El Gobierno toma distancia de la causa de los cuadernos
“No tenemos ninguna injerencia en la Justicia”, dijo Torello; además, afirman que Macri vendió sus acciones de Autopistas del Sol
En la Casa Rosada evitaron expedirse sobre la citación judicial a Franco y Gianfranco Macri, padre y uno de los hermanos del Presidente. La decisión del juez Claudio Bonadio conmovió al Gobierno, que no esperaba que se cite a alguien más del entorno presidencial en la causa vinculada a los denominados cuadernos de las coimas en obras púbicas durante el kirchnerismo.
“Si están citando así… no tenemos ninguna injerencia en la Justicia, lo que hacemos es desde el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo nombrando los mejores jueces por concurso y removiendo a los malos jueces”, dijo ayer el asesor presidencial José Torello.
Otro funcionario arriesgó que la preocupación presidencial pasaría “sobre todo por su hermano”, mientras sostenía que el delicado estado de salud de Franco le impediría declarar ante el juez.
En el Gobierno afirmaron que el vínculo con Autopistas del Sol es estrecho, porque “tienen los dos corredores más importantes de accesos a la ciudad y están encarando muchas obras, por 5500 millones de pesos”, siendo el Ministerio de Transporte el principal interlocutor. Aclaraban, además, que el grupo Macri vendió su “participación grande” en esa empresa hace unas décadas, y que el 7% que le quedaba se liquidó durante el gobierno de Cambiemos.
Antes del sacudón por la citación judicial a la familia del Presidente, el Gobierno dispuso cambios en el manejo de la obra pública. En otra muestra de su inalterable influencia en lo más alto del poder, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, adquirió, a partir de ayer, una herramienta de control y vínculo con las empresas de obra pública, hasta hace pocas horas repartida en distintos ministerios.
Por medio de una reforma a la ley de ministerios publicada en el Boletín Oficial, Peña controlará en un mismo organismo el registro de constructores de obra pública y las compras, contrataciones y licitaciones que se generen con empresas privadas bajo el sistema de participación público-privada (PPP), una de las apuestas del Gobierno para sostener inversiones y empleos vinculados a las obras de infraestructura.
Según el decreto, la Jefatura de Gabinete pasa a “entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planificación de los proyectos de inversión pública y en el control de la formulación, registro, seguimiento y evaluación de esos proyectos cuando sean ejecutados a través de contratos de participación público-privada en los términos de la ley N° 27.328”. Hasta el momento, el registro estaba a cargo del Ministerio del Interior, y también tenían competencia los ministerios de Hacienda y Transporte. En el decreto se oficializó además el “pase” del Acumar a la órbita del ministerio que conduce Frigerio.
De inmediato, tanto Rogelio Frigerio (ministro del Interior) como su par de Transporte, Guillermo Dietrich, les restaron dramatismo al cambio. “El registro de constructores se está juntando con lo que son compras, va a haber una unidad que conjuga compra, contrataciones y licitaciones de todos los ministerios, y eso se decidió que esté en la órbita de la Jefatura de Gabinete”, dijo Frigerio. “Estructuralmente no cambia nada, son los mismos actores en roles distintos”, afirmaron desde Transporte.
Un funcionario que responde a Peña lo evaluó diferente: “Está muy bien que el poder de control y presión sobre las empresas de obra pública se concentren en la Jefatura de Gabinete, y no que estén dispersos”.