No todo es lo mismo
No se explica por qué incurrieron en sobornos directivos de Techint cuando la empresa quiso auxiliar a sus empleados en Venezuela
En la causa de los “cuadernos”, y con referencia a hechos en los que se hallan imputados los altos directivos del grupo Techint, el doctor Claudio Bonadio podría haber aprovechado la oportunidad para llegar a la verdad sobre la relación cómplice entre los gobiernos kirchneristas y el régimen venezolano encabezado por Hugo Chávez.
En cambio, decidió procesar a empresarios claramente extorsionados. La declaración del director corporativo institucional de Techint, Luis Betnaza, expuso las razones por las cuales había accedido a una exigencia de “colaboración” económica formulada por funcionarios argentinos a fin de prestar ayuda en la repatriación de empleados del grupo y sus familias. Contó también que estos se encontraban corriendo serios riesgos en sus libertades e integridad física.
En 2008, en momentos previos e inmediatamente posteriores a la decisión chavista de nacionalizar la empresa Sidor, que integraba el conglomerado Techint, quienes se encontraban al frente de la operación técnica sufrieron serias y reiteradas amenazas, según probaron los directivos de la multinacional ítalo-argentina. Las amenazas quedaron documentadas en actas notariales e intercambios de correos electrónicos y dieron lugar a la intervención de empresas de seguridad. Todos esos antecedentes obran en poder de la Justicia.
Con esos elementos quedó demostrado que la empresa había sido “tomada por la fuerza” por orden del vicepresidente venezolano. En la planta de Sidor aparecieron pintadas con leyendas como “Muerte a los argentinos” y “Malditos argentinos ladrones”. Fue incendiado un ómnibus para el traslado del personal, mientras funcionarios del chavismo proclamaban por los medios de comunicación que se debía impedir la salida del país de los funcionarios de Sidor. Se trataba de 270 argentinos, entre empleados de la compañía y sus familias.
La protección de los ciudadanos e intereses argentinos en el exterior es función propia del Poder Ejecutivo Nacional. El grupo Techint no tenía, por lo tanto, otra alternativa que solicitar la intervención del gobierno argentino con vistas a proteger a personas de su dependencia. Frente al requerimiento que se le hizo, y que debió constituir una obligación de cumplimiento inexcusable para cualquier gobierno nacional, los funcionarios designados por la administración kirchnerista exigieron dinero. Betnaza contó que accedió, pero aseguró que el CEO mundial de la compañía, Paolo Rocca, no conocía las decisiones que en aquel momento tomaron sus directivos en Buenos Aires. Rocca ratificó la declaración de Betnaza. La aseveración de Betnaza (confirmada por Rocca) es creíble porque Techint tiene oficina y empresas en 42 países. Es improbable que el CEO mundial de la compañía esté en conocimiento de todas las decisiones que se toman en la representación de su empresa en cada uno de esos países. La resolución del juez Bonadio, difícil de comprender en ese contexto, se respalda en la deducción del magistrado, pero carece hasta ahora de pruebas. Bonadio sostuvo que Rocca y Betnaza formaron parte de una asociación ilícita integrada por funcionarios y empresarios para obtener contratos de obra pública a cambio de sobornos. Está probado y es de público conocimiento que el grupo Techint había mantenido un duro enfrentamiento con el régimen kirchnerista, al que denunció en el famoso caso Skanska, y de que recibió menos del 1% del total de la obra pública en los 12 años de poder en manos de Néstor y Cristina Kirchner.
No se explica, por lo tanto, cómo puede ser considerada soborno (delito que necesariamente implica el intercambio de favores y beneficios mutuos) la respuesta a una exigencia manifestada con valor de condición por una autoridad pública, a fin de brindar el auxilio debido a argentinos que se encontraban en trance de peligro extremo.
De forma análoga, en un secuestro extorsivo o en una extorsión, existe un pago o una contraprestación obtenida compulsivamente. En tales casos, quien la efectúa reviste el papel de víctima y a ninguna persona de bien se le ocurriría negar que su voluntad ha estado viciada por la coacción moral a la que ha sido sometida.
Más aún cuando se ha tratado de empresarios que debieron actuar como lo hicieron a fin de salvar a empleados y sus familias de cuya suerte eran responsables.