Boudou: la violencia de la impunidad
Debido a una nefasta tradición de ausencia de castigos, la momentánea liberación del exvicepresidente es otro motivo de profunda frustración social
La liberación bajo fianza que el Tribunal Oral Nº 4 concedió al exvicepresidente Amado Boudou causa irritación no solo en el Gobierno, sino también en una sociedad harta de la impunidad y de los largos tiempos de la Justicia para fallar en casos de corrupción que involucran a importantes personajes.
Boudou había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión por encontrárselo culpable de recibir sobornos y realizar negociaciones incompatibles con la función pública relacionadas con la eximprenta Ciccone. El exvicepresidente solo cumplió prisión preventiva durante cuatro meses porque su condena no se encuentra firme, ya que fue apelada. El mismo tribunal que lo condenó es el que luego le concedió la libertad bajo fianza y con la obligación de usar una tobillera electrónica para un monitoreo permanente.
El cambio de tesitura obedeció a que en esos cuatro meses cambió la integración del tribunal oral. Uno de los tres integrantes, Néstor Costabel, votó en disidencia, al considerar fundadamente que no había que revisar la situación de Boudou, pues ya había sido evaluada por el tribunal luego de la condena y por la propia Cámara de Casación, que rechazó el recurso.
También influyó en la liberación el procesamiento del banquero Jorge Brito en la causa Ciccone II, resuelta por el juez federal Alfredo Lijo.
En su resolución, ese magistrado no ordenó la detención del banquero, medida que hubiera correspondido si entendía que Brito podría aprovechar su libertad para entorpecer el avance de la causa o para profugarse.
Como informó ayer la nacion, la defensa de Boudou consideró que ese argumento podía aplicarse al exvicepresidente para obtener su excarcelación. Y así fue.
La causa Ciccone fue uno de los primeros grandes escándalos del kirchnerismo, y en su momento Boudou maniobró con furia y saña para procurar zafar. Logró, por ejemplo, la renuncia del entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, tras acusarlo falsamente. También consiguió el apartamiento de un juez federal.
Lo que ha obtenido este oscuro personaje que se pavoneaba gracias a una impunidad que no nacía de su peso político –un peso que, por otra parte, jamás tuvo, sino que le era concedido por la entonces presidenta Cristina Kirchner– es solo un poco de tiempo hasta que la Justicia se expida sobre su condena.
Son varias las causas aún en marcha en distintas etapas procesales que comprometen aún más el futuro de Boudou. Además de estar investigado por favorecer a la empresa The Old Fund, que intervino en la renegociación de la deuda de Formosa, deberá comparecer en un juicio oral acusado por la compra directa de 19 automóviles oficiales de alta gama sin licitación cuando era ministro de Economía. Pesan sobre él, también, la imputación de falsificar facturas en la rendición de viáticos correspondientes a viajes oficiales a Europa, la compra de acciones con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y la adulteración de documentos para transferir un vehículo.
Esta densa “foja de servicios” en el campo del aprovechamiento de los cargos oficiales a costa de los fondos estatales, sumada a su caradurismo, es la causa de que su liberación irrite, genere frustración y se la interprete como un pésimo ejemplo ético.
Más allá de que las razones esgrimidas para concederla se ajusten a derecho, es fácil advertir que el abuso en el otorgamiento de impunidad en casos de corrupción en que han incurrido algunos juzgados federales provocan hartazgo, frustración y violencia moral en la ciudadanía. Son demasiado escasas las condenas con prisión que produce nuestra Justicia Federal en casos similares y nunca recaen sobre exfuncionarios de peso.
Es preciso ahora que la Justicia no demore la revisión de la condena que ha recibido Boudou, para que su liberación no se transforme en un inexplicable premio, absolutamente inmerecido.