Tregua hasta fin de año entre el Gobierno y los piqueteros
Se mantienen los reclamos, pero hay consenso para evitar desbordes; el Polo Obrero no adhiere al acuerdo
El Gobierno y los principales líderes de las organizaciones sociales llegaron a una tregua para lo que resta del año. Si bien los reclamos se mantienen inalterables, en medio de la crisis económica el compromiso es no forzar el conflicto callejero para evitar desbordes. Ese es el acuerdo al que adhieren el 90% de los piqueteros.
Solo un pequeño grupo, que tienen al Polo Obrero y una parte de Barrios de Pie como estandartes, quedó fuera de esta lógica y se espera que continúe con la conflictividad. Son los mismos que el último miércoles instalaron una carpa en la 9 de Julio y le exigieron a Carolina Stanley 10.000 planes sociales bajo presión –la amenaza fue que si no “se termina el veranito del G-20”–, y que provocaron una fuerte reacción de la ministra de Desarrollo Social, que los acusó de “extorsión”.
Por primera vez desde que se hizo cargo de Desarrollo Social, Stanley denunció públicamente por amenazas a una organización social. “Estaba muy caliente”, reconocieron fuentes cercanas a la funcionaria. Para que no haya dudas mandó un mensaje: no habrá marcha atrás por “la no intermediación de planes sociales”.
Stanley prioriza la relación con Juan Grabois (CTEP), Juan Carlos Alderete (CCC), Daniel Menéndez (Barrios de Pie) y Emilio Pérsico (Movimiento Evita). Ellos son sus principales interlocutores.
La preocupación fundamental está concentrada en el conurbano bonaerense. “La están pasando mal”, admitieron fuentes oficiales. Stanley y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, concentran gran parte de su tiempo y ayuda en ese lugar. Y aunque advierten un cambio en el clima social, no vislumbran un estado de alarma. La red de contención también incluye a intendentes, referentes sociales y la Iglesia.
En la Casa de Gobierno están atentos a la cifra de pobreza que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA dará a conocer en los próximos días, que podría llevar ese índice a los niveles que tenía cuando Mauricio Macri se hizo cargo de la Presidencia. Por efecto de la devaluación, la inflación y la recesión, la pobreza volvería a rondar el 30 por ciento.
Desbordes
La tensa calma pactada tiene otro motivo: las organizaciones sociales tampoco quieren ser responsables de desbordes. “No le sirve a nadie”, explicó Menéndez, coordinador nacional de la facción de Barrios de Pie que rompió con Libres del Sur y que dialoga con Stanley. “Lo que hay no es enojo: hay tristeza”, describió.
Desde la Casa Rosada están convencidos de que las medidas que tomaron son suficientes para encarar las últimas tres semanas del año sin sobresaltos. No habrá, según adelantaron cerca del presidente Mau- ricio Macri, anuncios adicionales a las que se formularon en las últimas semanas. Con el bono de 5000 pesos para los trabajadores; la actualización de los haberes jubilatorios y los dos pagos, el de septiembre y el de diciembre –ya están cobrando los 1500 pesos previstos para este mes– para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH); sumados al refuerzo de alimentos en las zonas más vulnerables del conurbano bonaerense, el Gobierno cree que armó un sistema de prevención lo suficientemente robusto como para evitar una escalada de la conflictividad.
A eso se suma lo que ya puso en marcha Vidal: el bono de $3500 para los jubilados y pensionados que cobren los haberes más bajos –menos de $10.000–; el adelanto del aguinaldo para los empleados estatales de la provincia, y el bono de 700 pesos para los beneficiarios del plan Más Vida, entre otros.
El plan que está funcionando en la provincia también incluye a los supermercados. Desde el Gobierno les pidieron a las grandes cadenas que tomen los requisitos de las personas que llegan hasta sus puertas, pero que no entreguen mercadería. Desde Desarrollo Social un equipo se encarga de recibir esos pedidos y moviliza la asistencia.
“Nuestro objetivo es cuidar a cada uno de los que son parte de Hacemos Futuro (programa que absorbió a Argentina Trabaja). Esto lo logramos a través de un proceso transparente y sin intermediarios. Hoy conocemos y estamos en contacto con cada uno de los titulares”, dijo el secretario de Economía Social, Matías Kelly. Y agregó: “El contacto directo con el titular, además, permitió que aquellos que eran obligados a ir a marchas, dar dinero o participar de actos políticos ya no lo tengan que hacer más. Tienen una línea directa con nosotros de denuncias y trabajamos muy fuerte para que sepan que eso ya no lo tienen que hacer, y que si los obligan que denuncien”.