Los frágiles argumentos de Cristina
Desde que se hizo pública la existencia de los cuadernos de Centeno, donde se narra con meticulosa precisión la ruta de las coimas que pagaba una parte de la elite empresarial argentina a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el kirchnerismo apeló a variados argumentos para eximir de responsabilidad a su jefa en la trama delictual que se investiga. Frente a las evidencias que se acumulan en los juzgados de Comodoro Py, los seguidores de CFK y la propia expresidenta intentan descalificar las acusaciones apelando esencialmente a cinco argumentos que analizaremos a continuación:
1) Se trata de un montaje de “los poderes concentrados” para socavar los liderazgos nacionales y populares en la región. Si fuese cierto, ¿por qué José Mujica, expresidente uruguayo y líder popular, no tiene ninguna causa judicial por corrupción? ¿Por qué el presidente de Bolivia, Evo Morales, y la expresidenta chilena Michelle Bachelet, no son investigados por la Justicia? Todo parece indicar que la diferencia entre CFK y el resto de los líderes de izquierda y centroizquierda es el incremento exponencial de su patrimonio. No se trata de destruir liderazgos populares, sino de juzgar posibles conductas delictivas.
2) CFK ignoraba cualquier circunstancia ligada a las coimas cobradas durante su gestión. Esta es la justificación más asombrosa. ¿Puede la presidenta desconocer que a su alrededor circulaban millones de dólares por circuitos ilegales a través de sus secretarios privados, ministros y secretarios de Estado? En los 8 años de su mandato, ¿no se le ocurrió indagar acerca de la veracidad de las declaraciones del exministro de Economía Roberto Lavagna cuando denunció la cartelización de la obra pública? ¿No le llamó la atención el enriquecimiento desmedido de sus amigos empresarios, Lázaro Báez y Cristóbal López, y del exsecretario privado de su marido Daniel Muñoz? ¿No pensó que alguna de las múltiples denuncias que durante su gestión se tramitaban ante la Justicia podían ser veraces, y comenzar a extremar los controles sobre sus funcionarios? Ante tantas evidencias caben solo dos interpretaciones: la expresidenta era incompetente, lo cual es grave tratándose de la primera magistrada, o era cómplice. La Justicia deberá determinar cuál de las dos hipótesis es correcta.
3) El Gobierno utiliza los procesos judiciales para ocultar la crisis económica. Esta aseveración se puede formular al revés: “La crisis económica es utilizada por el kirchpregunto: nerismo para poner en un segundo plano a la corrupción”. Cualquiera de las dos formulaciones es un insulto a la inteligencia. Y es una afrenta a la experiencia histórica de la ciudadanía decir que puede ser engañada a la hora de decidir si el dinero le alcanza, si sus hijos pueden alimentarse correctamente, si consiguen empleo, si tienen una jubilación digna, etcétera. Es posible que las penurias económicas pongan en un segundo plano a la indecencia, sin embargo debemos tener claro que no se trata de una disputa entre la equidad y la decencia, sino de una lucha por ambas.
4) Se pretende encubrir los even- tuales hechos de corrupción del actual gobierno y la familia presidencial investigando solo a la administración K. Frente a esta aserción cabe preguntarse: ¿la corrupción ajena justifica la indecencia propia? Los eventuales delitos de hoy no pueden invocarse para justificar los posibles delitos de la anterior gestión. Los exfuncionarios y los actuales gobernantes deben someterse al escrutinio público y a la Justicia. Terminar con la impunidad es una deuda que la democracia tiene con la sociedad. Parece haber llegado la hora de saldarla.
5) CFK es víctima de persecución judicial porque en la Argentina no está vigente el Estado de Derecho. Los rasgos centrales del Estado de Derecho son: imperio de la ley para gobernantes y gobernados, división de poderes, respeto a los derechos humanos, garantía de los derechos y libertades fundamentales, vigilancia y fiscalización de los poderes públicos, y control de constitucionalidad. Estas características han estado presentes, con avances y retrocesos, desde 1983, en todos los gobiernos democráticos. Afirmar que hoy no rige el Estado de Derecho en la Argentina es faltar a la verdad.
El 10 de diciembre celebraremos 35 años de democracia ininterrumpida, camino a cumplir los 100 años que auguró Raúl Alfonsín. Por haber padecido golpes y dictaduras, estamos muy alertas para detectar cualquier deriva autoritaria y sabemos distinguir cuándo el personalismo desplaza al Estado de Derecho o cuándo la autocracia avanza sobre la democracia. Nada de esto está sucediendo. Las justificaciones inconsistentes que se esgrimen para defender a la expresidenta no la exculparán de sus responsabilidades. El único modo de reivindicarse será demostrando su inocencia ante la Justicia, como cualquier ciudadana.