Las escuchas telefónicas destaparon el detalle de las negociaciones
Fueron claves para el avance de la causa por asociación ilícita
“Para que Soto Dávila le diera la libertad a alguien había que pagar”. Así, un jefe narco que operaba en Itatí, una zona caliente del contrabando de marihuana, y que declaró como arrepentido explicó ante la Justicia porteña la aceitada maquinaria de sobornos que presuntamente operó en el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes desde 2010 hasta el año pasado. Según un expediente judicial, durante esos siete años se habrían pagado allí coimas por un monto aproximado de 1.115.000 pesos.
Las revelaciones del “imputado colaborador”, junto con una serie de escuchas telefónicas y otras pruebas, fueron claves para el avance de una megacausa judicial que puso tras las rejas a narcotraficantes, integrantes de las fuerzas de seguridad, políticos, funcionarios judiciales y abogados. Por ese expediente será indagado hoy Carlos Soto Dávila, que desde hace 22 años es el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, con competencia electoral.
El juez está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que “percibió montos de dinero en carácter de soborno a cambio de omitir avanzar en investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal de personas involucradas en maniobras de narcotráfico”, afirmó el fiscal federal Diego Iglesias, de la Procunar.
La banda criminal, según surge de la investigación, tenía una división de roles. Para la Justicia, Soto Dávila fue quien montó, coordinó y encabezó la asociación ilícita. Consta en el expediente judicial que los secretarios de Soto Dávila –Pablo Molina y Federico Grau– “se encargaron de establecer la tarifa correspondiente a las dádivas que los narcocriminales abonaron a cambio de ser favorecidos procesalmente, así como del efectivo cobro del dinero. Luego, fueron los abogados quienes debieron negociar los pormenores de los pagos, llevándose una parte del soborno en carácter de comisión, cada vez que se concretaba el acuerdo”.
En una de las escuchas, uno de los presuntos capos narcos, Federico “Morenita” Marín, habló con Miriam Almirón, esposa de uno de sus lugartenientes detenidos, sobre el dinero que debían pagar en el juzgado para que liberaran al imputado. A las 17.45 del 22 de diciembre de 2015, la mujer le envió a Morenita un SMS con el detalle de lo que había que pagarles al abogado –Omar Serial– y al juzgado federal.