LA NACION

Empieza el histórico juicio a separatist­as catalanes

Enfrentan cargos por sedición por declarar la independen­cia en 2017

- Silvia Pisani corrEspoNs­aL EN España

MaDrID.– En medio de tensiones y fuerte polarizaci­ón, España y cataluña enfrentan la hora de la verdad.

a partir de hoy, el Tribunal supremo definirá la suerte de 12 políticos independen­tistas, que podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión por los hechos de octubre de octubre de 2017, que desembocar­on en la fugaz declaració­n de independen­cia de cataluña.

Es el proceso más mediático y politizado, que comenzará horas después de una marcha de los partidos de derecha, que exigieron anteayer elecciones inmediatas al gobierno del socialista pedro sánchez.

El sistema judicial se juega su prestigio, y España, un desgaste de imagen ante sus pares europeos, más permeables a la prédica independen­tista, según la cual todo se reduce a “la persecució­n de un Estado fascista”. Habrá más de 600 periodista­s de 150 medios. Tal fue la demanda que las deliberaci­ones serán transmitid­as por internet y se verán desde cualquier punto del planeta. “¿Qué más transparen­cia quieren que esa?”, dijeron en el tribunal, que sabe el reto que enfrenta.

El exvicepres­idente catalán oriol Junqueras será uno de los 12 imputados que estarán en el banquillo. Habrá cientos de testigos; entre ellos, el expresiden­te Mariano rajoy y su ex número dos soraya sáenz de santamaría.

El gran ausente será precisamen­te el expresiden­te regional que declaró la independen­cia, carles puigdemont. prófugo en Bélgica, seguirá la suerte de sus excompañer­os de gobierno desde la mansión en la que vive desde que se escapó en secreto, horas después de los sucesos que ahora se juzgan.

cuatro son los delitos en danza: rebelión, sedición, malversaci­ón de fondos y desobedien­cia. De todos ellos el más grave y controvert­ido es el primero, el de rebelión. En el gobierno cruzan los dedos para que el tribunal lo rechace. La acusación dice que los implicados integraron las tres patas de “un plan orquestado” para separar cataluña de España y enfrentan penas que van de los siete a los 25 años de cárcel.

En una creciente polarizaci­ón, el gobierno independen­tista con sede en Barcelona entiende que se trata de un proceso “político”, con la sentencia “escrita de antemano”.

se prevé que los siete magistrado­s – seis hombres y una mujer– no emitan sentencia hasta junio. así, el veredicto no incidirá en las elecciones municipale­s y europeas de mayo. pero está claro que cualquiera sea el resultado difícilmen­te sirva para apaciguar la aguda tensión del separatism­o catalán con el resto de España.

En un proceso sin precedente, además del exvicepres­idente Junqueras, en el banquillo también estará la extitular del parlamento regional carmen Forcadell.

para ellos se piden las penas máximas, al igual que para “los Jordis”, tal como se conoce a Jordi cuixart y Jordi sánchez, titulares de las plataforma­s sociales omium cultural y asamblea Nacional catalana (aNc), de activa participac­ión en los hechos que desembocar­on en la fugaz ruptura con el resto de España.

Nueve de los 12 acusados están en prisión condiciona­l desde hace más de un año. Todos los días que dure el proceso serán trasladado­s desde la cárcel hasta la sala del supremo.

En rigor, se enfrentan a tres acusacione­s personadas. a la cabeza, la que encarna la Fiscalía del Tribunal supremo, seguida por la abogacía General del Estado, que depende del gobierno y que moderó los pedidos de castigo de la anterior. se suma a ello una “acusación popular”, que ejerce el partido de ultraderec­ha Vox, que tomó vuelo en las elecciones de andalucía en las que fue sacado del poder el partido socialista obrero Español, que había gobernado allí durante más de 40 años de manera ininterrum­pida.

El Ministerio público entiende que gran parte de los acusados se “alzaron pública y violentame­nte” para lograr sus objetivos de ruptura constituci­onal. pide la mayor pena –25 años– para Junqueras, por “rebelión y malversaci­ón”.

por los mismos delitos reclama 16 años para los exconsejer­os Joaquín Forn, Jordi Turull, Josep rull, ruy, raúl romeva y Dolores Bassa. rebaja la pena por entender que su compromiso fue menor.

para Forcadell y “los Jordis” pide 17 años de prisión por rebelión, mientras que el resto de exconsejer­os se enfrentan a siete años por desobedien­cia y malversaci­ón.

La abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia y, por tanto, del gobierno, no vio “rebelión” y pidió penas por un delito de “sedición”, por considerar que ese alzamiento fue “público” y “tumultuari­o”, pero no “violento”. pide penas de ocho a 12 años. Desde su “acusación popular”, Vox reclama las condenas más altas, de hasta 74 años.

El momento más delicado será el de los informes finales, cuando se expondrán los delitos que quedaron acreditado­s. correspond­erá al ministerio decidir si mantiene el de “rebelión” –el más grave de todos– o si lo rebaja. El gobierno de sánchez ruega en secreto que así sea.

pasado este trámite, el juicio quedará listo para la sentencia. Después de eso, solo podría quedar el Tribunal Europeo, en un proceso de revisión que llevaría años.

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Alejandro garcía/efe La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encabezó un encuentro de 400 alcaldes catalanes que rechazó anteayer el juicio contra los líderes independen­tistas

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