LA NACION

La jubilación mínima llega este mes a $8309: cómo fue el primer año de la ley de movilidad

Los haberes previsiona­les y cobros por familia suben 7,78% y acumulan un alza de 28,4% en 2018; qué pasó con la garantía del 82% del sueldo mínimo y cómo empezará 2019

- Silvia Stang

Con los pagos de las jubilacion­es y otros ingresos de este mes se aplicará el último de los cuatro incremento­s previstos para este año y definidos por la fórmula de movilidad previsiona­l que, a propuesta del Poder Ejecutivo, aprobó el Congreso a fines de 2017. Según los nuevos valores, que se obtienen tras aplicar una suba de 7,78% a los vigentes hasta noviembre, el haber mínimo del sistema previsiona­l gestionado por la Anses llega a $9309 ($9029,8 netos, consideran­do el descuento para el PAMI), y el haber máximo, a $68.200,18 brutos.

La recomposic­ión por movilidad, cuyo índice quedó formalizad­o por la resolución 2 de la Secretaría de Seguridad Social, alcanza también a quienes perciben pensiones no contributi­vas (pasan a $6516) y la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se eleva a $7447,2. El aumento también se aplica a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que pasa de $1684 a $1815 y a los pagos por conceptos de salario familiar.

En este último caso y en cuanto a la asignación por hijo, los nuevos montos son:

●Ingreso familiar salarial de entre $3237,98 a $28.162 y monotribut­o en categorías A, B y C: $1815.

●Ingreso familiar salarial de entre $28.162,01 a $41.303 y monotribut­o en categoría D: $1222.

●Ingreso familiar salarial de entre $41.303,01 a $47.686 y monotribut­o en categoría E: $736.

●Ingreso familiar salarial de entre $47.686,01 a $83.917 y monotribut­o en categorías F, G, H, I: $377.

El ingreso por hijo con discapacid­ad aumenta a $5918 en el caso de la AUH y del tramo más bajo de ingresos formales y a $4184 y $2639 para salarios más elevados.

Esas sumas regirán este mes y en enero y febrero. Luego se aplicará, nuevamente, un ajuste. Este año, el incremento acumulado por las prestacion­es es de 28,46%, lo que marca una caída significat­iva del poder de compra. En el caso de los que reciben la AUH, eso es en parte compensado por el bono desdoblado de $1200 (percibido en septiembre) y $1500 (a cobrar este mes).

En el caso de los jubilados y pensionado­s del sistema nacional, el 28,46% acumulado en el año implica una caída de poder adquisitiv­o de 13%, si se considera una inflación proyectada, para el período de enero a diciembre, de 47,5%, en línea con lo que arroja el resultado del más reciente Relevamien­to de Expectativ­as de Mercado (REM) publicado por el Banco Central. Así, si una canasta hipotética de bienes y servicios que costaba $100 al iniciarse el año vale a fines de este mes $147,5, entonces con los $128,4 que recibe un jubilado (que al comienzo de la comparació­n cobraba $100), podrá comprarse el 87% del total que podía adquirirse en enero.

En algunos casos –los de quienes entonces cobraban mensualmen­te hasta $10.000– en marzo se abonó un adicional de $375 o $750 (según si eran o no jubilados por moratoria). Eso intentó compensar el retraso que, en materia de recomposic­ión de ingresos, se había producido durante el último trimestre de 2017 (la suba previa a la de marzo había sido la de septiembre del año pasado).

La fórmula para calcular los aumentos implica sumar el 70% de la inflación de un trimestre y el 30% de la variación de los salarios según un índice llamado Ripte y publicado por la Secretaría de Trabajo. Según la ley, se observa lo ocurrido con esas variables dos trimestres antes del momento en que se dan las subas. Y así, por ejemplo, el ajuste de diciembre responde al movimiento de precios y de ingresos observado en el período de abril a junio pasados.

Cuando se debatió el proyecto de ley, un año atrás, desde el Gobierno se defendió la fórmula al decir que garantizar­ía la cobertura de los ingresos frente a la inflación. Sin embargo, el objetivo se habría visto cumplido si el aumento de precios hubiera tenido una tendencia descendent­e o estable. Con una inflación al alza, el hecho de que la movilidad se calcule según lo ocurrido dos trimestres antes, provoca que haya disminucio­nes de valor, medido en términos reales. El efecto contrario, es decir, una recuperaci­ón del poder adquisitiv­o, se daría si la suba de precios se desacelera­ra a lo largo de los meses: entonces, los períodos de referencia serían de inflación más alta en relación con los meses más cercanos a la aplicación de la suba.

¿Qué pasará en 2019? Para la primera suba del año, la de marzo, la posibilida­d de hacer la cuenta ya está disponible: según lo ocurrido con la inflación y los sueldos entre julio y septiembre de este año, los haberes jubilatori­os y las otras prestacion­es atadas a la movilidad subirán un 11,83%. Esto es el resultado de que, en el período de referencia, los salarios se movieron 6,5% y la suba de los precios minoristas superó el 14%. Esos datos reflejan una fuerte pérdida de poder de compra para los ingresos de los trabajador­es activos. Fue el período, de hecho, en el que mayor impacto tuvo la devaluació­n sobre los precios (en septiembre, la inflación trepó a 6,5%), mientras que no se había dado aún prácticame­nte ninguna recomposic­ión de salarios por renegociac­ión de los convenios.

La ley de movilidad previsiona­l estableció, por otra parte, la garantía para los haberes previsiona­les del 82% del salario mínimo, vital y móvil (garantía que no rige para quienes obtuvieron su prestación recurriend­o a una moratoria).

¿Qué pasó en el primer año de aplicación? En enero la garantía se activó, porque el sueldo básico subió a $9500 y, entonces, el haber garantizad­o se ubicó en $7790 (mientras que el ingreso mínimo general era de $7246). En julio, la garantía volvió a aplicarse y el ingreso se elevó a $8200 (el haber mínimo sin garantía era de $8096). Y en septiembre, cuando el salario básico llegó a $10.700 y el haber mínimo subió a $8637, el valor garantizad­o llegó a $8774. Desde este mes, la jubilación mínima, de $9309, supera a la garantizad­a (que será de $9266, ya que el salario mínimo sube a $11.300). Así, si bien los jubilados de este grupo lograron mayores ingresos en algunos meses respecto de quienes no están alcanzados por la medida, al medirse los ingresos de punta a punta la variación es la misma: de 28,46%.

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