Garavano considera que la mano justa debe ser más dura
El ministro de Justicia defendió el proyecto de barras que el Gobierno envió al Congreso y evitó polemizar con Carrió
El ministro de Justicia, Germán Garavano, dice que los jueces deberían dar una “señal clara a la sociedad de que violar la ley tiene costos”. Niega que el Gobierno esté haciendo un giro hacia una política de más “mano dura” y dice que la mano debe ser la “justa”, pero admite: “Definitivamente, la mano justa es más dura de que lo que vino siendo en los últimos diez años”.
El día que presentó junto con el presidente Mauricio Macri el balance anual del proyecto Justicia 2020, que tiene a su cargo, Garavano recibió a la nacion. Celebró los avances de ese plan, defendió el proyecto de ley de barras que el Gobierno envió al Congreso –que prevé nuevos delitos con penas muy altas– y evitó contestarle a Elisa Carrió, que ayer sostuvo que el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego dictado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “viola los derechos humanos fundamentales”.
“Es la opinión de Carrió, es válida, pero yo creo que es una reglamentación de las funciones de las fuerzas de seguridad que, en su uso adecuado, no debiera ser considerada violatoria de los derechos humanos”, afirmó el ministro, a quien Carrió le pidió este año el juicio político.
–¿Cuál es el balance de Justicia 2020? –A dos años de su lanzamiento, superamos nuestras expectativas. Por la cantidad de proyectos implementados y por las normas que se sancionaron, más de 15, con amplio consenso de la oposición. Esto nos anima a plantear las metas que nos quedan hasta el fin de la primera gestión del presidente Macri y a construir una política de Estado de agenda 2030 que les quede a los próximos gobiernos. –¿Qué es Justicia 2030?
–Se alinea 2020 con la agenda de Naciones Unidas, que promueve el acceso a la Justicia y la solución de controversias como eje central para sociedades más justas y pacíficas. El plan tuvo muchos avances en materia penal, con leyes como flagrancia, juicios unipersonales, arrepentido, los avances en lucha contra la corrupción. Pero también en la Justicia Civil y Comercial, por ejemplo, con los procesos orales. –Se están aprobando leyes puntuales que funcionan como parches. ¿Qué pasa con el proyecto de Código Penal y de Código Procesal Penal? ¿No hay consenso para sancionarlos?
–El Procesal Penal ya obtuvo media sanción en el Senado y se va a tratar en extraordinarias en Diputados. Esperamos que se empiece a aplicar el año que viene. Y las leyes que llama “parche” nosotros las vemos como leyes “puente”, que van permitiendo cambios culturales en el sistema. –¿Por qué se postergó el Código Penal?
–Lo va a presentar el 1º de marzo el Presidente. Mientras tanto, estos meses vamos a trabajar para seguir construyendo consensos y avanzar con los temas más conflictivos, como aborto y la tenencia de drogas en
ámbitos privados para consumo. –¿Qué van a hacer con el tema aborto?
–Lo está evaluando el Gobierno. Si manda el proyecto tal como lo envió la comisión o introduce alguno de los consensos que hubo en el debate en el Congreso.
–¿Irá en el sentido del fallo F.A.L. [el fallo de la Corte que estableció los criterios de abortos no punibles]? ¿Prevén proponer alguna flexibilización que vaya más allá de lo ya vigente?
–Hay algunos caminos que generan consensos y que sí avanzarían más que F.A.L. El nuevo Código prevé, por ejemplo, la posibilidad de pena alternativa a la prisión.
–La ley contra los barrabravas que envió el Gobierno al Congreso tiene penas muy altas, como un castigo de 3 a 5 años para quien exija dinero para el cuidado de un auto. O de 3 a 6 a quien entre en la cancha con una piedra. ¿No es una sobrerreacción ante un reclamo social, como fueron las leyes Blumberg, que terminan sin aplicarse? –Creo que es una ley que da un paso muy fuerte hacia adelante. Marca un consenso que hay en la sociedad de que este tipo de conductas no pueden ser permitidas, y avanza con sanciones duras, pero adecuadas. La pena que menciona a los cuidacoches es la versión agravada para quien es parte de la organización delictiva y exige dinero. Es una forma de extorsión. Lo de la piedra no es la piedra en sí. Es como un ejemplo que da el tipo penal de algo que se usa como arma impropia. Lo que sanciona es al que ingrese a un estadio con algo que pueda ser utilizado como un arma. –Es mucha más pena que la que preveían en su propio proyecto de Código Penal. –Se intenta ir a problemas concretos. Lamentablemente, las piedras se convirtieron en una de las armas predilectas de aquellos que avanzan con hechos de violencia contra personas inocentes, fuerzas de seguridad... En definitiva, si a alguien le pegan con una piedra lo pueden matar. –¿La ley no prevé para eso la figura del homicidio?
–Lo que hace esta normativa, como el nuevo Código Penal, que no quiere ser un código solo de resultado, es adelantar la “barrera del peligro” y generar delitos de peligro abstracto. Sucede en el Código Penal con la conducción bajo los efectos del alcohol y los estupefacientes, que hasta hoy es una contravención y el proyecto los convierte en delito. Necesitamos un Código que resuelva los problemas de la gente y nos permita convivir pacíficamente. Preferimos que se evite una situación antes de que se dañe a una persona. Si alguien quiere evitar estas sanciones, lo que tiene que hacer es no ir con este tipo de armas a un estadio de fútbol. No es tan grave. –¿No rompen la lógica de proporcionalidad del Código penas excesivamente altas? –Estas penas guardan lógica. En este caso, generamos una legislación frente a esta asociación ilícita que son las barras bravas. Está vinculada con un proyecto de Patricia Bullrich que estuvo paralizado en el Congreso. Nadie quería avanzar por los intereses que había detrás. Hoy es la oportunidad para combatir estas asociaciones delictivas, que son muy peligrosas. Es importante que el Código Penal no sea algo abstracto que usan los abolicionistas para que nada funcione. En nuestro país lamentablemente no hubo en los últimos 10 años una política adecuada contra el delito. Este gobierno ha intentado trabajar desde lo educativo y lo social, desde las fuerzas de seguridad y con leyes que sancionó el Congreso. Y todo eso tiene que ser completado por jueces que envíen una señal clara a la sociedad de que violar la ley tiene costos. –¿Hay un giro del Gobierno hacia una mayor “mano dura”?
–Yo escribí hace muchos años un libro con Eugenio Burzaco y Diego Gorgal que se llamó Mano justa. Nosotros estamos convencidos de que ese es el camino. –¿La mano justa es más dura que lo que venía siendo?
–Definitivamente la mano justa es más dura de lo que vino siendo los últimos diez años, donde cuando uno analiza el crecimiento del delito y el narcotráfico se ven respuestas muy bajas. Sobre 100 delitos que se cometían en nuestro país, solo uno tenía castigo. Es un dato que validó Chequeado. Queremos reducir la impunidad.
–Carrió dijo que la nueva reglamentación sobre uso de armas para las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich viola los derechos humanos y habló de no ir “al fascismo”. ¿Qué opina? –Es la opinión de Carrió, es válida, pero yo creo que es una reglamentación de las funciones de las fuerzas de seguridad que, en su uso adecuado, no debiera ser considerada violatoria de los derechos humanos. Bullrich indica expresamente que sigue las reglamentaciones de Naciones Unidas.
“Lo está evaluando el Gobierno [qué van a hacer con el tema aborto]. Si manda el proyecto tal como lo envió la comisión o introduce alguno de los consensos que hubo en el Congreso”
“Lamentablemente las piedras se convirtieron en una de las armas predilectas”