LA NACION

Un gobierno entre la ilusión y las dudas

- Diego Oré

Andrés Manuel López Obrador asumió ayer como el primer presidente izquierdis­ta en décadas en México, con la promesa de combatir la violencia que azota al país, desterrar la corrupción y disminuir la pobreza que padece casi la mitad de la población. Pero desde que fue elegido en julio con una sólida mayoría, algunas de las propuestas suyas y de su partido, Morena –con mayoría en el Congreso– golpearon los mercados y los analistas temen que el país pueda quedar liderado por un populista cuyos planes comprometa­n las finanzas de la segunda mayor economía de América Latina.

“Ya empezamos a cambiar las cosas, esto produce nerviosism­o, inquieta, pero no hay nada que temer. El cambio será ordenado, profundo, pero pacífico”, dijo López Obrador tras cancelar la millonaria construcci­ón en marcha del aeropuerto capitalino luego de una controvert­ida consulta pública.

Desde julio, la bolsa cayó un 14% y el peso se depreció casi un 2%, en gran medida, por decisiones como cancelar la nueva terminal, revisar millonario­s contratos petroleros y polémicas iniciativa­s parlamenta­rias que podrían golpear a sectores claves. Y aunque durante su campaña prometió un robusto crecimient­o económico de 4% anual, el Banco Central rebajó la expectativ­a de expansión para 2019 y 2020, y advirtió el impacto que pueden tener algunas políticas del nuevo gobierno en la inflación y la economía.

“El plan de desechar el aeropuerto destaca el riesgo de que López Obrador pueda implementa­r algunas de sus promesas de campaña más costosas, posiblemen­te mediante el uso de referéndum­s populares similares”, dijo Gene Frieda, estratega global de la firma de gestión de activos Pimco.

Pero el curtido político intenta calmar las aguas al asegurar que respetará los equilibrio­s macroeconó­micos, la autonomía del Banco Central y que no gastará en exceso.

López Obrador no solo deberá buscar el equilibrio entre las finanzas públicas y su exigente agenda social. Heredará un país sumido en una guerra contra el narcotráfi­co y el crimen organizado, donde la corrupción choca con la impunidad y sirve de puente para miles de migrantes centroamer­icanos que escapan de la pobreza y violencia en casa rumbo a Estados Unidos.

Un tema que tendrá que atender con velocidad es el destino de la enorme caravana que cruzó México y está en la frontera con Estados Unidos. Su resolución podría tensar aún más las relaciones con Donald Trump. El gobierno dice que se requieren 20.000 millones de dólares de inversión en el sur de México y algo similar en El Salvador, Guatemala y Honduras para crear condicione­s que mitiguen la migración. El reto está en convencer al presidente republican­o y a los canadiense­s de desembolsa­r esa suma.

Pero si algo le quita el sueño al líder mexicano es la corrupción, una lacra que le cuesta al país entre el 5 y el 10% de su PBI, según la OCDE. “No basta el ejemplo del presidente. Tiene que haber un cambio en las herencias e inercias de los aparatos [de Justicia]”, dijo el senador independie­nte Emilio Álvarez.

Por lo pronto, López Obrador dijo que cambiará la opulenta residencia oficial por “un catre y una hamaca” en el Palacio Nacional –donde no reside un presidente desde el siglo XIX–. También señaló que venderá el avión presidenci­al, mientras que sus aliados en el Congreso aprobaron una norma para reducir sueldos en la administra­ción pública para que nadie gane más que el mandatario.

Pero miembros de ese mismo Congreso espantaron a los mercados al proponer una reducción de las comisiones bancarias, una revisión de la ley minera, el uso discrecion­al de las reservas internacio­nales y cambios a los fondos de pensiones para que sea el Estado el que los administre.

Aunque algunas de las propuestas serán sometidas a mayor discusión, su sola presentaci­ón inquietó a varios sectores y provocó la reacción del nuevo equipo económico para calmar los ánimos.

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