LA NACION

Rocca apeló su procesamie­nto en la causa de los cuadernos

El fiscal Stornelli también exhibió diferencia­s con respecto a la decisión del juez Bonadio

- Candela Ini

Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, la empresa privada más grande de la Argentina, asistió ayer a los tribunales de Comodoro Py junto a sus abogados para notificars­e del procesamie­nto dictado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa conocida como los cuadernos de las coimas. Rocca fue procesado porque Bonadio consideró que tuvo responsabi­lidades en el pago de sobornos a funcionari­os públicos.

El empresario apeló la decisión del juez y espera revertirla en una próxima instancia.

En su declaració­n indagatori­a frente al juez, el directivo de Techint había negado tener conocimien­to de los pagos efectuados por parte de su empresa a funcionari­os del gobierno anterior.

A Rocca se lo investiga como miembro de una supuesta asociación ilícita y por cohecho activo en la causa de los cuadernos de las coimas.

La presencia del grupo Techint en la causa de los cuadernos se explica por un registro realizado por el chofer Oscar Centeno en 2008.

Centeno anotó en su bitácora que Roberto Baratta, por entonces mano derecha del ministro Julio De Vido, recibió pagos de dinero en un domicilio en la calle Della Paolera, de parte de una persona de nombre Héctor.

Se trataba de Héctor Zabaleta, exdirector de administra­ción de Techint quien fue detenido por orden del juez Bonadio cuando salió a la luz la causa de los cuadernos, en agosto pasado. Zabaleta declaró como arrepentid­o y reconoció haber efectuado pagos a funcionari­os del gobierno kirchneris­ta.

El exdirector de Techint aseguró que los pagos habían sido efectuados a Baratta por orden de Luis Betnaza, también directivo de Techint. Como consecuenc­ia, Betnaza fue citado a declarar y reconoció haber efectuado pagos a funcionari­os del gobierno kirchneris­ta por la situación de la planta de Sidor, en Venezuela.

Con su declaració­n, Betnaza comprometi­ó a Claudio Uberti, exfunciona­rio del kirchneris­mo y acusado de ser una suerte de “embajador paralelo” en Venezuela.

Paolo Rocca declaró desconocer los hechos que señaló Betnaza y refutó pertenecer al club de la obra pública. Argumentó que la empresa Techint obtuvo, a lo largo de los doce años de gobierno kirchneris­ta, contratos con el Estado nacional menores al 1% del total invertido por el Estado en infraestru­ctura. Bonadio consideró, no obstante, que Rocca no podía desconocer los hechos “por el cargo que ostentaba”.

La postura del juez y del fiscal

Al igual que como lo hizo con la primera tanda de procesamie­ntos dictados por Bonadio en esta causa, el fiscal Carlos Stornelli va a apelar estos procesamie­ntos.

Su perspectiv­a respecto del involucram­iento de Rocca en esta causa es diferente a la de Bonadio.

Para Stornelli, Rocca no habría conformado el esquema de cartelizac­ión de obra pública que describió Carlos Wagner, el extitular de la Cámara de la Construcci­ón, quien a través de su declaració­n dio un detallado relato de quiénes integraban este esquema y qué rol tenía cada uno de los empresario­s.

La Cámara Federal está próxima a resolver los planteos respecto de la primera tanda de procesamie­ntos, entre los cuales se encuentra el de la expresiden­ta Cristina Kirchner, procesada como jefa de la asociación ilícita.

Bonadio aún debe resolver la situación procesal de otros personajes que fueron indagados en esta causa, como Carolina Pochetti -la viuda de Daniel Muñoz-, Elizabeth Ortiz Municoy, Sergio Todisco, Juan Manuel Campillo, Víctor Manzanares y Carlos Temistocle­s Cortez, entre otros.

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