Por violencia de género, un hombre fue expulsado del pueblo

La extrema medida tomada en la localidad de Sampacho refleja el problema de los ataques a mujeres en localidades pequeñas

CÓRDoBA.– Por la “excepcionalidad” de la medida que prohibió ingresar por 30 días a una localidad de esta provincia a un hombre denunciado por violencia, el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil que tomó esa determinación entregará ayuda alimentaria para la expareja del agresor y sus cinco hijos hasta tanto se defina la situación.

El juez José Varela prohibió al denunciado el ingreso a Sampacho (localidad ubicada a 40 kilómetros de Río Cuarto y a 260 de la capital provincial) por el plazo de 30 días “bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad”. El hombre violó dos veces las órdenes de restricción de acercamiento; en la segunda fue detenido cuando intentaba forzar la puerta de la casa y estuvo diez días preso.

En diálogo con la nacion, Varela admitió que hubo un debate sobre la “medida extrema” y que hay opiniones que plantean que “podría rozar la inconstitucionalidad”, pero la ra- tificó porque “el interés superior es proteger a las víctimas; dos veces ya intentó vulnerar lo establecido”, y también porque espera una decisión de la Justicia Penal sobre si el agresor debe ser internado.

Es que en el expediente penal por desobedecer la restricción fue “sobreseído” al declarárselo “inimputable” por una patología de base. “Estamos a la espera de cuál será el esquema de tratamiento; con más razón hay que mantenerlo alejado si puede ser peligroso para sí y para terceros”.

Varela insiste en que la prohibición de ingresar a la localidad es por un “plazo prudencial” y que, por ese lapso, el hombre, que no tenía empleó formal en Sampacho, fijó domicilio en Río Cuarto.

“Si tuviera que trabajar, hubiéramos visto qué hacer –señaló el juez–, pero el problema es que Sampacho es una localidad chica, los botones de pánico no tienen alcance acá y él ya violó dos veces las órdenes de no acercarse a su familia”.

Los botones de pánico tienen alcance hasta a 10 kilómetros de Río Cuarto, por lo que todas las localidades de esa jurisdicción que superan esa distancia quedan inhibidas de usarlos. Varela apunta que es un inconveniente porque es “creciente” la cantidad de denuncias por violencia de familia y de género.

Este caso –el hombre tiene poco más de 40 años y los cinco hijos son menores– grafica una condición extrema, pero no excepcional. En cuanto al pago de la cuota alimentaria, Varela indicó que la asistencia que puede determinar el juzgado es por un tiempo, si se verifican condiciones de “extrema vulnerabilidad”, pero reconoce que, muchas veces, la Justicia de Familia se encuentra en una encrucijada cuando hay deudas de cuotas de mantenimiento de los hijos, ya que el responsable aduce no poder cumplir con esos compromisos en caso de ser detenido.

En la ciudad de Córdoba hay una experiencia piloto de la Asesoría Móvil de Familia y el Juzgado de Control de Violencia de Familia para –a través de la mediación– tratar de encontrar salidas a casos así que integran lo que denominan “círculo rojo” (el de más alto riesgo) porque ante la necesidad económica las mujeres suelen retirar las denuncias.