Qué hacen otros países ante la suba del gasto

Fondos y mecanismos para evaluar tratamientos, entre las prácticas

Los constantes avances de las tecnologías y la aparición de medicamentos para determinadas patologías son temas que, desde el punto de vista de los costos, mantienen el alerta en los sistemas sanitarios de diferentes partes del mundo.

Algunas de las políticas que hoy están en debate en la Argentina se aplican ya en diferentes países. Hay referentes del sector privado que destacan, por ejemplo, el caso de Uruguay en cuanto a la existencia del Fondo Nacional de Recursos, creado en 1980 con el propósito de cubrir prácticas de alta complejidad para toda la población, y que más tarde incorporó la cobertura de medicamentos de alto costo (a los que hoy se dedica el 20% de los recursos). Según una exposición realizada por la directora del organismo, Alicia Ferrerira Maia, el sistema tiene impacto en la definición de los precios: al ser el Fondo el único comprador de esos productos, el laboratorio que quiere vender en Uruguay solo tiene un comprador, que puede negociar desde esa posición los valores.

Al fondo aportan trabajadores y empresas y se derivan también recursos de rentas generales. Y a la atención la dan los Institutos de Medicina Altamente Especializada, que pueden ser públicos o privados.

Otra práctica que hoy se mira con atención está en los mecanismos fijados para determinar qué tratamientos y medicamentos quedan cubiertos. En la Argentina está en funciones desde este año la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Conetec), con la misión de emitir dictámenes (se está a la espera del primero de ellos) tras evaluar tecnologías o medicamentos. El entonces ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, emitió la resolución que crea la Comisión ante las demoras del trámite legislativo referido al tema. El objetivo de una agencia de evaluación creada por ley, destaca el ahora secretario de Salud, es que sus decisiones sean vinculantes (las de la Conetec no lo serán), es decir, que de sus evaluaciones surja qué debe estar cubierto por el sistema, tanto para los afiliados a prepagas y obras sociales como para los pacientes de los hospitales públicos.

Según la iniciativa que está en el Senado y que lleva la firma de Federico Pinedo, la Agencia tendría una comisión técnica integrada por representantes del gobierno, de las obras sociales, del PAMI, de la Defensoría del Pueblo, de asociaciones de pacientes, de las prepagas, de la Anmat y de los científicos.

¿Cómo hacen otros países para definir qué coberturas darán a la población sus sistemas de salud? Un informe editado recientemente por la Fundación Sanatorio Güemes y coordinado por Esteban Lifschitz, especialista en el tema y docente en la UBA, analiza cómo se gestiona la evaluación de tecnologías en varios países del mundo. Entre las conclusiones, se destacan las siguientes.

En España existe una Red Española de Agencias que elabora informes para orientar al Ministerio de Salud sobre nuevas tecnologías. Lo que se dice no es vinculante y el objetivo es ayudar a tomar decisiones a las autoridades, respecto de qué se cubre y qué no. Los autores del informe señalan, como debilidad, el carácter solo consultivo de las agencias y, como fortaleza, el hecho de que se elaboren Guías de Práctica Clínica para homogeneizar los servicios dados.

En Inglaterra, el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica es una organización independiente, no gubernamental, que hace evaluaciones a pedido del Departamento de Salud. Hay criterios para seleccionar qué tecnologías se analizan y un mecanismo formal para apelar las decisiones del instituto. Un rasgo que se destaca es que el precio de los medicamentos se regula a través de un esquema que implica acuerdos entre el Ministerio de Sanidad y la industria.

En Brasil existe una Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías que debe hacer sus trabajos en 180 días, prorrogables a 90 más. Las tecnologías se evalúan con ayuda de consultores externos y las recomendaciones son no vinculantes.

De Colombia, los autores destacan que el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, una corporación sin fines de lucro, publica todos los documentos en su página web, lo cual contribuye a la transparencia.