Pidieron la captura de un juez federal en una investigación por narcotráfico
Carlos Soto Dávila, titular del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, será indagado mañana por su colega Sergio Torres en Comodoro Py; los fueros judiciales evitaron el arresto del magistrado
El escándalo del narcotráfico en Itatí, en Corrientes, primero involucró a la dirigencia política y a funcionarios de fuerzas de seguridad. Sin embargo, los nexos y complicidades de los supuestos capos narcos, según el expediente, también habrían estado aceitados en el Poder Judicial. Ante el conjunto de pruebas, el juez federal Sergio Torres ordenó la detención de su colega Carlos Soto Dávila, titular del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes. El magistrado está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de favorecer con sus decisiones, a cambio de dinero, a los sospechosos que debía investigar.
Soto Dávila, juez federal con competencia electoral desde hace 22 años, no quedó preso, a diferencia de sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau, porque tiene inmunidad de arresto. Para hacer efectiva su detención debe ser destituido por un jurado de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, donde acumula a lo largo de su trayectoria diez causas por mal desempeño que nunca prosperaron.
Pese a sus fueros, Soto Dávila puede ser indagado. Esa diligencia se hará mañana en el cuarto piso del edificio de Comodoro Py 2002, en Retiro.
“Estoy tranquilo porque sé lo que hice y me voy a presentar el jueves [por mañana] a la indagatoria ante el juez para responder todo. Aclaro que hablo por mí”, dijo a la nacion Soto Dávila (ver aparte).
Desde la Cámara Electoral se comunicaron con el magistrado para preguntarle si pensaba tomarse licencia y así designar un juez subrogante con competencia electoral, pero Soto Dávila explicó que seguiría en su cargo.
Molina fue detenido ayer a la mañana por personal de la Gendarmería Nacional en su domicilio de Resistencia, Chaco. Grau fue apresado en Corrientes. El personal de la Gendarmería Nacional también detuvo a los abogados Humberto “Pochi” Giménez, Tomás Viglione, Duylio Barboza Galeano y Jorge Ricardo Vallejos, que representaron legalmente a los presuntos narcos que operaban en Corrientes.
El juez federal Torres y su equipo de trabajo llevan adelante una megacausa por el contrabando de marihuana en Itatí. Participan de esa investigación el fiscal federal Carlos Stornelli y sus colegas de Corrientes Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, con colaboración la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.
Se trata de 39 expedientes conexos con 132 imputados, de los cuales 89 esperan el juicio oral y público; hay seis arrepentidos, tres testigos de identidad reservada, 14.646 kilos de droga secuestrados, 33 armas de fuego incautadas y 2070 municiones decomisadas.
En la investigación de esta megacausa se logró desentrañar, a partir de la desgrabación de más de 4000 CD de escuchas telefónicas y el testimonio de uno de los seis “arrepentidos”, cómo funcionaba el sistema de corrupción entre los narcos, liderados por Federico Marín, alias Morenita, el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes y un grupo de abogados que intermediaba en el pago de los sobornos para conseguir que los miembros de esta organización fueran beneficiados por Soto Dávila.
Las sospechas
El juez federal de Corrientes es señalado por fuentes judiciales como el jefe de la asociación ilícita que cobraba dinero para favorecer a través de resoluciones judiciales –como excarcelaciones o exenciones de prisión– a los miembros de la organización encabezada por Morenita Marín.
Según informaron fuentes judiciales, dos de sus secretarios, Grau y Molina, eran quienes negociaban con los abogados de los narcos el pago de los sobornos.
Se sospecha, agregaron las fuentes consultadas, que el magistrado y sus secretarios transformaron el Juzgado Federal de Corrientes en un centro de operaciones donde desde 2010 hasta 2017 se garantizó la impunidad a una banda narco que, en esos años, perdió 20 toneladas de marihuana en incautaciones.
En la extensa investigación se detectaron los montos que los narcos habrían pagado por medio de sus abogados a los funcionarios del Juzgado Federal. También se contrastaron las resoluciones judiciales que favorecieron a los narcos después de que se ejecutaron los pagos.
Como publicó la nacion el 13 de noviembre pasado, un arrepentido declaró ante el juez Torres que el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, que se encuentra detenido y procesado, compraba cocaína “para las fiestas que organizaba en su yate en Paso de la Patria, a las que asistía el juez (Carlos) Soto Dávila y Grau”.
Según consta en el expediente judicial, la banda comandada por Marín ingresaba a la Argentina, desde Paraguay, grandes cargamentos de marihuana a través de Itatí, desde donde se distribuían en por lo menos siete provincias.
Para que esta organización pudiera funcionar de manera aceitada, como lo hizo hasta 2017, eran imprescindibles las complicidades con el poder político, las fuerzas de seguridad y la propia Justicia Federal. Desde que se inició la investigación se fueron desmantelando distintas capas de estas complicidades que garantizaban las operaciones de la banda.
En el primer capítulo de lo que se llamó Operación Sapucay fueron detenidos, en marzo de 2017, el intendente de Itatí Natividad “Roger” Terán y el vice, Fabio Aquino, así como el comisario Diego Alvarenga y el gendarme Gabriel Alcaraz. A partir de entonces se imputó a 89 sospechosos, cuyas causas fueron elevadas a juicio, otros 33 están procesados y 10 siguen con pedido de captura.
La detención de Morenita Marín, el 12 de octubre pasado, tras haber pasado casi dos años prófugo, fue clave para la causa que investiga el juez Torres. Marín era el jefe máximo de la organización, junto con Carlos Bareiro y Luis Saucedo.
Esos tres narcos convirtieron durante la última década a Itatí, un pueblo de 9000 habitantes a la vera del Paraná, en la puerta de entrada de la marihuana que se produce en el centro y norte de Paraguay.