El Banco Mundial inhabilitó a Odebrecht y se refuerza su exclusión de las licitaciones
El organismo no le permitirá participar en proyectos que financia; le dio así una herramienta al Gobierno para mantener a la firma brasileña fuera de los contratos públicos
El Banco Mundial incluyó a la empresa Odebrecht en su “lista negra” y le dio así una herramienta legal al Gobierno para excluir a la gigantesca corporación brasileña de las licitaciones argentinas.
Con un comunicado emitido en Washington, el Banco Mundial anunció la inhabilitación de la Constructora Norberto Odebrecht, que de este modo no podrá participar durante los próximos tres años de proyectos financiados por esa entidad de crédito internacional.
En los últimos días de 2018, el Gobierno emitió el decreto 1169, que determinó las pautas que hacen que una empresa esté inhabilitada para participar de las contrataciones del Estado.
Entre las firmas excluidas figuran aquellas que están “en la lista de inhabilitados del Banco Mundial o del BID, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la convención de la OCDE para combatir el cohecho en funcionarios públicos extranjeros”.
Así, desde la Oficina Anticorrupción señalaron a LA NACION que por el comunicado del Banco Mundial “ningún ministerio puede contratar ahora a Odebrecht”.
El Banco Mundial incluyó provisoriamente a la firma Odebrecht en su “lista negra” y le dio así una herramienta legal al Gobierno para excluir a la gigante brasileña de las licitaciones argentinas. Al menos por un tiempo.
Con un comunicado internacional emitido desde Washington, el Banco Mundial anunció la inhabilitación de la Constructora Norberto Odebrecht, que de este modo no podrá participar durante los próximos tres años en proyectos financiados por esa entidad de crédito internacional.
La inhabilitación del Banco Mundial fue producto de un “acuerdo de resolución negociada” con la empresa, que reconoció su responsabilidad por las prácticas fraudulentas cometidas en un proyecto colombiano financiado por el organismo de crédito. La constructora se comprometió a tomar medidas correctivas para lograr el levantamiento de la inhabilitación. Pero la decisión tiene efectos en la Argentina.
Aquí, la medida del Banco Mundial se combina con otra norma emitida días atrás por la gestión de Cambiemos. En los últimos días de 2018, el Gobierno emitió el decreto 1169 que traspasaba todas las licitaciones de obra pública a la Oficina Nacional de Contrataciones, que depende de la Jefatura de Gabinete. Ayer, la medida se publicó en el Boletín Oficial.
Junto con esa transferencia, se determinaron las “pautas de inelegibilidad” que hacen que una empresa esté inhabilitada para participar de las contrataciones del Estado.
Entre las firmas “prohibidas” figuran aquellas que estén “en la lista de inhabilitados del Banco Mundial o del BID a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la convención de la OCDE para combatir el cohecho en funcionarios públicos extranjeros”.
Así, desde la Oficina Anticorrupción señalaron, en diálogo con la nacion, que por el comunicado del Banco Mundial “ningún ministerio puede contratar ahora a Odebrecht” y que “si la empresa se presenta a licitación pública podrían corresponder sanciones contra la firma”.
En cambio, nada le impide a la firma brasileña a trabajar con privados.
La diferencia entre empresas
La gestión de Mauricio Macri ya había suspendido a Odebrecht –la primera empresa en reconocer el pago de coimas desde que asumió Cambiemos– del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC), un temperamento que por ahora no compartió con las empresas argentinas investigadas en la causa de los cuadernos de las coimas.
Con la circular del Banco Mundial, el Gobierno buscará saldar la tensión y los cruces de demandas y contrademandas que viene protagonizando con la gigante brasileña.
Primero, la gigante brasileña inició una demanda contra el Estado en la que reclamó una indemnización de unos US$1500 millones por la rescisión de los contratos de los gasoductos.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó que esa demanda quedara congelada mientras se investigue a Odebrecht por corrupción.
Luego, la constructora radicó una demanda para reclamar ante la Justicia que el Poder Ejecutivo levante la suspensión RNC que le impide competir por nuevos pro- yectos de infraestructura. El Gobierno había fijado la medida a mediados de 2017 por un año, con posibilidad de prórroga.
La empresa acusó al Estado de tener un “doble estándar” por no haber suspendido como proveedoras a las constructoras argentinas que admitieron haber pagado coimas en el caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
El dilema que enfrenta el Gobierno es que ir judicialmente contra las empresas de los cuadernos sería el equivalente a romper con buena parte del sector de la construcción.
Con la crisis de 2018, el Gobierno avanzó con pie de plomo porque no quería frenar la rueda de la obra pública ni sumar coletazos económicos. Cambiemos anunció que obligaría a implementar medidas de compliance e integridad, pero sin que las compañías perdieran los contratos vigentes.
Ahora, la inhabilitación que el Banco Mundial le impuso a Odebrecht sumada al reciente decreto de Macri le dan al Gobierno el salvoconducto para mantener a los brasileños fuera de la obra pública.
“La Constructora Norberto Odebrecht SA se comprometió a mantener el proceso de refuerzo de su sistema alineado con las directrices de integridad y conformidad del Banco Mundial”, señaló la empresa brasileña.
Todavía no se sabe el destino que tendrán, frente a los organismos internacionales, las empresas de los cuadernos que también reconocieron ante la Justicia haber hecho pagos indebidos.