“Estoy tranquilo porque sé lo que hice y me voy a presentar a la indagatoria para responder todo”
El magistrado tiene competencia electoral en Corrientes y ocupa su despacho desde 1996
“Estoy tranquilo porque sé lo que hice y me voy a presentar el jueves [por mañana] a la indagatoria ante el juez para responder todo. Aclaro que hablo por mí”, afirmó a la nacion el juez federal Carlos Soto Dávila, luego de que fuera notificado de la orden de detención en su contra, que no se hizo efectiva porque para que pierda los fueros judiciales debe ser sometido a un enjuiciamiento por el Consejo de la Magistratura. Aunque pretendía demostrar serenidad con sus palabras, lo que menos reinaba en el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes era la tranquilidad, luego de que fueran detenidos los secretarios Pablo Molina y Federico Grau.
A Soto Dávila se lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita que favoreció con resoluciones judiciales, a cambio de dinero, a una banda narco encabezada por Federico Marín, alias Morenita, que manejaba el ingreso de la marihuana desde Paraguay, para luego distribuirla en siete provincias. Desde hace tiempo que Soto Dávila viene siendo cuestionado en la Justicia Federal. El fiscal Carlos Schaeffer lanzó duras críticas por el accionar “oscuro” del magistrado en estas causas, y fue quien motorizó algunas de las denuncias que la Cámara de Apelaciones presentó en los últimos dos años en el Consejo de la Magistratura, donde Soto Dávila tiene 13 cuestionamientos por su desempeño.
Soto Dávila es juez federal con competencia electoral desde hace 22 años en una zona clave del narcotráfico, esa frontera fluvial que separa a Corrientes de Paraguay, el principal productor de marihuana en América del Sur. El magistrado tuvo cintura política
para convivir durante los últimos 20 años con la variada clase política correntina que gobernó esa provincia, desde la época de Raúl “Tato” Romero Feris, las intervenciones federales, hasta la llegada a la gobernación de los radicales Ricardo Colombi (tres períodos), Arturo Colombi y el actual mandatario, Gustavo Valdés. De todas maneras, las críticas por su desempeño fueron sumando cuestionamientos más profundos, con excarcelaciones y faltas de mérito dictadas a personajes ligados al narcotráfico, decisiones que fueron objetadas por fiscales.
Uno de los anhelos para mejorar su imagen pública fue ser nombrado por la Universidad de Corrientes como “profesor extraordinario”. Para ese cargo honorífico fue postulado por la decana de la Facultad de Derecho, Verónica Torres de Breard. Los estudiantes y un sector de los consejeros interpretaron que se trataba de un pago de favores al rectorado. Soto Dávila había emitido un fallo judicial que tanto la rectora Beatriz Monfardini como Verónica Torres de Breard fueron reelectas, pese a que la normativa lo prohibía.
En sus 22 años como juez tuvo a su cargo la investigación por el secuestro y homicidio del joven Cristian Schaerer, y las primeras causas de lesa humanidad tramitadas en Corrientes.