El cierre del caso Maldonado
La trágica pérdida de una vida no debería ser nunca insumo para que voces trasnochadas quieran apartarnos del sostenimiento del Estado de Derecho
El fallo del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, que cerró la causa en la que se investigaba la desaparición de Santiago Maldonado contiene, a lo largo de sus casi 300 páginas, muchas consideraciones que prueban que el joven murió ahogado, que no se trató de una desaparición forzada y que no hay responsabilidades penales sobre su deceso. Pero hay una reflexión del magistrado, quizá la menos técnica y más afincada en el sentido común, que resume con claridad el fin de una desgraciada historia. Dijo Lleral: “La verdad es esa. Cuando la simplicidad de las cosas es patente, sobrevuelan los sinsabores de la especulación espuria”.
Desde lo técnico, el fallo –ahora apelado– explica que el cuerpo quedó atrapado en aguas del río Chubut, enganchado a un ramaje que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego, su descomposición natural interna superara la presión y la fría temperatura del agua, y emergiera en el mismo lugar donde se había hundido. Lleral no llegó solo a esa conclusión. Más de 50 peritos fueron los encargados de informarle, en forma coincidente, sobre los hechos realmente acontecidos. También se detectó que el DNI que se había encontrado junto al cuerpo del joven estuvo bajo el agua el mismo tiempo que él. Maldonado no fue arrastrado ni manipulado ni desaparecido de manera forzosa. He allí el fin de un relato que a quien más dañó fue a la memoria del propio muerto.
Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) lo ungió como víctima para poder victimizarse ellos y justificar sus ataques violentos. Dirigentes de derechos humanos se subieron a hipótesis trasnochadas por su propia necesidad de plantarle al Gobierno un desaparecido en democracia y hoy siguen sosteniendo que la muerte del tatuador fue “un crimen de Estado”. Testigos falsos formularon declaraciones igualmente fraudulentas que hablaban de palizas a cargo de las fuerzas de seguridad, de secuestros, de traslados en camiones, de largavistas que nunca existieron y de visiones mágicas que deberían ser materia de análisis por parte de la Justicia ante la certeza de que se ha tratado de falsos testimonios.
El relato que un ideologizado y ruidoso sector de la sociedad trató de imponer sobre este trágico caso auspició marchas, vandalismos y agitaciones. Llegó incluso hasta las escuelas, donde maestros conmovidos por la falta de respuestas frente a la inicial desaparición del joven cayeron en la maniobra urdida por voceros inescrupulosos, enseñándoles a chicos –a los que habrá que decirles la verdad– que Maldonado había sido secuestrado y muerto por la Gendarmería a instancias del Gobierno.
No pueden dejar de señalarse también las “campañas” de actores, referentes sociales y religiosos y dirigentes de lo más variado del arco político para instalar como verdad aquel relato tan interesado como falaz. Y, tampoco, que todo ello ocurrió mientras se desarrollaba un proceso electoral. La figura de Maldonado fue usada para profundizar un clima de violencia que se pretendía creciente y en franco avance contra el funcionamiento de las instituciones.
La familia del artesano, en medio de todo su dolor, también se prestó a esos voceros del fraude y la mentira. No se recuerdan muchos casos en los que se haya usado con tamaña desvergüenza a víctimas de carne y hueso para fines inequívocamente ideológicos y políticos. Fue un caso montado sobre un escenario tan formidablemente perverso como tremendamente endeble respecto de sus raíces fácticas.
El Gobierno, que asistió a la familia Maldonado económicamente en aplicación de la ley de derechos y garantías de las víctimas de delitos, como lo hace en todos los casos que corresponde, dio de baja esa asistencia, que sumó alrededor de 1,5 millones de pesos. La ayuda terminó porque el juez estableció que no hubo delito. Sin embargo, algunas voces critican sin ningún fundamento esa decisión absolutamente legal.
RAM es un grupo de violentos activistas en permanente conflicto con las autoridades. Muchos de sus miembros dijeron haber sido los últimos en haber visto a Maldonado. Plantearon inadmisibles condiciones para el ingreso de peritos en el poblado en el que se asientan en la Patagonia, haciéndolo aparecer como un pretendido “Estado” dentro del Estado. Inexplicablemente, la Justicia atendió algunas de esas aberraciones, como vedar el acceso a parte del territorio nacional por considerárselo “tierra sagrada”.
Las fuerzas de seguridad fueron demonizadas. Quiso el relato borrar los límites que distinguen la violencia ilegítima de la legítima, los límites entre la verdad y la mentira. Trató, por todos los medios, de hacer creer que cualquier intervención de la Gendarmería es ilegalmente represiva y no una acción en cumplimiento de las leyes.
El Gobierno, por su parte, apoyó a la ministra de Seguridad, pero hizo equilibrio sobre la soga que le plantó el perverso y desesperado aparato ideológico que busca por todos los medios asimilar la actual gestión democrática con la última dictadura. Este feroz intento de aprovechamiento político del caso Maldonado debe llamarnos a la reflexión como sociedad. La trágica pérdida de una vida no debiera ser nunca insumo para que voces trasnochadas quieran alzar a una sociedad contra el Estado de Derecho.