La Justicia delimita los alcances de la causa de los cuadernos de las coimas
Los camaristas de la Sala I deben decidir si convalidan o no la postura de Bonadio; la causa tiene más de 40 procesados
Muchos de los involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas tienen sus miradas fijas sobre la Sala I de la Cámara Federal. Esta es la sala que interviene en la causa a cargo del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli y que debe resolver cuestiones que marcarán el curso de la causa. La cámara es el órgano que revisa las decisiones más importantes de los jueces de primera instancia.
Los camaristas que integran la Sala I, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ya ratificaron a Bonadio a cargo de la instrucción tras haber resuelto los planteos recusatorios de la defensa de Oscar Parrilli, procesado en la causa. Bonadio pretende elevar la causa a juicio oral en mayo del año que viene.
En la semana del 17 de diciembre estará lista la resolución de todos los incidentes de lo que se considera la primera etapa de la causa: revisarán los primeros procesamientos dictados por Bonadio y los embargos; cambiarán las calificaciones de algunos delitos, y dispondrán algunas libertades. También se habrán resuelto los planteos por forum shopping, uno de ellos formulado por la defensa de Cristina Kirchner. Los camaristas consideraron que el caso es conexo con el del gas licuado, donde también intervino Bonadio junto al fiscal Carlos Stornelli.
Con respecto a la primera tanda de procesamientos, en la que se incluye a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, a Roberto Baratta y a empresarios como Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra y Aldo Roggio, entre otros, los camaristas están definiendo hasta dónde se extiende la asociación ilícita investigada.
Por un lado, consideran probado que existió un grupo tendiente a obtener y recaudar fondos de las contrataciones y los negocios que celebró el Estado. Por este motivo, quedarían procesados como miembros de la asociación ilícita la mayoría de los exfuncionarios que incluyó Bonadio en la primera tanda de procesamientos.
La cámara fijará un criterio, entonces, sobre dónde se ubica el límite de esta asociación ilícita. Pero uno de los límites más difíciles de fijar para los camaristas es cuál fue el alcance de la asociación ilícita con los empresarios que se encuentran involucrados en la causa. El corte que hagan probablemente considere a gran parte de los empresarios fuera de ese armado delictivo y entonces queden procesados por cohecho activo o dádivas.
Hasta ahora, los involucrados en la causa que fueron excarcelados lograron esa condición por haber declarado como arrepentidos. La Sala I deberá resolver recursos de excarcelación de quienes se encuentran detenidos y no se acogieron al régimen de imputados colaboradores. Esto deberá resolverse antes de fin de año, porque se trata de personas que están privadas de su libertad de manera preventiva, por considerarse que existe un riesgo procesal, es decir, un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. La semana
pasada, se le denegó la excarcelación a Roberto Baratta con ese argumento. Cuando Baratta pidió su excarcelación, sugirió que varios de los empresarios arrepentidos a los que se les concedió la libertad podrían entorpecer la investigación o fugarse por tener “más poder que él”.
Los camaristas también definirán qué tramos de la causa deben seguir bajo la instrucción de Bonadio y, por el contrario, qué tramos deberán ser sorteados para ser instruidos en otros juzgados. Bonadio eligió desprenderse del tramo “camporista” de la investigación, por considerar que al tratarse del financiamiento de una agrupación política no había vinculación con la asociación ilícita que él investiga. El juez había sido recusado por uno de los camporistas imputados, Julián Álvarez. Ese tramo, en el que se encuentran imputados Máximo Kirchner, Sergio Szpolski y dirigentes de La Cámpora, fue a sorteo y recayó en el juzgado de Sergio Torres.
La cámara estableció que Bonadio debe definir la situación procesal de Máximo Kirchner respecto de su participación en la asociación ilícita, ya que cuando se desprendió de ese tramo no argumentó sobre ese punto. Así se le hizo lugar a un planteo del hijo de la expresidenta, quien había solicitado su sobreseimiento en la parte que Bonadio había dejado sin resolver. Los tramos que tengan que ver con el “derrame”, es decir, a dónde se dirigía el dinero recaudado por la asociación ilícita, podrían ser sorteados también, si la cámara así lo decide.
La segunda tanda de planteos de acusados, en la que se tratará la situación de los secretarios privados del exmatrimonio presidencial y parte del personal que trabajó junto a ellos en Santa Cruz, será resuelta a fin de año, o durante los primeros días de enero, en la feria judicial. En este grupo se encuentran el jardinero Ricardo Barreiro, el exsecretario Roberto Sosa y los colaboradores Raúl Copetti y Daniel Álvarez. Fabián Gutiérrez declaró como arrepentido y fue excarcelado. Los camaristas pretenden resolver esta segunda tanda antes de que finalice la feria judicial porque en ese grupo hay detenidos. Las audiencias de este grupo ya comenzaron.
Hace un mes, los fiscales Rívolo y Stornelli apelaron la decisión de Bonadio de no compartir las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos con otras fiscalías. Los camaristas no hicieron lugar a la queja de los fiscales, porque se consideró que ellos no tuvieron agravio por esa decisión del juez. Pero en la resolución fijaron un criterio: como el Ministerio Público Fiscal es único, pueden comunicarse con los otros fiscales de las otras causas y enviarles las declaraciones. Son varios los jueces y fiscales en Comodoro Py que consideran que no puede ser Bonadio quien decida si esas declaraciones tienen o no valor en otros expedientes.
Quizá la brasa más caliente que le tocó a la cámara sea la situación procesal del CEO de Techint, Paolo Rocca. Bonadio procesó a Rocca por asociación ilícita y por cohecho activo. Los fiscales Stornelli y Rívolo apelaron el procesamiento de Rocca y subieron la apuesta: pidieron que se lo procese con prisión preventiva, al igual que a los demás empresarios que presuntamente integraron esa asociación ilícita. Así también lo requirieron para la situación del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su secretario Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda. Pero la cámara no resolverá estos temas hasta después de la feria judicial: es decir que recién en febrero se determinará en qué condiciones queda la situación procesal de uno de los empresarios más importantes del país.