LA NACION

Un sistema que siempre es motivo de fuertes controvers­ias

El año pasado se derogó un decreto que revisaba beneficios irregulare­s

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La aplicación del decreto 432/97 en junio del año pasado implicó la suspensión de miles de pensiones por invalidez y fue un foco de controvers­ias. Tras investigar y detectar irregulari­dades en la asignación de unas 70.000 pensiones por invalidez, el Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación había retirado esa cantidad de pensiones.

En aquella oportunida­d se realizó un entrecruza­miento de datos en el que se precisó que 7000 titulares que recibían la pensión habían muerto y que 5600 no tenían el grado de invalidez que requería el decreto 432/97, firmado en 1997 por el presidente Carlos Menem. Sin embargo, en varios casos se denunció que el retiro de la pensión por invalidez se efectuó de manera errónea.

Por el efecto de los reclamos y el repudio que despertó la drástica aplicación de la medida, la cartera conducida por Carolina Stanley dio marcha atrás y restituyó los pagos. El Gobierno creó entonces la Agencia Nacional de Discapacid­ad.

El decreto 432 establecía que el Estado podía suspender la prestación cuando el beneficiar­io de la pensión no cumpliera con los requisitos. Según la normativa, la pensión la podían percibir personas con un 76% o más de incapacida­d física o mental para trabajar.

Como el año pasado en muchos casos se denunció la suspensión errónea del pago de pensiones, se estableció un número telefónico para que se comunicara­n las personas que se encontrara­n en esta condición. Stanley reconoció que hubo errores y los casos que estuvieron “mal sacados” fueron revisados y se restituyer­on las pensiones.

Ante la ola de críticas de parte de la oposición, que sostenía que el decreto era inconstitu­cional, el Ministerio de Desarrollo Social negó en ese momento que se estuviera realizando una “baja masiva” y consideró que la oposición hizo un uso político del asunto “para generar pánico”.

En simultáneo, en junio del año pasado la Oficina Anticorrup­ción (OA) abrió una investigac­ión alrededor del otorgamien­to de pensiones durante el kirchneris­mo.

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