EL DERECHO A UN TRABAJO ES UNO DE LOS MÁS VULNERADOS
Solo un 32,2% de las personas con alguna dificultad física o intelectual están empleadas en la Argentina; propuestas de las organizaciones que buscan incluirlas y derribar prejuicios
Las cifras son elocuentes: para las personas con discapacidad en la Argentina, el derecho a un trabajo es uno de los más vulnerados, tanto que solo un 32,2% de esta población en edad laboral logra acceder a un empleo. Los más afectados son los jóvenes de hasta 29 años, se trata de una situación crónica y con una marcada brecha entre hombres y mujeres.
Los datos se desprenden de los resultados definitivos del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, elaborado por el Indec a pedido de la Agencia Nacional de Discapacidad y presentado días atrás en la Casa Rosada.
Según el informe, en el país hay 3.571.983 personas que sufren algún tipo de limitación física o intelectual. Representan un 10% de la población total de 6 años en adelante y casi el 17% está en edad de trabajar. La tasa de inactividad entre estas personas es del 64,1% y el desempleo llega al 10,3%, casi un punto más que a nivel general.
Los números presentan marcadas diferencias según sexo y edad. Mientras la ocupación en los hombres supera el 40%, en las mujeres es de 25,8%. En cuanto a las edades, el grupo con mejor desempeño va de los 30 a los 49 años, con una actividad del 64,3% y una tasa de empleo de casi 58%. Después de los jubilados, la franja etaria con mayor índice de inactividad es la de 14 a 29 (65,4%), que también tiene el peor registro de desocupación: 16,5%.
“La posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo implica una transformación estupenda que le permite dejar de ser pasiva receptiva para convertirse en activa y contribuyente”, señala Carolina Mazzochi, directora ejecutiva de Fundación Par, que hace 30 años promueve la inclusión laboral, social y educativa de este grupo vulnerable, poniendo el foco “en las capacidades, en lo que sí pueden ser”.
Visibilizar los aportes y fomentar la autonomía social y económica es la meta de varias organizaciones que buscan para este colectivo igualdad de posibilidades, a través de talleres protegidos, cooperativas y campañas para concientizar a las empresas.
Javier Lioy, director de La Usina –asociación civil dedicada a traba- jar con esta población–, destaca que uno de los principales obstáculos es el “círculo de invisibilidad” que afecta a estas personas y que impide dimensionar su número o sus potencialidades productivas. “Cuando comienzan a ser reconocidas, la problemática pasa por los prejuicios instalados. Muchas veces, el proceso de incorporación es por un diagnóstico y no por una capacidad. Entonces, esto obliga a la organización a tomar una serie de actividades, requisitos y esfuerzos para algo que, en general, no están preparadas”, sostiene.
En este sentido, Mazzochi remarca que hay una exigencia extra para estas personas en la búsqueda laboral, que implica superar dificultades a la hora de mostrar sus capacidades.
“Son numerosos los desafíos para incorporarse al mercado laboral, entre ellos, prejuicios negativos sobre las capacidades profesionales de estas personas y sus logros académicos inferiores, como consecuencia de prácticas de formación excluyentes”, señala Mazzochi. El resultado es que, muchas veces, ellos mismos sienten que no pueden competir.
En el relevamiento del Indec, cuando se les preguntó a los desocupados de hasta 64 años por qué no buscaban un empleo, el 15,7% de las mujeres dijo que se dedicaba al cuidado del hogar, el 18,4% explicó que era jubilada y el 10,7% creyó que su discapacidad la excluía. Entre los hombres, esta última explicación llegó casi al 18%, mientras el 16,8% dijo ser jubilado.
“Podemos lograr que personas con discapacidad dejen de ser sujetos de caridad y pasen a ser sujetos de derecho”, plantea Gabriel Marcolongo, director del portal de empleo inclusivo Inclúyeme, que busca facilitar el contacto con firmas para fomentar las contrataciones, a través de la publicación en su web de ofertas laborales y la carga de currículums.
“De diciembre de 2013 a 2016, gracias a esta plataforma, 1350 personas con discapacidad consiguieron trabajo. De ellas, el 93% antes no tenía empleo”, se enorgullece. Inclúyeme funciona en varios países de América Latina y en la Argentina tiene 85.000 postulantes registrados y alcanza unas 220 empresas.
Marcolongo explica que el contacto con los empleadores es fundamental para superar los prejuicios. “Muchas personas nos relatan que cuando llegan a una entrevista, si van con un bastón, por ejemplo, quien los recibe lo primero que hace es mirar eso, poner el ojo en la discapacidad y no en las capacidades”, detalla. Por eso, les explican a las empresas “que tienen que buscar el mejor talento posible y que si no contratan a estas personas, están dejando afuera un 10% del mercado laboral y, tal vez, perdiéndose al mejor postulante”.
En el caso de la Fundación Emplea Argentina, utiliza la metodología llamada de empleo con apoyo (ECA). María Paz Volkër, su fundadora y presidenta, señala que buscan “la verdadera inclusión” en el empleo, que logre cambiar la vida de estas personas, para que se sientan completas, y con un empleador que no considere que está llenando un “cupo”. “Ellos mismos se sorprenden de las capacidades que tienen”, remarca Volkër.
Generar trabajo genuino, de calidad y autosustentable es también el objetivo de la cooperativa En Buenas Manos, que ofrece diferentes servicios a empresas, como canastos de frutas, masajes o digitalización de documentos (ver aparte).
Otro buen ejemplo es Puentes de Luz. Un emprendimiento que nació en 2006 en San Martín de los Andes y tiene una chacra de dos hectáreas, donde funciona Sabor Natural, una granja y huerta orgánica. Allí se siembran y cosechan frutos regionales para la elaboración de mermeladas artesanales, así como hierbas aromáticas para blends de especias, aromáticas deshidratadas y ahumadas naturalmente. “Actualmente 14 personas forman parte del emprendimiento, ocho de las cuales tienen discapacidad intelectual”, explica Luis Rodríguez, director ejecutivo de Puentes de Luz.
También vinculado a la gastronomía, en 2016, Mateo, Leandro, Franco y Mauricio, cuatro compañeros de escuela con síndrome de Down, empezaron a soñar en un emprendimiento que les permitiese insertarse laboralmente y hacer una de las cosas que más disfrutaban: cocinar. Así, con la ayuda de Leandro López, fundador de Taller Sumando –un proyecto que trabaja por la autonomía de personas con discapacidad intelectual–, crearon Los Perejiles Eventos, un servicio de catering que ofrece empanadas, pizzas y perniles, entre otras propuestas. “Trabajar, tener su plata y poder tomar decisiones, los dignifica”, agrega López.
También hay propuestas como la del actor Esteban Parola, que fomenta la creación de cooperativas de trabajo para artistas con discapacidad, como el Grupo Esperanza, de la localidad de Campana, que nació hace siete años y hace del arte una herramienta de inclusión social.
Obstáculos a superar
Hernán Español, fundador de En Buenas Manos, explica que muchas de estas personas no buscan trabajo por miedo a la frustración y por la carencia de incentivos para capacitarse o postularse. “Durante toda su vida, se les dijo que no podían trabajar, que ellos no podían”, destaca. “Pese a que
saben y pueden hacer cosas –explica–, las empresas no siempre detectan las competencias que tienen. Por eso, el desafío siempre es hacer visibles esas capacidades que le pueden agregar valor a la compañía”.
Otra problemática es la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el trabajo. “La persona que es contratada pierde la pensión y entonces tiene miedo de quedarse sin nada si el trabajo no funciona”, advierte Español. Desde su óptica, debería pensarse en un modelo que permita que el beneficio quede en
stand-by y que se active instantáneamente ante la pérdida del puesto. “Si no es un desincentivo terrible”, resume. También recuerda que ya es crónico el incumplimiento del cupo del 4% que, por ley, el Gobierno debe reservar en su nómina para empleados con discapacidad. “Si se lograse que las empresas que brindan sus servicios al Estado lo respetaran, no tendríamos la cantidad de personas necesarias para cubrir todos esos puestos”, señala Español.
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad, indican que al 31 de diciembre de 2017, según registros del Ministerio de Modernización, hay diferentes áreas que sí cumplen el cupo establecido en el artículo 8° de la ley 22.431, aunque admiten que la tarea es ampliar esta práctica al resto de las dependencias. Además, señalan que el Plan Nacional de Discapacidad contiene distintos programas que buscan mejorar las posibilidades de empleo, articulando con diferentes ministerios. Un ejemplo es el programa Empresas Embajadoras, que promueve la incorporación de personas con discapacidad en el sector privado, ofreciendo postulantes registrados en la Secretaría de Trabajo e informando sobre los beneficios económicos e impositivos que existen para estimular la inclusión.
Luego de conocidas las cifras del Indec, que describen un escenario tan claro como urgente, las organizaciones y el Estado coincidieron en que el siguiente paso es profundizar las políticas públicas para revertir esta vulnerabilidad.