Más jueces pagarán el impuesto a las ganancias
La Corte revocó por unanimidad una medida cautelar
Todos los jueces que hayan asumido su cargo de 2017 en adelante deberán pagar el impuesto a las ganancias.
La Corte Suprema revocó ayer, por unanimidad, una medida cautelar que los eximía del tributo y que solo dejaba en condiciones de pagar a aquellos que vinieran de afuera del Poder Judicial. Así, hoy solo pagan 12 jueces nacionales y federales, el 1% del total.
Los cinco ministros de la Corte coincidieron en que en el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que había frenado la aplicación de la ley que imponía el pago a los nuevos magistrados, fue arbitrario. Según la Corte, no estaban acreditados en el caso los requisitos que exige una medida cautelar.
“No existen razones suficientes para adoptar una decisión cautelar de tal gravedad que exima del cumplimiento de lo ordenado por la ley a los sujetos representados por la actora [la Asociación de Magistrados]”, afirma el fallo.
La Corte destacó que la ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2016, que impuso el pago a los nuevos jueces, había sido sancionada “tras una amplia discusión de los poderes del Estado”.
Como el recurso que tenían a estudio no incluía la cuestión de fondo, sino solo la medida cautelar, los ministros dijeron expresamente que no estaban adelantando “opinión” sobre cómo debía aplicarse la ley.
El fallo de la Corte es un triunfo para el Gobierno, que había apelado la medida que hoy fue revocada. Como está pendiente “el fondo”, el expediente volverá ahora al juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari para que siga adelante con el trámite del expediente.
“Estamos muy conformes. La Corte nos dio la razón”, dijo a la nacion el ministro de Justicia, Germán Garavano, promotor del recurso contra la cautelar. “Ahora, la voluntad del Gobierno es trabajar con los jueces en solucionar esto y creemos que tienen intenciones de avanzar en este sentido”.
Por aplicación del nuevo fallo, debería empezar a descontárseles el tributo a los nuevos jueces (y también a los nuevos fiscales y defensores). No está claro todavía cómo.
La idea del Gobierno es sentarse en el marco de este juicio con su contraparte, la Asociación de Magistrados, y llegar a una solución que no implique que quien fue nombrado juez empiece a ganar menos que lo que percibía como secretario. Una alternativa podría ser que los nuevos magistrados solo paguen sobre las diferencias salariales; es decir, sobre la mejora que reciben por haber sido nombrados jueces.
Pero el Poder Ejecutivo aspira también a que el acuerdo al que lleguen sea la fórmula para que todos los jueces, incluso los que llevan muchos años en el cargo, paguen sobre los aumentos que reciban en adelante. Eso exigiría una nueva ley. Por eso, hay diálogos en marcha para formar una mesa tripartita de la que participen los tres poderes del Estado, informaron fuentes oficiales.
El fallo de la Corte cayó muy mal en la Asociación de Magistrados. “A nadie, por el hecho de que asciende, se le puede sacar un 30 por ciento del sueldo”, dijo una autoridad de la asociación a la nacion. “Lo que pedimos es que se reglamente la ley para saber cómo se va a solucionar este tema. Estamos dispuestos a una solución de equidad”, afirmó. En la asociación dijeron, no obstante, que no fueron convocados hasta ahora a ninguna mesa de diálogo.
En cuanto a la posibilidad de que a futuro paguen también el impuesto los jueces designados antes de 2017, la postura de la asociación es que se vería afectada la “intangibi- lidad de sus salarios”, protegida por la Constitución Nacional. Destacan que los aumentos que vienen recibiendo son, en realidad, ajustes por inflación.
Si bien los cinco jueces votaron en el mismo sentido, el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, y la vicepresidenta, Elena Highton, hicieron juntos una “ampliación de fundamentos” relacionada con el “considerando 14”, el punto del fallo en el que la Corte afirmó que “los magistrados honrados con un cargo que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley cabalmente”.
Rosenkrantz y Highton dijeron que compartían lo expresado en ese considerando “únicamente en el entendimiento de que ello no puede implicar negar ni limitar en modo alguno el derecho del que gozan los magistrados, al igual que todo ciudadano, de plantear ante la Justicia sus agravios respecto de lo que consideren ser sus derechos” y que eso incluye la facultad de los jueces de “cuestionar la validez” de normas.
El caso
La acción central promovida por la Asociación de Magistrados en este caso fue una “acción declarativa de certeza” sobre los alcances de ley 27.346, votada a instancias del oficialismo, que imponía el pago de Ganancias a los nuevos jueces. La ac- ción –a la que agregaron un pedido de medida cautelar– era para que “se despejara la incertidumbre” sobre el texto de la ley, que dice que están obligados a pagar los magistrados “cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017 inclusive”.
El debate que planteó la asociación giró en torno al concepto de “nombramiento”. Según la demanda, aquellos que ya trabajaban en el Poder Judicial ya habían sido “nombrados” cuando ingresaron y el ascenso no implicaba entonces “nombramiento”. Con la cuestión de fondo pendiente, el juez Furnari resolvió la cautelar en favor de los jueces. Ese fallo fue confirmado por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Es el que revocó ayer la Corte.