Buscan bajar el número de pensiones por invalidez laboral
PLAN. Los beneficiarios pasaron de 170.000, en 2006, a más de un millón, en 2015
Con un plan progresivo, el Gobierno retomó el objetivo de reducir la cantidad de personas que reciben del Estado pensiones por invalidez laboral. El número creció exponencialmente durante la presidencia de Cristina Kirchner –pasó de 170.000 beneficiarios, en 2006, a 1.034.743, en 2015– y el nivel se mantuvo en los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri. Hoy, son 1.048.000 personas. Esa cifra le exigirá al Estado desembolsar $114.000 millones durante el año próximo.
A diferencia de 2017, cuando se frustró un decreto que recortaba sustancialmente las pensiones, el Gobierno lanzó ahora una ofensiva a través del envío de cartas documento a los beneficiarios, que les otorgan el derecho de fundamentar la asignación que reciben.
Tras el frustrado intento del año pasado, el Gobierno volvió a la carga y puso en marcha hace dos meses un nuevo plan para depurar el padrón de beneficiarios de pensiones que otorga el Estado por invalidez laboral. Las cifras son sorprendentes: en 2006, el número de personas que recibían este beneficio ascendía a 170.000; cuando Cristina Kirchner finalizó su mandato, el padrón ascendía a 1.034.743 beneficiarios. Una suba del 508% en nueve años.
Durante los dos primeros años de gobierno de Mauricio Macri la cantidad de beneficiarios aumentó levemente y alcanzó en 2017 a 1.048.000 personas. El boom de pensionados por invalidez le costará al Estado $114.000 millones el año próximo: además del pago del beneficio propiamente dicho ($6516 mensuales y $9122 en la Patagonia, donde se cobra un plus por zona desfavorable), el Estado también se hace cargo de los gastos de traslado y de rehabilitación de la persona con discapacidad, además de su cobertura médica.
Estos costos totalizan un promedio de $16.000 mensuales extras por cada pensionado, explicaron a la nacion voceros de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Convencidos de que heredaron una nómina inflada a fuerza de clientelismo político durante el kirchnerismo, en el Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Carolina Stanley, se instrumentó en 2017 un plan drástico de recorte y redujo en 71.700 el número de beneficiarios, entre suspensiones y bajas. La medida, por lo inconsulta y sorpresiva, desató una ola de pedidos de amparo ante la Justicia y el rechazo generalizado de la oposición y de las asociaciones de personas con discapacidad (ver aparte).
El Gobierno debió dar marcha atrás, despidió al funcionario responsable y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, a la cual se le trasladó la responsabilidad del pago de las pensiones por invalidez laboral. Hace dos meses su flamante titular, Santiago Ibarzábal, instrumentó un nuevo plan para depurar la nómina de beneficiarios: el objetivo es detectar posibles incompatibilidades en el otorgamiento de la pensión, como así también eventuales irregularidades y situaciones de fraude.
El nuevo plan
Desde entonces ya se enviaron 9000 cartas documento; las personas intimadas son citadas a la Anses para que puedan ejercer su descargo y presentar las pruebas que, a su juicio, ameritan el cobro. Hasta ahora, 954 personas presentaron su descargo y se produjeron 403 renuncias.
Según explicaron en la Agencia Nacional de Discapacidad, la pensión no contributiva por invalidez solo puede ser asignada a aquellas personas que, por sus condiciones psicofísicas, se encuentran invalidadas para realizar cualquier actividad laboral. Para ello, el eventual beneficiario debe acreditar que posee una incapacidad laboral del 76%, que no recibe otro tipo de asignación estatal ni percibe otro tipo de ingresos, ni propios ni de su grupo familiar.
En buen romance, el Gobierno viró de una estrategia drástica de recorte de las pensiones a un procedimiento de depuración cuya efectividad tal vez no sea inmediata, pero que garantiza que no se judicializará. En la Agencia de Discapacidad no hay una estimación de la cantidad de incompatibilidades que se podrían detectar, aunque saltan a la vista situaciones anómalas que, sostienen, se deben corregir.
Hay casos llamativos. En la localidad de General Güemes, en Chaco, con 66.132 habitantes, hay 16.177 personas que perciben una pensión por invalidez laboral. El 24% de la población. Según un informe de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago del Estero encabeza el ranking de provincias con más beneficiarios, con el 8,87% de su población que recibe la asignación. Le siguen Chaco (7,92%), Formosa (7,74%), Misiones (6,55%) y Corrientes (5,29%).
“En nuestro país no debería haber más de 200.000 o 250.000 pensiones por invalidez laboral –planteó Martín Lousteau (Evolución Radical) durante el debate por la ley de presupuesto. Hasta 2007 en la Argentina hubo 180.000 pensiones por invalidez y ahora hay 1.050.000. Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes y 20.000 pensiones. En la Argentina hay 800.000 de más. Puede ser que se trate de asistencia social, pero no son pensiones por invalidez”.