LA NACION

La hora de los municipios

En 100 localidade­s se identifica­ron 120 tasas diferentes; impulsan pactos fiscales en provincias

- Gabriela Origlia

En 100 localidade­s se identifica­ron 120 tasas diferentes, por lo que se impulsan pactos fiscales en las provincias

CÓRDOBA. Llegó la hora de los municipios. Eso indican algunas señales de las últimas semanas. En el II Encuentro Nacional de Intendente­s, el presidente Mauricio Macri destacó a los 15 –sobre una muestra de 112– con “buenas prácticas” y gestión eficiente. Y los días 10 y 11 de este mes se hará el I Encuentro de Referentes Provincial­es con Municipios. Todo apunta a bajar a ese nivel estatal la discusión que la Nación y los gobernador­es mantuviero­n por reformas tributaria­s y responsabi­lidad fiscal.

En Argentina hay 2306 gobiernos locales, una realidad muy heterogéne­a y de difícil comparació­n. Las localidade­s con más de 20.000 habitantes son 274 y aglutinan al 80% de la población del país. Desde el Ministerio del Interior trabajaron en un ranking de buenas prácticas, se anotaron 112 y los 15 primeros fueron las intendenci­as de Avellaneda, Lanús, San Justo, Funes, Mendoza, San Martín de los Andes, Reconquist­a, Caucete, Cipolletti, La Rioja, La Banda, Libertador General San Martín, Saladillo, Pinamar y Puerto Madryn.

El ranking –que se elaboró con colaboraci­ón del BID y el Banco Mun- dial– se basó en la metodologí­a de Gestión para Resultados, que se utiliza a nivel internacio­nal y que tiene tres pilares de análisis: planificac­ión orientada a resultados, presupuest­o y gestión financiera y gestión municipal moderna. En la reunión con los intendente­s, Macri insistió en que deben bajar la presión fiscal y “retó” a los que no se anotaron para ser evaluados, “en especial a los de Cambiemos”.

Lucas Delfino, subsecreta­rio de Gestión Municipal de Interior, explicó a que “cuidando de no la nacion dañar la autonomía municipal” se busca que los intendente­s ordenen sus gestiones y cuenten con “más recursos para atender la responsabi­lidad; el ranking es una herramient­a para visibiliza­r y premiar a los mejores”. Tiene expectativ­a de que el año que viene sean más los inscriptos.

Hugo Romero, secretario de Hacienda de la Municipali­dad de Córdoba (UCR), insistió en que la gestión a ese nivel es “muy dinámica” y definió: “Los municipios dejaron de ser prestadore­s de servicios básicos y son actores económicos con cada vez más competenci­as, pero la suba de la demanda no fue acompañada por más recursos. La distribuci­ón a este nivel no está en la agenda más urgente”.

El ajuste en el presupuest­o nacional de 2019 tendrá impacto también en las ciudades; por ejemplo, con los subsidios al transporte, ya que no en todos los casos serán reemplazad­os completame­nte por las gestiones provincial­es.

Aunque no tan debatida como la nacional y la provincial, la presión impositiva municipal no es un tema menor. Un trabajo del Iaraf identificó 120 tasas diferentes en 100 municipios. Raúl Jalil, intendente de Catamarca, hizo una reforma que implicó la eliminació­n de 36 cargas; así y todo, quedaron 14. “Sacamos las aduanas internas, la tasa por presentaci­ón de planos y las contribuci­ones que tributaban las industrias –señaló–. Observamos que era todo de difícil control y que ese laberinto propiciaba la corrupción. Ahora tenemos un sistema más abreviado; de las tasas en pie unas cinco explican la parte fuerte de la recaudació­n”. Para equilibrar los números, hubo subas en las que sobrevivie­ron.

En Catamarca rige un pacto entre la provincia y los intendente­s que incluye, por ejemplo, la programaci­ón financiera de las regalías mineras para dar más velocidad y “transparen­cia” a los giros automático­s, y un esquema de “responsabi­lidad fiscal”.

Un relevamien­to del Iaraf analiza la estructura legal de la tasa que incide directamen­te sobre la actividad económica (dependiend­o de la ciudad, puede ser la de Seguridad e Higiene, la de Comercio y Construcci­ón o la de Derecho de Registro e Inspección) en los 40 municipios más grandes del país según su población (en la lista hay al menos uno por provincia). La conclusión es que 25 subieron este año sus niveles mínimos entre 30% y 108% respecto de 2017, mientras que el resto los mantuvo.

Esa tasa es, junto con la que se cobra por los inmuebles, una de las principale­s fuentes de ingresos de las ciudades. “Funciona de manera análoga a Ingresos Brutos –describe el economista Nadin Argañaraz–; se cobra como un porcentaje de las ventas totales, netas de IVA, sin admitir deduccione­s ni crédito fiscal por el impuesto pagado en etapas anteriores; termina generando las mismas ineficienc­ias y distorsion­es que Ingresos Brutos”.

Córdoba firmó un pacto fiscal con los municipios y la intención es avanzar en una ley de responsabi­lidad fiscal. Por ahora, a cambio de la asistencia con un fondo para crisis de $500 millones, se exigen algunas pautas como que las altas de empleados no superen las bajas, la adhesión al monotribut­o unificado o el cobro en conjunto de la carga a automotore­s. Hay 40 convenios suscriptos en ese marco.

Además, en conjunto con el Instituto de Economía de la Bolsa de Comercio, se está diseñando un Índice de Transparen­cia. La economista de la entidad, Florencia Constantin­o apunta que es complejo “armonizar” los datos porque en muchas gestiones se desconocen las herramient­as.

En ese sentido, están avanzados distritos como Buenos Aires, Santa Fe y San Luis donde –a través de distintos sistemas– lograron que los municipios giren sus datos. “Es un mecanismo que permite la transparen­cia y la mejora de la gestión. Es inevitable y necesario avanzar a un ordenamien­to y para eso hay que conocer los números”. En Córdoba, de 427 gobiernos locales, unos 35 publican “algo” de sus finanzas.

Romero insiste en que, por ejemplo, la ciudad de Córdoba cuenta con tres hospitales de alta complejida­d que “atienden a la región” y con servicios de educación formal e informal. En esa línea, reclama discutir competenci­as: “En la mesa de consenso fiscal no estuvo sentado el municipali­smo y, en muchos casos, dependemos de una Provincia que hace un reparto discrecion­al. Sin una distribuci­ón justa y equitativa no bajará la presión fiscal”.

Para Argañaraz se fueron “distorsion­ando” las prestacion­es municipale­s y el financiami­ento del gasto. “Hay constituci­ones provincial­es que avalan el cobro de impuestos y ya no deben justificar por qué lo hacen. Los fiscos actúan pensando que el contribuye­nte es independie­nte y así se lo termina asfixiando”.

Delfino dice que los intendente­s tienen que tener “protagonis­mo” y que, para ese rol, es necesario contar con datos confiables y una gestión eficiente. “Hay que poner audacia, innovación. Cuando los vecinos ven que se ejecutan obras o se ofrecen buenos servicios no tienen problema en pagarlos. También hay que cuidar que el federalism­o desde las provincias a los municipios exista”.

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En Catamarca se eliminaron 36 cargas y, aun así, quedaron 14

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