Defensor del niño: 13 años de postergaciones
Infancia en Deuda es el nombre que eligió un conjunto de instituciones de la sociedad civil que reclama públicamente por la inexplicable demora en designar a una persona para el vacante cargo de defensor del menor. La figura en cuestión fue prevista por la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sancionada hace ya 13 años, en 2005. Fijaba un plazo de 90 días para el nombramiento del funcionario, lapso que, incomprensiblemente, se extiende hasta hoy.
Una reciente solicitada destacaba que “13 años es demasiado tiempo”. Increíblemente, a pesar del tiempo transcurrido, los menores de edad aún no cuentan con este representante para hacer oír sus reclamos y necesidades. Su ausencia se hace sentir a la hora de llevar adelante iniciativas con el despliegue que habilita un cargo público de amplias facultades para cumplir y hacer cumplir todo aquello referido a la calidad de vida y derechos de los menores, con la amplitud y alcances contemplados en la Convención de los Derechos del Niño a la que ha adherido nuestro país.
Ante semejante mora, la sociedad civil interpuso un amparo judicial que tuvo favorable acogida en 2017. A raíz de ello, se formó una comisión bicameral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que llamó a concurso público. Se presentaron a examen 63 candidatos y se seleccionaron 14 postulantes cuyas propuestas de trabajo quedaron a consideración de la comisión bicameral. Integrada por diez legisladoras, debía evaluar las presentaciones y elevar la recomendación para que el pleno de la Cámara de Diputados y los senadores efectuaran finalmente la designación. Las cuatro etapas de evaluación del concurso público se completaron. Igual que muchas otras cuestiones se toparon no solo con la presentación de una impugnación, sino también con la desidia de varios legisladores que ya enfrentan el cierre del año y que anuncian que el proceso de designación continuará solo en 2019.
Los 15 millones de niños cumplirán entonces 14 años de espera. Es lamentable que no se haya contemplado incluir este tema en la extensión del período de sesiones extraordinarias de este mes para satisfacer de una buena vez esta necesidad de la minoridad, tan vergonzosa como largamente postergada.