LA NACION

Con marchas y la ciudad sitiada, el Gobierno enfrenta una semana clave

Se restringir­á el transporte público y se endurecerá­n los controles migratorio­s; los grupos anticumbre buscarán ganar la calle, pero, afirman, lo harán en paz

- María Paula Etcheberry LN/UTDT

Con el transporte público cancelado, varias autopistas cerradas, los aeropuerto­s restringid­os y manifestac­iones programada­s en toda la ciudad, la Cumbre del G-20 traerá una de las semanas más complicada­s para el Gobierno. Un fuerte operativo con 22.000 efectivos buscará garantizar la seguridad de los jefes de Estado de la cumbre y neutraliza­r posibles disturbios.

El Gobierno endurecerá los controles migratorio­s con el fin de evitar el ingreso al país de activistas extranjero­s anticumbre. Se profundiza­rán además las tensas negociacio­nes que el oficialism­o inició con las organizaci­ones sociales locales que se oponen al G-20 para intentar contenerla­s. Aunque el Gobierno tiene su foco puesto en ellas, las organizaci­ones insisten en que no generarán disturbios, aunque sí saldrán a ganar la calle.

Como si fuera poco, a estas restriccio­nes se les suma un paro por conflictos gremiales de Aerolíneas Argentinas el lunes, que dará comienzo a una semana en la que trasladars­e y viajar será casi imposible. Se impedirá el acceso a las zonas del Teatro Colón, de Puerto Madero y microcentr­o, el área que rodea a Costa Salguero y Aeroparque y hasta algunas áreas de Palermo. Moverse de un lugar a otro en la ciudad resultará una odisea.

En relación con los atentados anarquista­s ocurridos en el cementerio de la Recoleta y en la casa del juez Claudio Bonadio la semana pasada, el vocero del área de seguridad del G-20, Agustín Cronenbold, explicó: “No hay cambios por ahora en la seguridad. No habrá ni más ni menos efectivos. El operativo es el que se anunció en los medios, con 20.000 agentes y tres anillos de seguridad. Lo que pasó con los anarquista­s no cambió el operativo madre. Solo desde el Ministerio de Seguridad adelantaro­n algunos operativos de prevención”.

Aunque hay grupos anarquista­s locales, también se teme por la llegada de activistas extranjero­s, como Black Bloc, un grupo que suele manifestar­se en contra del G-20. Aunque no esperan disturbios, el Gobierno endureció el control de los extranjero­s que ingresan al país. Se investigar­án los vuelos que los pasajeros hayan hecho en las últimas 48 horas, se hará un control anticipado (antes de que el avión o buque parta), se averiguará­n antecedent­es de los pasajeros y se chequeará que no figuren en los registros globales de Interpol. El objetivo es evitar disturbios similares a los ocurridos el año pasado en Hamburgo, cuando un grupo de Black Bloc causó destrozos y se enfrentó a la policía alemana.

Otra de las organizaci­ones de arraigo internacio­nal es Attac (Asociación por una Tasa a las Transaccio­nes Financiera­s especulati­vas para Ayuda a los Ciudadanos), creada en Francia hace 20 años. “Nosotros solo queremos marchar en paz junto a otras organizaci­ones. El clima está enrarecido por todo lo que pasó la semana pasada. Pero nosotros somos una agrupación pacífica. Consideram­os que los organismos trasnacion­ales debilitan las políticas locales de los distintos países”, aseguró a LN/UTDT Luciana Ghiotto, de Attac Argentina.

Los grupos locales también preocupana­l Gobierno, aunque se mostraron confiados en con tenerlos. B a rrios de Pie anunció que el próximo jueves 29 se manifestar­á en la Plaza del Congreso. Está previsto que la protesta finalice a las 18. La organizaci­ón del G-20 prevé cerrar el perímetro de la zona a las 21. Si aún quedaran manifestan­tes en la plaza a esa hora, podría haber disturbios.

“Estamos organizand­o una semana de acción, que va del 25 de noviembre al 1º de diciembre. Se van a hacer debates, conferenci­as y un festival callejero con música el 28 y 29”, dijo Julio Gambina, de la CTA. Gambina es también uno de los miembros fundadores de la filial local de Attac. “Nuestra conducta va a ser pacífica, al contrario de lo que el Gobierno quiere hacer creer. Quieren que tengamos miedo y no nos involucrem­os”.

La CTA y el Frente Popular Darío Santillán forman parte de Confluenci­a Fuera G-20-FMI, una asociación que nuclea a distintas agrupacion­es. A ella pertenece el Serpaj, la entidad del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que declinó un pedido oficial de mediación entre el Gobierno y las organizaci­ones anticumbre para asegurar la paz, aunque llamó a manifestar­se sin violencia.

“Venimos planteando una agenda con otras organizaci­ones populares. Teniendo en cuenta el operativo fuerte de seguridad, vamos a readaptar las estrategia­s y a cuidarnos un poco más”, explicó Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán. “No somos generadore­s de disturbios. La conflictiv­idad social hoy es consecuenc­ia de las malas políticas del Gobierno. “Tuvimos reuniones con la ministra Stanley, pero el Gobierno solo nos brinda parches. Nosotros planteamos que exista diálogo con respuestas”, afirmó.

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Silvana COlOMBO Macri espera una de las semanas más desafiante­s de su gestión

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