La Cámara de la Construcción se rearma tras el escándalo

Renovó su conducción y eligió empresarios que no están salpicados por las denuncias de corrupción; las compañías mencionadas en la causa quedaron fuera de la mesa ejecutiva

La Cámara de la Construcción renovó sus autoridades. Hasta ahí la noticia pura. Pero, en realidad, hay bastantes matices en el cambio de hombres. Los empresarios que asumieron sus cargos tienen una tarea mucho más importante que la de conducir las riendas de la entidad: deberán reconstruir una institución que quedó magullada después de las consecuencias que trajo consigo el caso de los cuadernos de las coimas.

Para la reunión de renovación de la comisión directiva ya estaba prácticamente todo acordado. Hubo una lista de consenso que se presentó. El elegido para encabezarla fue Julio Cesar Crivelli, un abogado especializado en obra pública y que, a diferencia de lo que pasa con gran parte de los anteriores presidentes, tiene una constructora pequeña. La tuvo, pero ya no más.

A las dos de la tarde terminó la reunión. Se había consagrado una lista de unidad. No todos quedaron contentos. Varios integrantes de la Cámara, especialmente del interior, postulaban a otro candidato. Pero el peso de las grandes se impuso. La entidad tiene un sistema de elección complejo. Se trata de un mecanismo que tiene en cuenta la cantidad de patrimonio de una empresa y la antigüedad de cada compañía. El cálculo hace que las grandes e históricas tengan muchos más votos que las nuevas, aunque detenten gran capacidad de construcción. De ahí que las clásicas constructoras pueden llegar a tener 7,7% del total de los votos cada una.

Las diez primeras constructoras en el ranking que se confecciona para la elección tienen el 55% del total de los votos. “No hubo elección, directamente se lo eligió y no hubo posibilidad, por ejemplo, de votar en blanco”, dijo uno de los empresarios presentes.

Otro de los hombres de la construcción comentaba que la elección de nuevas caras en la entidad es un hecho inédito en el último tiempo. Consideraba que hay varios actores nuevos del interior, que han encontrado un lugar gracias al necesario cambio de nombres.

Luego llegó la hora de llenar las otras vacantes. Y ahí sí, empezaron a notarse las ausencias. Los grandes, los históricos como Panedile, Techint, Esuco, Roggio, Decavial, Cartellone, Supercemento, Odebrecht o Chediak, por caso, quedaron fuera de la mesa de conducción. Todo un símbolo que va más allá de un cambio de nombres.

Los vicepresidentes elegidos fueron Teodoro Argerich, de Caputo; César Borrego, de Ingeniero Borrego; Carlos Follati, de Víctor Contreras, y Antonio Pecora, de Tecnipisos. Las empresas que estaban mencionadas en la causa de los cuadernos fueron apartadas.

Conocedora de los problemas que dejó la actuación judicial, la Cámara decidió contratar a la consultora KPMG para hacer un trabajo sobre la transparencia de la entidad y de sus socios. Y formalizó una comisión de consejeros para trabajar en este tema.

La comisión directiva quedó formada por representantes de empresas que no estén salpicados por el escándalo. Ni podrán estar presentes en el órgano de dirección empresas involucradas y, menos aún, hombres que ya pasaron por Tribunales.

La mesa directiva, un órgano más colegiado, con delegados de todo el país, tendrá solo un 30% de representación de empresas que están ligadas a la causa de corrupción, aunque sus representantes no podrán ser los hombres confesos.

La razón de esta decisión tiene que ver con la experiencia y la capacidad de ingeniería que tienen las compañías. No cualquiera está capacitado para llevar adelante obras de gran porte, más allá de que en la coyuntura actual el Gobierno adjudica pocos proyectos.

Así se empezará a sanear una de las instituciones que albergó durante décadas a la llamada patria contratista. Pero los constructores llegarán con otro pedido al Gobierno. Para los conflictos y las impugnaciones que muchas veces se dan en el proceso licitatorio, la Cámara quiere proponer la formación de tribunales arbitrales y laudos como medio de resolución de conflictos. De esa manera, dicen, los tiempos se acortarían y ya no habrá que esperar años una resolución judicial.

Luego, las nuevas caras, trabajarán en otro sistema, que es el más ambicioso. Intentarán encontrar la manera de que el Estado y los constructores no estén todo el tiempo renegociando contratos desactualizados, y que los privados no sean víctimas de atrasos del pagador. “Cuando hay un atraso importante hay una posibilidad de coimas para destrabarlo”, dijo varias veces el nuevo presidente.

La idea es armar un esquema que permita colocar los certificados de obras en el mercado financiero y transferir el riesgo. Pero eso demandará tiempo y diseño regulatorio. Y además, voluntad para que finalmente los millonarios pagos de obra pública no sean un botín para cada administración que llega.