Cristina Kirchner, citada por tercera vez a indagatoria en la causa de los cuadernos
El juez Bonadio también llamó a partir del 20 de este mes a los exfuncionarios De Vido, José López y Baratta; deberán comparecer, además, unos 100 empresarios
Nuevo giro en la causa de los cuadernos de las coimas: en la medida más importante en lo que va del año, el juez Claudio Bonadio citó ayer a indagatoria a la senadora Cristina Kirchner como parte de una serie de declaraciones que comenzarán el 20 de este mes. Será la tercera declaración de la expresidenta en la causa en la que está acusada de asociación ilícita para recaudar coimas de empresas contratistas del Estado.
El llamado a indagatoria también incluye al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exfuncionarios José López y Roberto Baratta, cuyo chofer, Oscar Centeno, registró en cuadernos los itinerarios realizados durante varios años para recolectar pagos ilegales.
El caso fue revelado por este diario a mediados del año pasado y detonó una investigación que llega hasta la expresidenta.
El juez Bonadio también convocó a declaración indagatoria a un centenar de empresarios investigados por haber participado en esas maniobras de sobreprecios y coimas. En el listado figuran, entre otros, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, Juan Chediack y Ángelo Calcaterra.
Cristina Kirchner volverá a declarar como acusada por los cuadernos de las coimas. El juez Claudio Bonadio dispuso que la expresidenta, funcionarios kirchneristas como Julio De Vido, y un centenar de empresarios vinculados a la obra pública vuelvan a declarar como acusados en el expediente, según informaron fuentes judiciales.
La decisión de Bonadio está fundada en una lista aportada por Ernesto Clarens, el hombre detrás de las finanzas de los Kirchner, que entregó esos datos cuando se presentó como arrepentido. Clarens había apuntado a un grupo de empresarios como quienes pagaban habitualmente sobornos para quedarse con contratos de obras públicas que administraba el Ministerio de Planificación Federal, que manejaba De Vido.
El juez Bonadio justificó la nueva indagatoria para Cristina Kirchner, que ya había declarado en otras dos ocasiones por este expediente, porque en este caso se trata de nuevos hechos por los cuales todavía no respondió. El magistrado hizo referencia a otros contratos de obra pública que no aparecen en los cuadernos de las coimas, pero cuyos sobornos habrían terminado en manos de la misma asociación ilícita por la cual la expresidenta ya fue procesada.
Otros imputados que ya se presentaron en el expediente, pero que ahora tendrán que volverán a declarar por el expediente son los empresarios Carlos Wagner, Juan Chediack y Ángelo Calcaterra, el primo del presidente, según informaron fuentes judiciales.
Pero la lista podría extenderse hasta un centenar del sector de la construcción.
Sobre la base de la lista de Clarens, el juez Bonadio había dispuesto a mediados de enero el allanamiento de más de 80 empresas en busca de información sobre el supuesto pago de sobornos. Los procedimientos incluyeron a varias de las grandes compañías que ya fueron mencionadas en la causa, pero también a algunas empresas más pequeñas que hasta ahora habían quedado fuera del expediente.
Los citados son empresarios nacionales y provinciales que solían pagar sobornos, indicaron fuentes judiciales, según se desprende de la información recolectada en la investigación.
Cuando recibieron la lista de Clarens, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo habían elaborado, en paralelo, otra lista con los responsables de ejecutar el presupuesto del Estado en materia de obra pública tanto del gobierno nacional, de las provincias como de algunos municipios. Por eso, los allanamientos habían sido realizados en 14 provincias distintas, de manera simultánea. Las fuerzas de seguridad secuestraron documentación interna en esos allanamientos que la Justicia todavía analiza, pero lo fundamental era saber la composición accionaria de cada una de las empresas para elaborar el listado de ejecutivos para citar a declarar.
En las últimas semanas, los investigadores habían puesto el foco en el entorno del exsecretario Daniel Muñoz para ubicar el paradero del dinero. Pero, de ahora en más, el juez volverá a concentrarse nuevamente en los hechos que fueron revelados a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
Varios de los empresarios que ayer fueron citados a declarar en indagatorias ya se habían acogido al régimen del arrepentido, pero ahora deberán responder sobre hechos por los que no habían sido acusados previamente.
Un empresario que deberá declarar por primera vez en esta causa es Cristóbal López, dueño del Grupo Indalo. Una de sus empresas, la constructora CPC, figuraba en el listado aportado por el financista Clarens.
Según había señalado Clarens, a CPC se le asignaron obras por 1800 millones de pesos. Entre las demás empresas que se encuentran bajo la lupa de la Justicia se encuentra Helport, de Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian.
El concesionario de Aeropuertos Argentina 2000 ya se presentó a declarar, pero había sido citado por el tramo vinculado a la adjudicación de contratos para concesiones viales. Su sobrino, Hugo Eurnekian, se presentó espontáneamente a declarar en agosto del año pasado para acogerse al régimen del arrepentido y confesó haber hecho pagos a los exfuncionarios de Planificación como un “aporte” a la política. Ahora, los directivos de Helport deberán responder por nuevos cargos.
Esta será la octava declaración de Cristina Kirchner ante el juez Bonadio, un enfrentamiento que la expresidenta considera que es personal y que se trata de una “persecución política”. La expresidenta, acompañada por su abogado Carlos Beraldi, suele presentar un escrito en el juzgado y limitarse a los trámites de rutina, como si se tratara casi de un trámite exprés. El juez, incluso, la ha hecho viajar desde Santa Cruz al solo efecto de aportar sus huellas digitales al expediente, uno de los momentos que más enojo despertó en la expresidenta. En algunas ocasiones, la exmandataria aprovechó el escrito judicial para cuestionar la investigaciones, pero, en la causa de los cuadernos particularmente, se quejó por los daños materiales que causaron las fuerzas de seguridad cuando allanaron sus domicilios tanto en Buenos Aires como en la provincia de Santa Cruz. También acusó al Gobierno por su involucramiento en el expediente.
Se estima que esta nueva citación se hará efectiva a fines de febrero, de acuerdo con fuentes judiciales. Serán días agitados para Cristina Kirchner, que enfrentará el comienzo de su juicio oral por el direccionamiento de fondos de obra pública en Santa Cruz el próximo 26 de febrero.