El Papa aceptó la renuncia de un cardenal chileno investigado
El arzobispo emérito de Santiago, Ricardo Ezzati, está acusado de encubrimiento de abusos sexuales en el clero
ROMA.– En una decisión que tuvo gran repercusión en Chile, país especialmente golpeado por el escándalo de abusos sexuales contra menores cometidos por el clero, el Papa aceptó ayer la renuncia del cardenal Ricardo Ezzati, investigado por encubrimiento. Así lo anunció ayer un comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede que, como es usual, no detalló el motivo de la renuncia del prelado, muy cuestionado por su manejo del escándalo de abusos y cuya salida, en verdad, se esperaba desde hacía tiempo.
Ezzati había presentado su renuncia al cumplir los 75 años, como es habitual, en mayo pasado. Todo el episcopado chileno había renunciado en bloque ante el Papa, en el marco de una purga que inició Francisco para reparar el escándalo de abusos, luego de un demoledor informe realizado por el arzobispo maltés Charles Scicluna, enviado especial a Chile y máximo experto en investigar casos de pedofilia.
En reemplazo de Ezzati, el Papa nombró administrador apostólico de la “sede vacante” de la arquidiócesis de Santiago de Chile a monseñor Celestino Aós Braco, capuchino de nacionalidad española, psicólogo y con vasta experiencia en Justicia eclesiástica, que hasta ahora fue obispo de Copiapó, según indicó la Sala de Prensa del Vaticano.
Justo anteayer, la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había rechazado por unanimidad la petición de sobreseimiento que había solicitado el cardenal Ezzati, presidente de la Conferencia Episcopal chilena de 2010 a 2016, investigado por presunto encubrimiento. Tras esa decisión, el alto prelado, de 77 años, deberá ser procesado por tres casos de encubrimiento salidos a la luz después de allanamientos del arzobispado de Santiago y otras dependencias eclesiales realizados en julio pasado por el fiscal Emiliano Arias.
Según Vatican Insider, de ser condenado, el cardenal Ezzati, nacido en Italia, podría llegar a ir a prisión. El Senado próximamente podría decidir quitarle la ciudadanía chilena, que recibió hace ocho años gracias a sus servicios.