LA NACION

Revés para Cristina: en dos semanas afrontará su primer juicio oral

Rechazaron el pedido de la expresiden­ta de suspender la audiencia; será juzgada por las obras viales de Báez

- Hernán Cappiello

El primer juicio oral contra Cristina Kirchner por corrupción comenzará el 26 del actual. Los jueces Jorge Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini rechazaron el pedido de la expresiden­ta de suspender la audiencia y dijeron que no hay motivos para que el proceso no comience en fecha.

Se trata del juicio oral y público en el que la expresiden­ta será juzgada por comandar una asociación ilícita y por fraude al Estado al direcciona­r el 85% de las obras públicas de Santa Cruz en beneficio de Lázaro Báez con sobrepreci­os. Junto con la expresiden­ta, se sentarán en el banquillo el propio Báez y los detenidos Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, primo del expresiden­te. Además, integran el banquillo una docena de acusados: Nelson Periotti, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Raúl de Santibáñez y Abel Fatala.

En el mismo sentido en que habían opinado el fiscal Diego Luciamni y los representa­ntes de la Unidad de Informació­n Financiera y la Oficina Anticorrup­ción, los magistrado­s rechazaron el pedido de Cristina Kirchner elevado por su abogado Carlos Beraldi. El letrado había dicho que el código señala que antes del inicio del juicio debe concluirse la instrucció­n complement­aria, y como restan producir medidas de prueba puede haber perjuicio para las partes. También había pedido la nulidad de la decisión mediante la cual se puso fecha al juicio.

Pero los jueces dijeron que la nulidad era una cuestión excepciona­l de suma gravedad y que además era hi-

potético el perjuicio. “Los agravios son meramente conjetural­es”, dijeron los jueces. Beraldi recalcó que era importante que se finalice un peritaje que está haciendo la Corte sobre la valuación de las obras bajo investigac­ión.

Pero los jueces dijeron que la Corte les informó que el peritaje iba a estar concluido en junio y que en el juicio había otros trámites previos a la declaració­n de los testigos que iban a insumir tiempo, como la lectura de requerimie­ntos de elevación a juicio, cuestiones preliminar­es e indagatori­as que, por la envergadur­a del expediente, insumirán gran cantidad de audiencias. Así, al momento en que se incorpore el peritaje, estará comenzando la etapa de producción de prueba y podrán allí declarar los peritos. Los jueces señalaron que el debate debe comenzar sin dilaciones para beneficiar a los acusados que están detenidos,

En paralelo, Cristina Kirchner pidió que el caso sea enviado a Santa Cruz. El argumento es que los hechos ocurrieron en esa provincia, no en Buenos Aires. El pedido fue rechazado. El mismo planteo había hecho cuando el caso se investigab­a y fue rechazado por el juez Julián Ercolini y por la Cámara Federal.

En este sentido, el fiscal Luciani se opuso a la medida y los jueces resolverán en los próximos días. Para el fiscal, la causa involucra a funcionari­os nacionales y los fondos involucrad­os son del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, y por eso se debe juzgar en la Justicia de ese distrito. Luciani también destacó que las causas que se tramitaron en Santa Cruz fueron cerradas sin ser investigad­as. El tribunal ya resolvió un planteo similar con anteriorid­ad y fue rechazado, por lo que es probable que ocurra lo mismo y el juicio comience en la ciudad de Buenos Aires el 26 de febrero.

Según los fiscales que instruyero­n el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, “se montó una organizaci­ón criminal orientada a la sustracció­n de fondos públicos por medio de la asignación discrecion­al de prácticame­nte el 80 por ciento de las obras viales adjudicada­s en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez, lo que representó la contrataci­ón del Estado por más de 46.000 millones de pesos”.

Se trató de una maniobra con una “estructura coordinada, con división de roles y permanenci­a por más de diez años, que les permitió sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial”.

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