La “cartelización positiva”, una de las herramientas anticorrupción más efectivas

Pese a estos altos niveles de visibilidad, la corrupción endémica parece no terminar de encontrar la suficiente voluntad política ni social para ser abordada con toda la eficacia que la magnitud del problema requiere. Prueba de ello es que la Argentina ocupa el puesto 85 (sobre un total de 180 países) en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado anualmente por Transparencia Internacional, y en que un reciente estudio económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) refiere, citando un reporte del World Economic Forum, que la Argentina figura entre los últimos diez de un total de 140 países con respecto al favoritismo de funcionarios públicos, y que los ejecutivos de empresa consideran a la corrupción como uno de los cinco factores más problemáticos para hacer negocios en Argentina.

Los daños que la corrupción ocasiona a la sociedad y las cuantiosas pérdidas verificadas evidencian tanto la falta de eficacia de los sismos temas diseñados hasta el momento, como la necesidad imperiosa de encontrar nuevas formas de combatirla, ya que ni la sanción de leyes al efecto ni la implementación de sofisticados programas de integridad en las empresas han demostrado ser enteramente eficaces.

Una de estas herramientas es la acción colectiva, entendida como un esfuerzo estructurado de empresas del sector privado (incluyendo pares y competidores) y otras partes interesadas para trabajar conjuntamente en la prevención de la corrupción y la mejora del entorno de negocios, con el objetivo de nivelar el campo de juego y asegurar que la competencia sea justa, especialmente en licitaciones públicas o grandes proyectos de infraestructura.

Existen múltiples iniciativas de acciones colectivas con diferentes niveles de complejidad, entre las cuales se cuentan las declarativas (en las cuales determinadas industrias o sectores acuerdan estándares de conducta comunes, incluyendo la resistencia a “extorsiones” o pedidos de soborno de parte de funcionarios públicos) y los pactos de integridad (que comprometen formalmente a las partes involucradas en un determinado proceso de contrataciones a comportarse con integridad).

Un ejemplo cercano lo encontrasu en la exitosa acción colectiva impulsada en la Argentina por la Red Marítima Anticorrupción, que concluyó en una reforma del marco regulatorio aplicable a las inspecciones de bodegas de buques graneleros, reduciéndose así sensiblemente la exposición a riesgos de corrupción en la exportación de productos agrícolas argentinos.

Una interesante evolución en materia de acciones colectivas es el Mecanismo de Reporte de Alto Nivel (MRAN), herramienta diseñada para facilitar la denuncia temprana de potenciales casos de corrupción o pedidos de soborno, que se presenta como una alternativa a los procedimientos judiciales o administrativos tradicionales, sin reemplazarlos. El MRAN ha sido diseñado y promovido por la OCDE y el Basel Institute on Governance, siguiendo los principios rectores que el G20 adoptó en 2013 para alentar a los gobiernos a combatir y prevenir la solicitud de soborno por parte de sus funcionarios públicos. En su Plan Anticorrupción 2017-2018, el G20 ha manifestado que la lucha contra la corrupción es una de sus principales prioridades, para lo cual ha apelado al apoyo activo de la sociedad civil y del empresariado para prevenir y descubrir hechos de corrupción; por otra parte, el B20, en reciente Communiqué, ha pedido expresamente a los gobiernos que promuevan las acciones colectivas como una manera de construir una cultura de integridad sólida.

El 14 y 15 de noviembre pasado se realizó en Basilea, Suiza, la Conferencia sobre Acciones Colectivas Anticorrupción. Prestigiosos oradores de todo el mundo (incluyendo representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del Banco Mundial, de la Agencia Francesa Anticorrupción, de las Naciones Unidas y del World Economic Forum, y numerosos representantes del sector privado, como el CEO de Syngenta, Erik Fyrwald, entre muchos otros) coincidieron en la imperiosa necesidad de lograr el compromiso público-privado para la promoción de una cultura de integridad que permita recuperar la confianza en las instituciones y comprometer firmemente a todas las partes interesadas en la lucha contra la corrupción. Tuve el privilegio de participar como oradora en un panel moderado por Nicola Bonucci, Director de Asuntos Legales de la OCDE, en el cual se compartieron las experiencias recientes en relación con la implementación del MRAN en distintos países del mundo.

El MRAN se ha implementado ya exitosamente en Colombia y Ucrania y se espera su pronta implementación en Perú y Panamá; en Argentina, fue incorporado en las licitaciones que la Dirección Nacional de Vialidad realizó en el marco del proyecto Red de Autopistas y Rutas Seguras, instrumentado a través de contratos de participación públicoprivada, y será implementado nuevamente en las licitaciones que la Secretaría de Gobierno de Energía realice en el marco del Proyecto de “Transmisión Eléctrica”.

La inclusión del MRAN en los pliegos envía al empresariado un fuerte mensaje de compromiso del sector público con el combate a la corrupción, pero ese compromiso necesita ineludiblemente que el sector privado también lleve a cabo una acción concertada anticorrupción, en una suerte de “cartelización positiva” o “coalición de los buenos”, en la cual el empresariado argentino se una para rechazar cualquier posibilidad de soborno y prime la ética como imperativo para la realización de negocios. No resulta posible pensar en una solución al azote de la corrupción sin pensar en la asunción de responsabilidades compartidas.

Directora del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés