El Congreso tuvo mejoras, pero no avanzó en el ranking de transparencia
Un informe regional ubica al país en el 9º lugar, sobre 11 países; valoran la sanción de la ley de acceso a la información
Mejoró, pero no tanto. En los últimos dos años el Congreso avanzó en materia de transparencia y acceso a la información pública, según publicó ayer el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. Sin embargo, sobre los once países relevados en el informe, el Congreso argentino se mantiene entre los últimos lugares del ranking regional, en el noveno puesto.
La sanción de la ley de acceso a la información pública, que colocó al Poder Legislativo como sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información, fue clave en la mejora que registró este índice latinoamericano. Hasta entonces, el Congreso argentino era un virtual agujero negro, sobre todo la Cámara de Diputados: los viajes, los sueldos, la cantidad de asesores por bloque y la ejecución del presupuesto eran secretos que los legisladores mantenían guardados bajo siete llaves. La nueva legislación obligó a un cambio de hábitos, aunque los avances fueron dispares: según el informe, si bien la Cámara baja exhibió importantes mejoras, el Senado mostró retrocesos considerables.
Así las cosas, el Congreso de nuestro país obtuvo un puntaje de 46,84, casi ocho puntos más que hace dos años, cuando se hizo la última medición. “El Congreso argentino avanzó respecto de 2016, pero todavía queda muchísimo por trabajar. Creemos que la ciudadanía merece conocer en profundidad el trabajo de los legisladores en las comisiones, así como los equipos de trabajo y asesorías”, afirmó Mercedes de los Santos, coordinadora del área Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de la Fundación Directorio Legislativo, miembro de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, redactora del informe.
El índice mide cuatro dimensiones: normatividad; labor del Congreso; presupuesto y gestión administrativa; participación, atención ciudadana y rendición de cuentas.
En materia de normatividad, la sanción de la ley de acceso a la información pública fue fundamental porque obliga al Congreso, al igual que a los otros dos poderes del Estado, a publicar sus datos, señala el informe. No obstante, continúa pendiente regular el cabildeo (lobby), poner en funcionamiento la Agencia de Acceso a la Información Pública y generar mecanismos de rendición de cuentas a los legisladores para que publiquen informes de gestión, entre otros puntos.
En lo referido al ítem “labor del Congreso”, el informe señala que si bien se publica gran cantidad de información sobre las sesiones, no sucede lo mismo sobre el trabajo en comisiones. Están disponibles las votaciones nominales en el pleno, pero se publican solo algunas versiones taquigráficas de las comisiones y ningún listado de asistencia a cada una de ellas.
En materia de presupuesto y gestión administrativa, los avances se materializaron con la creación del Portal de Datos Abiertos de la Cámara de Diputados y la publicación de datasets sobre dietas, escalas salariales, compras y contrataciones, ejecución presupuestaria, entre otros ítems. Sin embargo, los gastos de movilidad y cantidad de empleados contratados continúan sin ser públicos, advierte el informe.
Retroceso en el Senado
El Senado, añade, también avanzó con la publicación de información administrativa, pero no toda se encuentra en formatos abiertos y actualizada. Tampoco publica los empleados contratados, ni la información sobre los viajes nacionales y el sistema de canje de pasajes.
“En el Senado se registraron retrocesos significativos en materia de publicación de gastos administrativos, como la publicación de la ejecución presupuestaria que tuvo su última publicación en 2016. Esto resulta inadmisible, si entendemos que es fundamental conocer de qué manera gestiona sus recursos el Congreso”, advierten en la Fundación Directorio Legislativo.
En el ítem “Participación, atención ciudadana y rendición de cuentas”, el informe destaca la creación de oficinas de transparencia y acceso a la información pública en ambas cámaras, así como la difusión del trabajo legislativo a través de los canales oficiales de TV, YouTube y redes sociales. “Sin embargo, los mecanismos de participación ciudadana existentes no son suficientes”, advirtió.
En este sentido, el informe señala que no se publica de manera acabada y accesible la información sobre los legisladores, esto es, su trayectoria electoral, partidaria, personal y de contacto en las páginas web de las cámaras.