Crece la presión sobre Ortega por los presos políticos y el agobio a las ONG
A partir de las protestas del 18 de abril último, las detenciones han ido en ascenso, al igual que las muertes
“Viva Nicaragua”, gritó Marco Novoa y en cuestión de segundos un grupo de paramilitares lo corrigió con un golpe en el estómago. Mientras se adentraba por un túnel, escoltado por fuerzas de seguridad nicaragüenses, el joven de 27 años no sentía miedo, muchos menos arrepentimiento. Daba igual. Al final del pasillo, creyó, lo matarían.
Ni el más pesimista de sus pensamientos pudo anticipar que su destino sería otro. No era un espía de la CIA, no había sido financiado por nadie, no era parte de ninguna organización en contra del gobierno de Daniel Ortega. Durante ocho días el joven lo repetirá una y otra vez, pero los shocks eléctricos le robarán las certezas. ¿Y si era un agente secreto? Como en el reino del revés será él quien le pida a un paramilitar que lo mate con la misma AK 47 que lo torturó. No es una canción de María Elena Walsh; es un centro de detención clandestino en Nicaragua. No hay registros, no hay garantías. No existe.
Desde hace ocho meses que las detenciones ilegales como por la que pasó Novoa en Nicaragua se convirtieron en una de las principales preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. La reciente disolución de algunas ONG, particularmente la de anteayer del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), disipa cada vez más las esperanzas de que se instaure el tan reclamado “diálogo nacional”. Por el contrario, se registra un miedo generalizado por gran parte de la sociedad. El país es hoy una olla a presión.
En un giro inesperado, la denuncia de la actriz Thelma Fardin incluyó a Nicaragua en la agenda mediática de la Argentina. Sin embargo, el país centroamericano libra su propia batalla. En las últimas horas, los empresarios –último bastión del orteguismo– le soltaron la mano al gobierno y exigen elecciones anticipadas y la pronta liberación de los más de 700 presos políticos. Las protestas que se desataron el 18 de abril en rechazo a la reforma del sistema previsional, asociadas en una primera etapa al ámbito universitario, son hoy canalizadas por distintos sectores socioeconómicos que coinciden en la necesidad de restaurar el casi extinguido diálogo nacional.
Según las cifras difundidas por distintas organizaciones de derechos humanos se registran por lo menos 325 víctimas mortales producto del estallido social que se desató hace seis meses, mientras que el gobierno de Daniel Ortega reconoció 200 muertes.
El orteguismo confirmó también que existen alrededor de 204 “presos políticos”, un número por debajo de la mitad de los cálculos de los organismos de derechos humanos, pero que, según Joel Hernández, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), supera el sis- tema que el estado nicaragüense puede sostener.
Muchas de las detenciones no son registradas y las que corren con esa suerte presentan una serie de irregularidades que las convierten en ilegales. En su último viaje a Nicaragua, Hernández no pudo visitar ninguna de las tres principales cárceles del país, tampoco hablar con las autoridades a cargo. Aunque se acercó a los establecimientos La Esperanza, La Modelo y El Chipote, no obtuvo respuesta. “El silencio fue total”.
De todas formas, los testimonios de familiares, víctimas y abogados le aportaron una serie de detalles que le permitieron reconstruir el panorama, que sintetizó en tres aspectos: “Detenciones ilegales, procesos penales viciados y lugares de internación inadecuados”.
Jackeline Valdivia Aguilar conoce bien los puntos que describe Hernández. Muy a su pesar, su instrucción no responde a su profesión de abogada. Ella es mamá de Christopher Nahiroby Olivas Valdivia, un estudiante de abogacía de 18 años a quien describe, entre muchos adjetivos, como autodidacta y servicial. Su pasión: el derecho. “Él iba a todos lados con la Constitución y los estatutos universitarios”, cuenta su mamá.
Ahora está detenido desde el 24 de agosto y afronta cargos por “terrorismo, incendios, robo, secuestro extorsivo en grado de frustración, tenencia ilegal de armas de uso restringido, homicidio frustrado, amenaza de muertes, lesiones, entorpecimiento de los servicios públicos y daño al estado de Nicaragua”.
Puntualmente, lo acusan de haber incendiado el Centro Universitario de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN), en la ciudad de León. Pero ese mismo día –según aclara Jackeline– él estaba en su casa celebrando su cumpleaños.
A pesar de todos los cargos en su contra, y ante la amenaza de recibir la pena máxima de 30 años de arresto, Nahiroby se mantiene calmo.
En una de las visitas diarias de Jackeline a la cárcel, le pidió si le podía llevar un Código Procesal para matar las horas. Ella, en cambio, le regaló Las mil y una noches. Después de todo sabe que era imposible que aprobaran una entrega como aquella en el penal.
“Amor, las leyes no son como te las explican en clase, son muy diferentes”, le dirá después.