Revés judicial para la medida en la ciudad

El juez Gallardo declaró inconstitucional la norma que permite a la policía disparar sin dar la voz de alto

Después de la polémica que generó la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que incluyó fuertes críticas incluso dentro de Cambiemos, el nuevo protocolo policial recibió ayer un revés en la Justicia. El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, declaró inconstitucionales e inaplicables en el territorio de la ciudad las nuevas reglas de uso del arma de fuego de las fuerzas federales. La decisión del magistrado generó un contrapunto con el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Gallardo hizo lugar a un amparo presentado por la legisladora porteña Myriam Bregman (PTS-FIT) y la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi), y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.

En su presentación, efectuaron un pedido de nulidad de la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad.

Según se conoció anteayer, la medida les permite a los agentes federales disparar sin necesidad de dar la voz de alto o de responder una agresión armada.

“El juez tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia”, afirmó Garavano ayer, en declaraciones a Radio La Red. “No sé cuál es la competencia de un juez local para intervenir en una reglamentación de fuerzas federales”, agregó. El ministro había reaccionado previamente a los fuertes cuestionamientos de la diputada nacional Elisa Carrió, quien rechazó la medida por considerarla contraria a los derechos humanos.

En una entrevista que brindó a la nacion, Garavano había considerado “válida” la opinión de Carrió sobre la nueva reglamentación, pero negó que la medida fuera violatoria de los derechos humanos. “Bullrich indica expresamente que [la norma] sigue las reglamentaciones de Naciones Unidas”, expresó el funcionario. En su resolución, el juez Gallardo ordenó a la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta que no aplique en la ciudad el protocolo federal de uso de armas.

Sostuvo en los fundamentos que el reglamento “dispone que el deber del agente de identificarse y dar la voz de alto puede ser omitida ‘cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso’”. Pero el magistrado añade que “nada dice la norma en crisis respecto de qué debe entender el funcionario policial por inadecuado o inútil, ni cuáles serían aquellas circunstancias que lo habilitarían a hacer fuego contra un habitante sin advertencia alguna”. Larreta ya había anunciado que adoptará las nuevas reglas. Y, además, adelantó que propondría la creación de un reglamento para las fuerzas antidisturbios.