vicepresidente Amado Boudou y como lo está quien fue su ministro más poderoso Julio De Vido.
“Las prisiones preventivas van a ser un gran tema de discusión el año próximo”, vaticinó a la nacion un senador del PJ no kirchnerista que sigue de cerca los temas judiciales. “Los políticos no son los militares…, va a haber problemas”.
A principios de este año, el Gobierno tenía un plan para agilizar los jui- cios. Había conseguido aprobar una ley que además de crear dos tribunales autorizaba al Consejo de la Magistratura a “federalizar” tribunales penales ordinarios. Eso le permitía trasladar a Comodoro Py tribunales orales criminales que contaran con el visto bueno del Gobierno, que tenía mayoría en el Consejo.
Pero la Corte Suprema lo frenó con los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Era el germen de lo que en la Casa Rosada llaman, con intenciones de dejar en claro que los consideran actores partidarios, la nueva “mayoría peronista”.
Hubo entonces que cambiar el sistema. Para federalizar tribunales ahora le sigue bastando al Consejo los votos de una mayoría simple (que el Gobierno conserva), pero la transformación no puede ejecutarse sin un previo acuerdo del Senado, donde el PJ es fuerte. En los tribunales orales federales no todos los jueces están de acuerdo con este sistema de federalización. “El paso por el Senado no suple el concurso específico. Esto sigue siendo poner jueces a dedo”, se quejó un magistrado.
El Poder Judicial negocia para que le presten unos 200 metros del Edificio Libertad
En febrero comenzará el juicio por las obras en Santa Cruz