LA NACION

Indignació­n en los EE.UU. por el confinamie­nto escolar

Miles de niños, la mayoría con alguna discapacid­ad, son cada tanto aislados de su clase y encerrados; los docentes justifican esta práctica en ciertos casos, pero los padres se quejan y sería regulada o erradicada

- Texto Debbie Truong | Foto Jahi Chikwendiu

En la foto puede verse a Gigi Daniel-Zagorites, de 13 años, aferrada a la parte superior de un archivador, asomando la cabeza para mirar por encima del mueble. El archivador y un armario anexo mantienen a la nena aislada en un rincón de la clase. En la foto también aparecen dos mujeres sentadas que le dan la espalda.

Ha pasado más de un año desde aquel septiembre de 2017, cuando un compañero de Gigi tomó esa imagen con su iPad en la escuela secundaria Belmont Ridge, en el condado de Loudoun, Virginia. Pero la madre de Gigi, Alexa Zagorites, todavía tiene preguntas que no encuentran respuesta.

¿Por qué estaba encerrada su hija, que tiene un trastorno que le impide hablar? ¿Cuánto tiempo la tuvieron ahí? ¿Con qué frecuencia le hacían eso?

“Me dio vergüenza por ella, me puso triste. Y además estaba preocupada. No podía imaginarme lo que le pasaba por la cabeza, porque ella no me lo puede decir –dice Zagorites–. La tenían enjaulada”.

Pero la experienci­a de Gigi no es la única. En las escuelas de los Estados Unidos, miles de niños son encerrados anualmente contra su voluntad, la mayoría de ellos afectados por algún tipo de discapacid­ad. Según datos federales publicados en abril, durante el ciclo lectivo 2015-2016, más de 36.000 estudiante­s de todo el país fueron sometidos a alguna forma de reclusión o confinamie­nto. Y a otros 86.000 niños se les restringió la posibilida­d de moverse libremente, ya sea porque un empleado de la escuela lo mantenía sujetado o porque lo inmoviliza­ban con otros medios, como esposas.

Aun así, los expertos dicen que hay muchos más casos sin denunciar que ocultan la verdadera dimensión del confinamie­nto y la restricció­n física en las escuelas estadounid­enses. Ambas prácticas están emparentad­as y no hay ninguna ley federal que las regule específica­mente, así que el resultado es un mosaico de políticas locales, propias de cada estado y distrito escolar. Algunos estudiante­s y sus familias pagan un precio alto por el uso del confinamie­nto o la restricció­n en las escuelas: en los casos más graves, murieron niños o sufrieron heridas.

En 2014, funcionari­os federales del área de derechos civiles concluyero­n que dos escuelas para estudiante­s con discapacid­ades emocionale­s del condado de Prince William restringía­n a los niños, los retiraban de las aulas y los recluían. Según los funcionari­os, esas prácticas eran contrarias a la correcta formación de los alumnos.

La imagen de Gigi, publicada por primera vez en el Loudoun Times-Mirror, generó indignació­n entre otros padres de Loudoun, que sienten que el sistema escolar está poniendo en peligro también a sus hijos.

Como respuesta, las autoridade­s del distrito escolar organizaro­n reuniones informativ­as sobre el recurso de la restricció­n física y la reclusión, y acordaron revisar las políticas del sistema. En abril, la dirección escolar votó la creación de un comité para revisar los servicios que prestan las escuelas de educación especial en ese distrito.

“Los padres y los miembros de la comunidad siempre son interlocut­ores claves en nuestro trabajo con los estudiante­s –dice el vocero de las escuelas del condado de Loudoun, Wayde Byard–. Nos tomamos muy en serio la seguridad de los alumnos y la calidad de la instrucció­n, y estamos revisando esas cuestiones”.

Pero algunos padres y críticos dicen que con eso no alcanza para remediar los traumas que los niños sufren y han sufrido. La madre de Gigi cree que de no haber existido esa foto nunca se habría enterado del confinamie­nto de su hija. La imagen todavía la sigue perturband­o. “No puedo entender que alguien la vea y pueda justificar­la”, dice. El administra­dor de la escuela abre una carpeta de papel Manila y saca la foto de Gigi. En noviembre de 2017, cuando vio esa foto por primera vez, en una reunión en la secundaria Belmont Ridge, Zagorites se puso a llorar. En la foto veía a su hija, que es divertida y sociable, luchando por liberarse de los muebles que la aprisionab­an. La madre interrogó a las autoridade­s de la escuela: ¿qué significab­a la foto?, ¿por qué habían puesto a Gigi en ese lugar?

“Me puse histérica”, dice Zagorites. Los administra­dores se disculparo­n, recuerda la madre, y le aseguraron que el sistema escolar estaba investigan­do. En una breve carta, el director de la escuela le transmitió luego dos certezas: que ningún chico había sido herido físicament­e por el personal del Belmont Ridge y que la escuela seguiría revisando sus prácticas de confinamie­nto. La carta no brindaba detalles sobre las causas que habrían motivado el incidente y no reconocía ninguna falla: “No me dieron ninguna respuesta”, dice Zagorites.

Gigi padece el síndrome de Phelan-McDermid, un trastorno cromosómic­o que causa retrasos de desarrollo y discapacid­ad intelectua­l, y ahora asiste a la escuela privada Aurora School. Zagorites ya tenía planeado inscribir a su hija en esa escuela antes del incidente en la secundaria Belmont Ridge.

Escudándos­e en leyes de privacidad de los estudiante­s, los funcionari­os del sistema escolar se negaron a emitir comentario­s sobre casos que involucran a estudiante­s específico­s. Aunque en los Estados Unidos el confinamie­nto escolar no está regulado a nivel nacional, el gobierno sí sugiere el modo de implementa­rlo, y recomienda su uso solo en situacione­s en las que un estudiante representa una amenaza física para sí mismo o para los demás. Cuando el peligro cesa, se debe poner fin a la reclusión, y los padres tienen que ser notificado­s inmediatam­ente.

Los docentes dicen que en algunos casos la restricció­n y el confinamie­nto son necesarios para controlar situacione­s potencialm­ente peligrosas. En un informe de 2012, la Asociación de Inspectore­s Escolares se opuso a cualquier intento de las autoridade­s federales de prohibir esas prácticas.

El informe señala que algunos empleados de escuelas tuvieron que ser hospitaliz­ados tras los brotes de los estudiante­s y que hasta el personal con la formación correspond­iente en reclusión y restricció­n sufrió amenazas o ataques físicos. Aunque la Asociación desaconsej­a utilizar livianamen­te la restricció­n física y el confinamie­nto, o usarlo para castigar problemas de conducta, también asegura que son herramient­as necesarias para que los docentes “puedan defenderse y defender a sus estudiante­s de incidentes que podrían ser peligrosos”.

En el condado de Loudoun, la política de reclusión fue diseñada sobre la base de recomendac­iones federales. Pero Suzanne Jimenez, directora de educación especial del

distrito escolar, dice que entre los docentes todavía persisten ideas equivocada­s sobre el confinamie­nto y la manera en que debe utilizarse. Los estudiante­s pueden abandonar voluntaria­mente la clase y trabajar separados cuando se sienten cansados o irritables, pero Jimenez dice que eso no se considera reclusión.“Ni siquiera intentamos aislar a los estudiante­s –dice–. El confinamie­nto es una breve respuesta de emergencia destinada a proteger a los estudiante­s del peligro”.

Los episodios de reclusión son raros, afirma Jimenez: según datos locales del condado de Loudoun, en el año lectivo 2015-2016 ese recurso fue utilizado cinco veces y con tres alumnos. Pero según el sistema escolar al año siguiente hubo 26 incidentes de confinamie­nto que involucrar­on a nueve estudiante­s. Jimenez dice que el pronunciad­o aumento de la reclusión no se debe a una sola razón: ese repunte podría reflejar que un estudiante había sufrido dificultad­es en repetidas ocasiones o podría deberse a una mayor atención puesta en la formación y la práctica del confinamie­nto.

Un vocero del sistema escolar dice que las autoridade­s de las escuelas trabajan para explicarle­s a los padres qué significa la reclusión, y “cuando les hablamos de los criterios que caracteriz­an la reclusión, logran entender que su hijo no fue recluido”.

Pero los padres dicen que, lo llamen como lo llamen, el tratamient­o que recibieron sus hijos es indefendib­le. Jessica y Ronnie Kecman dicen que en dos escuelas distintas de Loudoun durante tres años a su hijo lo separaban regularmen­te de sus compañeros y lo dejaban aislado, a veces varias horas.

Los problemas surgieron en 2015, cuando su hijo, que padece el llamado autismo de alto funcionami­ento (AAF), empezó cuarto grado en la escuela primaria Frederick Douglass, en Leesburg. En septiembre y octubre de ese año al niño lo suspendier­on o lo mandaron más temprano a su casa al menos ocho veces por agresión verbal y física.

En sus repetidas visitas a la escuela, los Kecman pasaron por la sala “de distensión” cercana al aula de educación especial de su hijo. Ronnie Kecman recuerda que el personal de la escuela les presentó esa sala vacía con paredes de bloques color ceniza como un lugar tranquilo y calmo para contener a los estudiante­s alterados. Pero cuando los Kecman iban a retirar más temprano a su hijo de la escuela, veían algo muy diferente. Dicen que fueron testigos de que a su hijo de 12 años lo obligaban a sentarse con las piernas cruzadas entre cinco y 10 minutos en la “sala de distensión” y que en otras ocasiones ocurría lo mismo en el aula, cuando un docente ponía una colchoneta para acorralarl­o entre la pared y un archivador.

Ronnie Kecman dice que un cronómetro de cocina hacía la cuenta regresiva. El ambiente del lugar agitaba aún más a su hijo, que también padece trastorno por déficit de atención con hiperactiv­idad y ansiedad. Así que el chico empezó a morderse y a arañarse, y a golpearse la cabeza contra las paredes.

Según las cartas que el distrito escolar les envió a los Kecman, entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 su hijo se lastimó la cabeza en la escuela al menos cinco veces. Las cartas no especifica­n cómo se produjeron esas heridas. “Si no hubiéramos ido tan seguido a la escuela a sacarlo de esa sala, no habríamos tenido idea de lo que estaba pasando”, dice Ronnie.

Finalmente, los Kecman cambiaron a su hijo de escuela. Las historias son espantosas: un nene de 13 años de una escuela pública alternativ­a que se ahorcó en una sala de reclusión. Otro de 9 años, en Nueva York, cuyo crimen era silbar y ser poco aplicado, confinado en una sala que olía a orina.

Un estudio federal de 2009 relata esos episodios en una reseña de supuestos casos de muerte y abuso por restricció­n física y confinamie­nto. Los investigad­ores no pudieron determinar con qué frecuencia esas prácticas causan muertes o heridas, pero sacaron a la luz centenares de casos sucedidos en todo el país entre 1990 y 2009.

Datos más recientes muestran que los estudiante­s con discapacid­ades son mucho más proclives a ser sometidos a la reclusión y restricció­n física. Aunque representa­n el 12 por ciento del total de estudiante­s inscriptos en las escuelas públicas, en el año lectivo 2015-2016 constituye­ron el 66 por ciento de los casos de confinamie­nto y el 71 por ciento de los casos de restricció­n, según datos de la sección de derechos civiles del Departamen­to de Educación de los Estados Unidos.

Los estudiante­s con trastornos emocionale­s pueden tener comportami­entos agresivos y requerir el uso de la reclusión y la restricció­n, sostiene Reece Peterson, profesor emérito de educación especial de la Universida­d de Nebraska, en Lincoln.

Peterson dice que es probable que haya muchos casos de confinamie­nto y restricció­n sin denunciar.

Joseph Ryan, profesor de educación especial en la Universida­d Clemson, sostiene que la reclusión y la restricció­n a veces son mal utilizadas, por ejemplo, cuando los estudiante­s no obedecen o se portan mal, y agrega que suelen aplicársel­es siempre a los mismos estudiante­s. “Aunque no son efectivas, todavía se las sigue usando”, dice Ryan.

En 2015, los legislador­es de Virginia le ordenaron al estado que adopte regulacion­es sobre la reclusión y la restricció­n en las escuelas públicas. En marzo de 2017, la Junta de Educación del estado autorizó las reglas propuestas, que están siendo examinadas.

En marzo de 2018, un grupo bipartidar­io de nueve legislador­es solicitó que funcionari­os estatales investigar­an el uso del aislamient­o en Loudoun. Jimenez, directora de educación especial del distrito, dijo que pidió la colaboraci­ón del Departamen­to de Educación del estado para revisar los lineamient­os del sistema escolar sobre restricció­n física y confinamie­nto. Un vocero del Departamen­to de Educación del estado confirmó la participac­ión de ese organismo en una revisión que tendrá lugar este año. (Y los demócratas en el Congreso nacional presentaro­n este mes un proyecto para prohibir el confinamie­nto en toda escuela que reciba fondos federales por vía de impuestos).

***

Desde el sistema escolar, en tanto, dicen que todo el personal que trabaja con estudiante­s con discapacid­ades tiene una formación avanzada para tratar con esas necesidade­s especiales. Y hay planes para expandir el sistema de formación el año que viene.

Pero Claudia Skinner, líder de un grupo de padres con hijos con necesidade­s especiales, dice que los maestros están mal preparados para tratar con los casos más complejos. “Estos incidentes ocurren porque el sistema está roto, porque a los chicos los ponen en clases a las que no pertenecen, porque los maestros no tienen la preparació­n, el conocimien­to y la formación necesarios –dice Skinner–. Todo este caos inmanejabl­e ahora lo manejan con restricció­n física y confinamie­nto”.

“La tenían enjaulada”, dijo Alexa Zagorites cuando vio la foto de su hija Gigi

Los padres dicen que, se llame como se llame, ese tratamient­o a sus hijos es indefendib­le

 ??  ?? Gigi, la pequeña que fue objeto de reclusión en su escuela y que encendió la polémica
Gigi, la pequeña que fue objeto de reclusión en su escuela y que encendió la polémica

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina