Organismos y grandes firmas operaron con una financiera investigada
córdoba. En CBI, bajo la lupa por blanquear dinero de las coimas, encontraron cheques de entidades públicas
CÓRDOBA.– La causa de la financiera CBI de Córdoba –cuyo primer juicio comenzó hace unas semanas– amenaza con expandir sus efectos a partir de la declaración de un “arrepentido” que describió el mecanismo que usaba el kirchnerismo para blanquear dinero en la provincia proveniente de supuestas coimas en la obra pública.
Ahora se conoció que hay un listado de cheques, secuestrado por la Justicia, en el que aparecen varios librados por empresas como Electro in ge ni ería,Iecsa, Carranza Rovella, de obras sociales y de organismos públicos nacionales como Jefatura de Gabinete, Pami, Correo Argentino y Gendarmería.
También hay ministerios de Córdoba como el de Salud y el de Agricultura; municipalidades, mutuales, cooperativas y empresas del agro. Ese listado –al que accedió la nacion– está en el denominado “servidor 1” (el 2 nunca se encontró y se estima que allí estaba el dinero “en negro” para la financiera). Del total de 40.769 cheques, hay 28 cheques que tienen valores superiores a $900.000.
De la nómina surge que algunas de las empresas mencionadas por el arrepentido Miguel Vera tenían contacto con la financiera aún antes de que se crearan las firmas fantasmas que él describe en diciembre de 2016.
Los datos que contiene el “servidor 1” corresponden al período que va desde agosto de 2008 hasta junio de 2013, por lo que hay un período de tiempo en el que todavía no existían las dos empresas “de papel”, Halabo y Jotemi, creadas –según el “arrepentido”– para “pesificar los reintegros millonarios de la plata que salía del Ministerio de Planificación Federal”. Por esas dos cuentas habrían pasado unos $716 millones. La totalidad de los cheques ingresados nunca se secuestró.
Los detalles que incluye el listado del “servidor 1” no alcanzan para determinar la “trazabilidad” del dinero; sirven para establecer quién libró el cheque. Se requiere el documento físico para conocer el beneficiario final y fijar si emitió factura, si era legal y si se corresponde a los servicios y/o bienes con los que opera habitualmente el librador.
El fiscal federal Enrique Senestrari sí decidió abrir una causa paralela a CBI en función de ese listado: imputó a Armando Cavalieri y a una decena de integrantes de la cúpula de la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac) por supuesta defraudación por administración fraudulenta. Entre el 27 de septiembre de 2009 y el 24 de abril de 2012, la entidad ingresó –según consta en el listado– 84 cheques por $28,2 millones; el más grande por $2,5 millones; en total suma $53,7 millones.
En el caso de Electro ingeniería –puntualmente mencionada por el “arrepentido” hace dos años y que también figura en los “cuadernos de las coimas”– hay cheques de diferentes cuentas y sociedades. Son de entre el 21 de noviembre de 2008 y el 13 de agosto de 2012 (en
uno, por error, se consigna 5 de febrero de 2025) y suman un total de $378.720.
Por ejemplo, siete de los cheques son librados por Electroingeniería SA; dos por la UTE conformada por Electroingeniería SA y Boetto y Buttigliengo SA; cinco por Electroingeniería e Icssa y uno por una sociedad entre Electroingeniería y Iecsa.
De Rovella Carranza, otra firma mencionada en los cuadernos de las coimas, hay un cheque en marzo de 2012; de Iecsa (sin sociedad) hay uno de julio de 2010; del Correo Argentino hay 24 (de montos menores a los $3000) presentados entre febrero y agosto de 2012; del Pami hay dos de 2008.
Figuran decenas de constructoras y compañías de servicios para obras y minas que podrían tener relación con la obra pública; además hay particulares y empresas de los más diversos rubros.
Entre 2008 y 2011 no existía el delito de intermediación financiera en la Argentina, pero sí podrían iniciarse causas por evasión o lava- do de activos. CBI, como financiera, siempre vendió clandestinidad pero fue creciendo con el tiempo.
Un punto clave fue cuando empezó a manejar la recaudación del transporte público de la ciudad de Córdoba (Red Bus) a través de la UTE conformada entre Siemens IT, Rivelux y CBI pero, pero al haberse acortado los tiempos de liquidación entre la recaudación y la rendición, sumado a la aplicación de prevención de lavado por parte del Banco Córdoba, la operatoria se fue apagando y se malogró el negocio.
Fue entonces cuando la financiera aceptó la propuesta de negocios que antes había rechazado, la de “monetizar” sus cheques en cuentas corrientes en el Nación. Al primer contacto lo hizo un representante de los financistas porteños Joaquín Juana y Teófilo Grant, Jorge Castro un valijero que sí está imputado por Senestrari, pero le asigna una participación menor del rol que le asigna el “arrepentido” y también de lo que puede corroborarse en la causa.
Finalmente, según la declaración del “arrepentido” Vera, es él quien se encarga de manejar lo que ingresaba a las cuentas de Jotemi y Halabo (incluso menciona que quisieron “habilitar” otra pero no llegaron). En la declaración de Luis de los Santos, encargado de una de las sucursales de CBI, queda claro que la mecánica incluía a otros actores porque cuando ellos iban a buscar sus valijas, se encontraban con otros dos. Solo CBI “en un principio arrancó con $300.000 diarios pero se llegó a $1,2 millones por agosto de 2013 en adelante”.
De los Santos, en su declaración, dijo que Jotemi llegó a CBI por indicación directa de Eduardo Rodrigo (el dueño de la financiera) pero que se usó ese nombre “tres días” después porque el propio Rodrigo le “ordenó” ponerle “Bristol porque funcionaba en ese edificio”.
Una hipótesis es que CBI servía de “pantalla” y permitía “mezclar” entre sus cheques otros valores que pertenecían a fondos de la obra pública y obras sociales. Se desprende de la declaración de De los Santos que a Vera y Castro le interesaba que la financiera aportara cheques de grandes sumas de dinero. Cuando la financiera cayó (febrero de 2014), la cuenta de Halabo siguió funcionando cuatro meses más.
El Nación nunca objetó el millonario tránsito de dinero diario en las cuentas, ni aplicó los controles de prevención por lavado de activos. En abril de 2015 el fiscal Senestrari junto a personal de la AFIP y el Banco Central fue a secuestrar unos 45.000 cheques de las dos cuentas (solo un muestreo de la totalidad de los cheques que monetizaron Jotemi y Halabo) pero apenas iniciado el trabajo Nicolás Machione, entonces empleado de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), dijo que solo se llevarían los “cheques de caja” (es decir, los que libran los titulares contra saldo de su propia cuenta).
De esa manera no se cumplió con la orden judicial y se permitió consolidar la maniobra de ocultamiento o desvío de la investigación.