Acuerdo por la ley de financiamiento político entre el Gobierno y el PJ

Establece la bancarización de aportes y habilita contribuciones empresarias; se debate el miércoles

El Gobierno acordó con parte del peronismo un proyecto común de ley sobre el financiamiento de las campañas electorales y se tratará el próximo miércoles en el Senado. Entre los puntos centrales se destacan que las empresas podrán aportar a los partidos políticos hasta el 2% del tope de gastos de campaña y se bancarizarán el 100% de las contribuciones.

Además se prohíben los aportes de los contratistas del Estado y de las obras sociales, se extiende el período de campaña electoral a 50 días y se establece un procedimiento específico para el trámite judicial de los ilícitos electorales.

Por pedido del presidente Mauricio Macri, los negociadores de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunieron el último martes, en el despacho del ministro coordinador, con los senadores Federico Pinedo (Pro), Luis Naidenoff (UCR) y el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez. Ahí se resolvió la estrategia para debatir con el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto.

Tras el escándalo de los cuadernos de las coimas y la investigación de los aportantes truchos de Cambiemos, y cuando asoma en el horizonte el nuevo cronograma electoral, la necesidad de generar un nuevo sistema de financiamiento político se transformó en una urgencia para el oficialismo y la oposición.

“No es razonable que lleguemos a la elección con el mismo régimen de financiamiento, que ha demostrado muchas falencias”, dijo Pérez.

El proyecto que debatirán los senadores el miércoles próximo incluye la bancarización total de aportes de campaña. Hasta hoy, gran parte de los aportes a los partidos se realiza en efectivo, lo cual dificulta el control de su origen y destino. Con la reforma, el dinero queda registrado.

También se habilitarán las donaciones de personas jurídicas, algo resistido por Elisa Carrió. Desde la Casa Rosada evitaron confrontar con la líder de la Coalición Cívica y describieron que el límite del 2% es algo “lógico”. Por las dudas, para que no haya sorpresas el año que viene cuando se trate en la Cámara baja, C ar rió ya avisó a sus allegados que no acompañará con su voto el proyecto.

La nueva norma, en caso de ser aprobada el año próximo –se discutirá durante las sesiones ordinarias–, también tiene previsto un nuevo porcentaje de programación destinada a la publicidad audiovisual, que pasará del 10% al 5%. Pero a la vez aumenta la cantidad de días de publicidad: de los 25 actuales a 35, en las elecciones generales.

También se extenderá el período de campaña a 50 días, que en la actualidad es de 35 días. Y la prohibición de los actos de gobierno, como la inauguración de obras públicas y el lanzamiento de planes, se prolongará de 15 a 25 días.

Otro punto importante para la transparencia de los comicios es que la Justicia Nacional Electoral contará con nuevas herramientas para el control. En este sentido, la UIF, la Anses, el Banco Central, AFIP, la Procelac y la Oficina Anticorrupción deberán proveer información.

Por último, se fijará un Procedimiento Electoral Sancionador específico para el trámite judicial de los ilícitos electorales y se fortalecerá el cuerpo de auditores de la Justicia Electoral (se crean ocho nuevos cargos).

Después de algunas dudas, el Gobierno cree que están dadas las condiciones para avanzar. El Presidente lo considera una prioridad, por eso lo incluyó en el temario de sesiones extraordinarias y volvió a instruir a Peña y Frigerio para que, al menos, logre media sanción antes de fin de año.

Además de la resistencia inicial del peronismo, las dudas también partieron desde la propia coalición Cambiemos. Carrió, incluso, ya anticipó que no quiere que las personas jurídicas sean habilitadas a realizar aportes de campaña.