El ejemplo mendocino
En varias oportunidades nos hemos referido desde estas columnas a la sabia Constitución de 1916 de la provincia de Mendoza, que impide la reelección inmediata del gobernador y del vicegobernador al concluir sus mandatos, al tiempo que también prohíbe la elección para esos cargos de los parientes de los funcionarios salientes, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. De esta manera, esa provincia y la de Santa Fe dan un ejemplo a otras.
Sin embargo, un resquicio normativo promovía la vigencia de cacicazgos departamentales, pues la limitación para la reelección indefinida no incluía a los intendentes municipales. Es así como, en algunos departamentos, hay intendentes que han permanecido vergonzosamente 20 años en sus cargos y en algunos casos, incluso, se han sucedido entre familiares. Uno de los casos más escandalosos se da en el departamento San Rafael, cuya ciudad cabecera es la segunda de la provincia. La familia Félix ha traspasado el poder de padre a hijos, estableciendo un gobierno dinástico más propio de los regímenes oprobiosos que imperan en Medio Oriente y que tristemente se replican en algunas provincias argentinas como exponentes del atraso y de la corrupción imperantes. Tal el caso de las oligarquías familiares de San Luis, Formosa, Santiago del Estero o Santa Cruz, un escándalo que ofende a la tradición republicana argentina.
Hace 10 años, el 83% de los electores mendocinos se expresaron a través de un plebiscito para que los intendentes solo pudieran tener una reelección consecutiva. La Constitución de Mendoza permite la reforma de un artículo de la Constitución por año, siempre que esté avalada por la Legislatura y sea sometida al voto popular. En este caso la iniciativa para cambiar la norma había sido promovida en 2007 por el legislador del Partido Demócrata David Niven, pero quedó en suspenso, a pesar del abrumador apoyo popular alcanzado, porque, por escasos votos, no se logró superar el 59% del padrón total de electores necesario.
El propio gobernador Cornejo ha decidido terminar con esa anomalía que contradice el espíritu de la Constitución mendocina, en el sentido de asegurar la renovación de la dirigencia y evitar que los gobernantes se eternicen en el poder.
Esta ejemplar medida del gobernador mendocino afecta a intendentes peronistas, radicales y demócratas, por lo que ya ha merecido la oposición del presidente del justicialismo provincial, el diputado kirchnerista Guillermo Carmona. En un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, este legislador ha representado a una dirigencia política que defiende sus privilegios y que pretende servirse de los cargos en lugar de cumplir con su función de brindar un verdadero servicio público a la sociedad.
Para prestigiarse, las democracias deben ser profundamente institucionalistas y republicanas. Deben siempre primar en ellas valores como la limitación del poder, la alternancia, la austeridad, la transparencia y la permanente rendición de cuentas a los conciudadanos, recordando que los pilares fundantes de nuestra nacionalidad son la libertad y la igualdad.