Rosatti y Rosenkrantz, las dos figuras antagónicas del nuevo fallo
La Corte Suprema cambió su criterio y sostuvo, a diferencia de lo que había dicho el año pasado, que el beneficio del 2x1 no es aplicable a los condenados por delitos de lesa humanidad.
El voto clave del fallo de ayer, determinante para conformar la nueva mayoría, fue el de Horacio Rosatti, al que Elena Highton se sumó. Rosatti había sido categórico en el caso Muiña y había dicho que, más allá del “dilema moral” que implicaba favorecer a condenados por crímenes que “expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana”, el 2x1 era aplicable también a ellos porque en ningún momento la ley hacía una excepción en su contra.
Había sido en Muiña donde se dio el debate de fondo. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, en minoría, dijeron que los delitos de lesa humanidad no son como los demás; no resisten la posibilidad de amnistía, indulto ni prescripción. Tampoco –afirmaron– del 2x1.
Rosatti, que ayer formó mayoría con ellos, no volvió sobre esa discusión. Lo que alegó es que la situación cambió. El fundamento que citó fue la ley del Congreso, posterior al fallo Muiña, que precisó los alcances de la vieja ley del 2x1, y sostuvo que ese régimen “no es aplicable” a “delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.
En materia penal no puede aplicarse jamás una nueva ley con efectos retroactivos en contra del acusado. No está permitido cambiarle las reglas del juego en su contra. ¿Es válida entonces esta nueva norma? ¿Es una aclaración o una nueva decisión del Congreso? Aun si es “interpretativa”, ¿es constitucional?
Esa discusión es el nudo del fallo de ayer. Para el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, no. Para Rosatti y Highton, sí.
Rosatti y Highton advirtieron que la Corte ha admitido “pacíficamente” la existencia de leyes “interpretativas”, como esta, con las que el Congreso establece el significado que debe dársele a una ley sancionada con anterioridad. Es lo que se conoce como la “interpretación auténtica”, la que hace el propio autor de la norma. Para Rosenkrantz, en cambio, la nueva ley no justifica el cambio de criterio porque es, lisa y llanamente, “inconstitucional”. El presidente de la Corte argumentó que no es en realidad una ley interpretativa y que, aun si lo fuera, no son admisibles leyes interpretativas más perjudiciales en materia penal porque está en juego una garantía central “en la tradición del humanismo liberal”: el principio de irretroactividad penal.
Cuando Rosatti, Highton y Rosenkrantz conformaron la mayoría en Muiña, fueron criticados por todo el arco político y el rechazo social fue mucho mayor de lo que hubieran podido imaginar. Se trató de un golpe muy duro, sobre todo para Rosatti y Rosenkrantz, que por entonces acababan de llegar a la Corte. Una multitud llenó la Plaza de Mayo. Esa misma multitud empujó la nueva ley del Congreso, sancionada por todos los senadores y diputados, con la sola excepción del salteño Alfredo Olmedo. Aquella ley es la que hoy invoca la mayoría para el cambio de criterio.
Rosenkrantz, en cambio, eligió mantenerse en su postura original. Le pesa lo que Rosatti llamó el “dilema moral” de favorecer a represores, pero elige no dar el salto. Carlos Pagni lo definió como un “academicista liberal, en el sentido anglosajón de esa etiqueta”. Como tal, Rosenkrantz se siente cómodo en la soledad de su disidencia. Incluso cuando la política lea su situación como la de un presidente que volvió a perder.